Desde hace años la Policía Nacional de Colombia, al igual que el Ejército, está bajo ataque de las fuerzas de izquierda y de sus activistas enquistados en los principales medios de comunicación. Cualquier incidente de mala conducta de alguno de sus integrantes es magnificado, con el claro propósito de minar su moral y su determinación para debilitar su accionar en contra de los criminales y de los milicianos de la izquierda radical que promueven disturbios y destruyen bienes públicos y privados en las principales ciudades del País.
Un procedimiento desafortunado de un par de agentes es ahora el motivo para desatar furiosos ataques organizados contra los CAI, los vehículos de la policía y los propios agentes. No tiene nada de espontánea la violenta reacción en supuesta protesta por el fallecimiento del señor Javier Ordoñez en un incidente que debe ser investigado y sus responsables castigados. La amplitud y la coordinación de los ataques indica claramente que se trata de la acción de milicias organizadas, atentas a la primera oportunidad para salir a cometer desmanes.
Es imposible creer que 49 CAI vandalizados y 17 incendiados, dos estaciones atacadas, 8 motos incineradas y 9 patrullas averiadas sean la obra de grupos de vecinos indignados. El balance humano es aterrador: cinco particulares fallecidos, 30 policías lesionados y 50 particulares heridos. Curiosamente los medios de comunicación en su mayoría no hacen otra cosa que fustigar a la Policía al tiempo que guardan silencio sobre estos desmanes y sobre la acción de sus instigadores, entre los cuales se destaca el señor Gustavo Petro.
Los políticos de izquierda claman una vez más por la “reforma estructural” de la policía. Hace algunos meses, en medio de los desmanes de los que fueron instigadores, reclamaban la disolución del ESMAD, ahora van por la policía toda.
Es hora de que los defensores de las libertades y de la economía capitalista se percaten de que estamos en presencia de una ofensiva en todos los frentes: el político, el jurídico, el de la guerrilla rural y el de la insurrección urbana. El debilitamiento moral y material de la Policía es fundamental dentro de esa estrategia.
La Policía es la guardiana de nuestra seguridad y el momento es para fortalecerla presupuestalmente para que pueda aumentar el pie de fuerza y remunerar mejor a los uniformados. Tres policías por cada mil habitantes es una cifra extremadamente baja para los desafíos de seguridad y orden público que enfrenta el País. En el proyecto de Presupuesto General de la Nación sometido a consideración del Congreso, lo asignado a la Policía escasamente representa 1% del PIB. Es absurdo pretender que una policía escasa y mal remunerada garantice el orden sin el cual no hay libertad.
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