La semana pasada varios amigos y conocidos me escribieron bastante sorprendidos. Entre la expectación y la incredibilidad me preguntaban por qué la Universidad de Antioquia estaba vendiendo lotes urbanos y rurales, oficinas y locales. Se mostraban expectantes con la oferta -aunque ninguno tenía en mente pujar por la compra-, y especialmente, por la dimensión de una crisis que había llevado al Consejo Superior Universitario -CSU- a darle luz verde a la venta de esas propiedades con la finalidad de paliar una crisis que tiene al Alma Mater de los antioqueños en un momento crítico.
Parece que de puertas para afuera no se alcanza a dimensionar la crisis. Que se ha representado en los medios de comunicación a partir de hechos puntuales; entre ellos: el retraso en el pago de la nómina a los profesores; el llamado a los gobiernos Distrital, Departamental y Nacional para que aúnen esfuerzos y así encontrar una solución compartida; la urgencia manifiesta para que desde el Congreso se inicie la discusión del proyecto de reforma a la Ley 30 de educación superior para garantizar una financiación que responda a la transformación de la universidad pública en las últimas décadas.
De puertas para dentro, el impacto de la crisis se ha sentido como un caleidoscopio de emociones, que van, con diversos ritmos y niveles de intensidad, desde la preocupación por encontrar el anhelado punto de equilibrio; la expectativa tras la implementación de un plan de ajuste al cinturón que promete “mucho” en lo inmediato y preocupa muchísimo más en el largo plazo; con la desazón de un eterno sobrediagnóstico de lo que va mal o de lo que podría ir peor; en fin, con una sensación extraña que lleva a creer que el Alma Mater ya no es “invicta en su fecundidad”.
La venta de los lotes solo es un episodio más en el sinuoso camino para encontrar el punto de equilibrio, su venta, compleja y sujeta a revisión por parte del CSU, no resolverá la crisis, si mucho, será un balón de oxígeno que llenará un hueco mientras se abre otro. Pero no lo veo como algo negativo; total, la Universidad no está en condiciones de asumir gastos de manutención y administración de propiedades inútiles para su despliegue misional. Si estos pueden ser vendidos, ya sea para pasar a conformar el Sistema Nacional de Reforma Agraria o alguna otra iniciativa pública, bienvenida la venta.
Ya lo dice el himno universitario:
Madre que de tus semillas
savias nobles siempre das
al pródigo, amado hijo
muchas para cultivar.
Ahora bien, la verdadera solución, la que sí permitirá llegar al punto de equilibrio, se encuentra en el capitolio. El Gobierno nacional puede atender la crisis en lo inmediato, eso no lo dudo y resulta siendo lo más deseable, pero se requiere de medidas estructurales que lleguen a la raíz del asunto y que no solo atiendan la coyuntura. Las soluciones tipo espejismo que ofrecen una sensación circunstancial de tranquilidad son solo gigantes con pies de barro. Ya está claro que la solución más estructural y sostenible -para empezar- se encuentra en la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de educación superior. Ni más, ni menos.
Y es una responsabilidad que convoca a varios actores, porque le corresponde al Gobierno en cabeza del Ministerio de Educación radicar con prontitud el proyecto de reforma; al Congreso iniciar su discusión; a la comunidad académica ser garante de un debate transparente y de cara a la ciudadanía, sin agendas ocultas o “reuniones de medianoche”; y al movimiento estudiantil, sacudirse y activarse como poder constituyente en un momento donde la universidad pública requiere de su movilización para afrontar y salir de la crisis.
Porque ya vendidos los lotes: ¿Qué más puede quedar para la venta?
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