Muy probablemente, las autodefensas surgieron durante el gobierno de Belisario Betancur quien, con su errática política de paz, permitió el fortalecimiento de las guerrillas, al tiempo que privaba a los habitantes del campo de la protección de las Fuerzas Militares, limitadas en su accionar por decisión del Gobierno Nacional en su propósito apaciguador.
Como ministro de gobierno de Virgilio Barco, Cesar Gaviria denunció en el Congreso la existencia de 130 grupos de autodefensa en diversas regiones del País; pero, cuando estuvo en la presidencia él mismo poco o nada hizo para combatirlos. Tampoco Samper Pizano, enredado como estuvo en defenderse del proceso ocho mil; ni Pastrana Arango, dedicado a humillarse ante las FARC, hicieron nada para enfrentar el desafió que para la seguridad nacional representaba el fenómeno de las autodefensas y su infiltración progresiva por el narcotráfico y sicópatas asesinos de la peor catadura, como los hermanos Castaño y Mancuso. Uribe lo enfrentó, persiguiendo a esos grupos con igual determinación que a las guerrillas y ofreciéndoles, como a estas, alternativas de desmovilización y reincorporación a la vida civil.
Durante 20 años por lo menos y bajo cinco gobiernos, las autodefensas crecieron en todas las regiones del País donde había presencia guerrillera: el Magdalena Medio, el Urabá Antioqueño, los Llanos Orientales, el Catatumbo, etc. En principio, no eran más que pequeños grupos aislados que trataban de protegerse de la extorsión, el secuestro y los ataques de la guerrilla, patrullando las fincas y los poblados, armados con escopetas y armas de corto alcance.
Progresivamente la situación se degradó y se salió de control cuando los narcotraficantes las cooptaron para usarlas en su disputa con las guerrillas por el control del negocio del narcotráfico en todas sus etapas. Los enfrentamientos entre esas dos fuerzas se hicieron cada vez más intensos y sangrientos y empezaron las masacres perpetradas por uno y otro bando en diversas regiones del País.
Las masacres muestran el grado de degradación al que habían llegado los grupos armados que proliferaban en el País. Entre 1985 y 2020 ocurrieron 77 masacres en las que fueron asesinadas 1824 personas. Las Farc o sus disidencias son responsables de 15 de ellas con 519 víctimas; el ELN de cinco y 92 víctimas; las autodefensas de 31 y 915 víctimas; el Cartel de Medellín y otros carteles de narcotraficantes de 19 y 243 víctimas. Al Ejercito y a la Policía se le atribuyen 7 masacres y 55 víctimas.
La desmovilización de las autodefensas era fundamental para reducir las masacres. En 2000 los diversos grupos de autodefensas perpetraron 7 masacres que cobraron la vida de 369 personas. A partir de 2006, después de que el gobierno de Uribe consiguió la desmovilización de esos grupos, cesaron las masacres atribuidas a ellos.
El desarme y desmovilización de las autodefensas se hizo bajo un estricto marco jurídico aprobado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado: ley 782 de 2002, decreto 128 de 2003, decreto 3360 de 2003 y decreto 2767 de 2004. Se creó una Consejería para adelantar la reincorporación de los desmovilizados y se desarrollaron diversos programas en su beneficio. Sin ningún tipo de concesiones políticas se desmovilizaron más de 37.000 miembros de las autodefensas.
Los jefes de los diversos grupos se sometieron a un arreglo de justicia penal mínima, condicionado a la cooperación con información y al abandono de las actividades criminales. La estrategia de justicia penal mínima o política de sometimiento a la justicia fue inventada por las autoridades italianas en medio de su enfrentamiento con las mafias y los grupos terroristas. A Colombia la trajo el abogado manizaleño Jaime Giraldo Ángel quien, como ministro de Justicia de Cesar Gavia Trujillo, diseñó el marco jurídico que permitió el sometimiento de los hermanos Ochoa, Pablo Escobar y su hermano Roberto y otros integrantes del cartel de Medellín.
Ni lo de los narcotraficantes con Gaviria, ni lo de los paramilitares con Uribe fue una negociación política. Era un sometimiento a la justicia con ciertos beneficios penales que se suspendían cuando el sometido incumpliera las condiciones que lo hacían merecedor al beneficio, la más importante de las cuales era el abandono de las actividades criminales. Cuando Pablo Escobar incumplió, el gobierno de Gaviria quiso suprimirle los beneficios, lo que provocó su huida de la prisión y su posterior muerte en enfrentamiento con el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional.
El gobierno de Uribe hizo lo mismo con los jefes paramilitares que se habían sometido a la justicia: cuando se hizo evidente que continuaban sus actividades criminales desde la prisión, el presidente Uribe ordenó su extradición a Estados Unidos, donde algunos purgaron largas penas y otros permanece todavía en prisión.
La extradición de los paramilitares es la prueba reina de que Uribe no tenía connivencia y menos complicidad alguna con esos grupos, puesto que no guardaba ningún temor de lo que dijeran ante las autoridades de Estados Unidos o las de Colombia, que podían interrogarlos cuando quisieran en su prisión.
Los grupos paramilitares aparecieron más de 20 años antes de que Álvaro Uribe llegara al poder y crecieron bajo cinco gobiernos que los toleraron o fueron incapaces de combatirlos. Uribe los combatió, los sometió a la justicia y extraditó a sus jefes cuando incumplieron las condiciones del sometimiento. Esa es la verdad.
Mancuso es un criminal sicótico que tiene una condena de 40 años por 1.500 crímenes que incluyen masacres, homicidios, extorsión, soborno y narcotráfico. Su entrada a la JEP para evadir esa condena es una ofensa para la sociedad, que cuenta con la complicidad del gobierno de Petro que lo nombró “gestor de paz”, a cambio de que enlodara el prestigio del Presidente Uribe.
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