I. Introducción
Si el gobierno entra en razón y controla su delirio contra la “economía extractivista”, la Quebradona podría tener una segunda oportunidad. Con su decisión de archivar la solicitud de licencia, en lugar de rechazarla, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dejó abierta la posibilidad para que la Anglo Gold Ashanti con su filial Minera de Cobre Quebradona (AGA-MCQ) vuelva a presentar la solicitud de licenciamiento, respaldada en un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que supla las deficiencias de información de las que, a juicio de la ANLA, adolecía el radicado en noviembre de 2019.
En comunicado del 26 de octubre de 2021, una vez conocida la decisión de la ANLA, la AGA-MCQ manifestó su decisión de continuar con los proyectos que adelanta en el País – La Colosa, Gramalote y Quebradona – en los cuales afirma haber invertido US$ 1.300 millones en exploración y estudios durante 18 años. En la Quebradona, los estudios se iniciaron en 2004, con la fase de prospección regional, y continuaron trabajos de exploración hasta de 2018. Desde mayo de 2014 hasta abril de 2019 se realizaron las investigaciones y actividades de campo del EIA adelantado por la firma Integral.
Sin los metales es inconcebible la vida moderna, todo mundo los necesita y los usa en su vida cotidiana, pero son muchas las personas que tiene frente a la minería la misma posición emocional de Don Pedro Fermín Vargas, el personaje en cuya memoria se celebra en Colombia, cada 3 de julio, el día del Economista.
“Contemplando las cosas filosóficamente, se debía desear que el cultivo de las minas se abandonase para siempre. La política tampoco está muy de acuerdo con su beneficio, y solo bajo ciertas condiciones y circunstancias se puede contemplar como ventajoso. El laboreo de las minas en el modo en que hoy se practica en las de oro, además de ser destructivo de la población, encarece de tal suerte los jornales y maniobras, que por lo general entorpece el adelantamiento de la agricultura, la que siempre es carente en los países mineros. Entretenidas las gentes con las vanas esperanzas de alcanzar la suerte, que uno u otro ha logrado en el beneficio de minas, descuidan del todos los demás objetos de industria; se empeñan cada día más, y no correspondiendo los sucesos a los conatos, se arruinan, y arruinan consigo a todos aquellos que se dejan engañar con sus vanas esperanzas”.
Esto lo escribió Don Pedro en su obra “Pensamientos políticos sobre la agricultura, comercio y minas de este Reino” publicado, probablemente, en 1791, según estima el historiador Jorge Orlando Melo, en su espléndido artículo “Economistas y economía en la Nueva Granada, 1770-1810”. Anotemos, de pasada, que la palabra “política” no debe ser tomada en su empobrecida acepción moderna, sino en su noble significación clásica, es decir, lo referido al bien de la Polis, de la sociedad.
Un economista contemporáneo notable, Jorge Eduardo Cock, opositor al proyecto, reproduce, mutatis mutandis, la posición de Don Pedro Fermín:
“Al desarrollar un proyecto de gran minería como Quebradona, se generan cambios profundos, dañinos y muy negativos, en la vida, en las costumbres y en la estructura social de las poblaciones del lugar y de sus alrededores, de la manera que se conocen bien en la construcción de centrales hidroeléctricas y otras grandes minas en Colombia. Se acrecientan la prostitución, la inseguridad, el alcoholismo, el ruido, el incremento en el costo de vida … y se divide la población de manera muy polarizada entre los pocos favorecidos por la empresa y los que se oponen a que esta actividad llegue y penetre en su pueblo o su vereda, división que ya ha resultado muy común entre los miembros de una misma familia”.
La posición “filosófica” de Don Pedro sobre la minería no lo condujo a una condena absoluta de esa actividad. Como buen economista que era, entendía que si minas era lo que había y su producto era lo demandado, no había manera de oponerse a la fuerza del mercado y que, en consecuencia, lo más sensato era establecer la forma más adecuada de explotar sus recursos para bien de los habitantes del Reino. A eso están dedicados sus “Pensamiento políticos”. Hoy tenemos muchos más instrumentos que en la época de Don Pedro para evitar, remediar o mitigar los males – que hoy llamamos externalidades – señalados nuevamente por Don Jorge Eduardo Cock y explotar adecuadamente los recursos minerales para bien de los habitantes del País.
Por supuesto que todo mundo preferiría que los yacimientos estuvieran en zonas desérticas – como en Chile y Perú – donde los impactos ambientales y sociales son mínimos. Desafortunadamente, este no es el caso de la Quebradona que se encuentra localizada una región de media montaña con vocación agrícola y potencial turístico y recreacional. El problema que se plantea entonces es el de saber si es factible conciliar el interés económico de AGA-MCQ, sus trabajadores, la Nación y las entidades territoriales que se benefician de las regalías con el interés de los propietarios de la zona, los empresarios de otras actividades y los autoproclamados propietarios de los bienes y servicios ambientales.
En el debate amplio y nutrido sobre la Quebradona han participado dos exministros – uno de Minas y Energía y otro de Medio Ambiente – y se han involucrado como terceros intervinientes decenas de personas naturales y jurídicas, incluidas dos entidades de gran significación social como COMFAMA y PROANTIOQUIA, que han contratados la elaboración de estudios. Con base en esos estudios y otras fuentes secundarias, en este artículo se discuten algunos aspectos relacionados con el proyecto.
En primer lugar, se hace un repaso sobre la significación de la minería en el desarrollo económico de Antioquia y del Suroeste. Las dos secciones siguientes están dedicadas al mercado internacional del cobre y al estado actual de la minería de cobre en Colombia. Luego se examinan los efectos económicos que tendría la explotación de Quebradona a nivel nacional, departamental y local. Posteriormente, se trata de los impactos ambientales del proyecto con referencia a los tres asuntos en torno a los cuales se ha centrado la discusión: el manejo de los relaves, la subsidencia y la delimitación del área de influencia. Finalmente, se presentan algunas conclusiones.
II. La minería en Antioquia y el Suroeste
El desarrollo económico de Antioquia del Siglo XIX y principios del XX es inconcebible sin la minería. Cuando se produce la declinación de la minería en Cauca y Chocó, por la emancipación de los esclavos, Antioquia tomó el revelo en la producción de oro y plata, principales productos de exportación colombianos antes del desarrollo de la caficultura. En el siglo XIX, Colombia exportó oro y plata por un valor de 33,8 millones de pesos de los cuales el 63,3% salió de Antioquia. Según el historiador Roger Brew, la actividad minera en Antioquia permitió la formación de una élite con habilidades empresariales, la introducción de conocimientos técnicos, impulsó el comercio y la arreria, permitió la acumulación de capital que sería de importancia para la inversión en la caficultura y en la industria manufacturera y dio inicio a la formación de un mercado interno para productos manufacturados importados y, más delante, de producción local. También la minería tuvo impacto en la educación superior con la creación de la Escuela de Minas, fundada en 1886, para la formación de técnicos e ingenieros que hasta entonces tenía que hacerse en el exterior.
Los historiadores atribuyen el inicio de la minería en Antioquia al Oidor Juan Antonio Mon y Velarde cuyas reformas a finales del Siglo XVIII impulsaron la minería de aluvión a pequeña escala conocida como “mazamorreo”, que durante mucho tiempo fue la principal forma de explotación. Posteriormente, ya después de la Independencia, en distintas regiones del Departamento, hubo desarrollos mineros de veta y aluvión a gran escala, más sólidos desde el punto de vista técnico y empresarial. Se destaca la mina de Santa Ana, en Santa Rosa, la cual, entre 1836 y 1845, fue la más grande de Antioquia. También están, por supuesto, las minas de Marmato – hoy en Caldas, entonces parte de Antioquia – que empleaban 500 trabajadores a mediados de siglo. En esos desarrollos participaron empresarios antioqueños y también inversionistas e ingenieros extranjeros, los cuales aportaron conocimientos técnicos que elevaron la productividad de las explotaciones. Se destaca, entre todos ellos, Tyrell Moore, quien trabajó en minas de Santa Rosa, Anorí, Amalfi y, por supuesto, en las de El Zancudo, de Titiribí, donde introdujo métodos técnicos para el beneficio del mineral. Una calle de Medellín lleva su nombre.
Mención especial merecen, en efecto, las tres minas de El Zancudo (Zancudo, Otramina y Candela) en el municipio de Titiribí, en el Suroeste Antioqueño. Su explotación se inició en 1793 y continuó, con altibajos, hasta 1945. Durante años se emplearon métodos de explotación muy primitivos, incluso para la época. La Sociedad El Zancudo propiamente dicha se funda en 1848 y ese mismo año el ya mentado Tyrell Moore empieza a instalar en la Hacienda de Función de Titiribí el montaje metalúrgico requerido para beneficiar el oro y la plata de las vetas de El Zancudo. Este desarrollo permitirá la explotación altamente productiva de la mina y la importancia que tendrá en el desarrollo económico de Antioquia. En 1824, las minas se vendieron por dos mil pesos y José María Uribe Restrepo, fundador de la empresa, las recibió en 1844 en pago de una deuda. En 1874, la Sociedad estaba avaluada en un millón de pesos y en 1886 una empresa de Estados Unidos trató de comprarla por cuatro. Carlos Coriolano Amador, el principal accionista en1898, consideraba que valía 5,6 millones de pesos oro.
Durante su etapa de mayor auge – entre 1863 y 1899 – El Zancudo desarrolló grandes proyectos como el montaje de una fundición propia, explotación de minas de carbón e inversiones en otras actividades que llevaron a su transformación en un verdadero grupo empresarial que, además, de la minería y la fundición de metales, explotaba carbón, producía hierro y alguna maquinaria en Amagá. Bajo el sistema de banca libre creó su propio banco que emitía su propia moneda. En las dos últimas décadas del siglo XIX, que fueron los años de mayor prosperidad, su producción mensual alcanzó un máximo de cuarenta y cinco mil pesos oro mensuales y tenía cerca de 1500 trabajadores.
Los socios de El Zancudo invirtieron sus ganancias en ganadería, comercio, caficultura, agricultura, banca, minería de carbón, apertura de caminos e, incluso, construcción de ferrocarriles como el de Antioquia, cuya extensión hasta Amagá fue financiada por comerciantes de Medellín. Las condiciones políticas y sociales para el desarrollo de El Zancudo fueron extremadamente favorables pues, bajo el régimen federalista de la Constitución de Rionegro, el Estado de Antioquia estuvo al margen de guerras civiles que asolaron otras regiones del País y el gobierno provincial, en el que participaban comerciantes y empresarios, entendía que el papel del gobierno era facilitar el desarrollo económico. Son los años de Pedro Justo Berrío fundador, entre otras instituciones, de la Escuela de Artes y Oficios de la que salieron muchos técnicos para El Zancudo.
El desarrollo de la minería de carbón de Amagá está también vinculado en sus inicios a EL Zancudo. Para alimentar los hornos de la función, eran necesarias grandes cantidades de hulla y ahí estaba la Cuenca Carbonífera del Sinifaná que comprende Angelópolis, Titiribí, Venecia, Fredonia y, principalmente, Amagá.
La construcción de ferrocarriles – Panamá (1850), Puerto Colombia (1868) y Antioquia (1874) – impulsó la demanda de carbón para alimentar las calderas de vapor de las locomotoras. Más tarde, las primeras fábricas, los hornos de sal, las ladrilleras y las ferreterías consumieron el carbón proveniente de las minas de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. En Amagá, en 1865, fue fundada la ferretería del mismo nombre, que fabricó molinos de pistones, ruedas Pelton, despulpadoras de café y herramientas diversas.
Hasta el inicio de la explotación de los yacimientos de El Cerrejón en La Guajira, la producción de carbón abastecía exclusivamente el mercado doméstico de la industria por medio de pequeñas y medianas minas que nunca alcanzaron un gran nivel de tecnificación. Ese continúa siendo el caso de la minería de carbón en Antioquia y en Amagá, cuyas producción y reservas son marginales en el conjunto del sector carbonífero colombiano. Según la UPME, las reservas de carbón de Colombia llegan a 7.000 millones de toneladas, de los cuales noventa millones están en la Antioquia, principalmente en la Cuenca del Sinifaná, y doce en Amagá
Actualmente Amagá produce cerca de 150.000 toneladas de carbón anuales, lo que equivale al 95% de la producción del Departamento. En sus 45 minas activas trabajan más de 1.500 personas, lo cual es una cifra muy significativa para un pueblo de unos 30.000 habitantes.
III. Mercado mundial de cobre: presente y futuro.
El cobre se encuentra presente en la vida humana desde hace por lo menos 10.000 años. Ha sido utilizado para producir de todo: artículos domésticos, armas, adornos, monedas, etc. En la era industrial, el cobre se utilizó en el tendido de las redes telegráficas y telefónicas; en las líneas de transmisión y distribución de electricidad; en la construcción de maquinaria industrial y de equipos de transporte y diversidad de productos de consumo final. La industrialización de todos los países ha estado acompañada de un aumento en el consumo per cápita de cobre. Por eso, no es sorprendente que, en las últimas décadas, la demanda de cobre haya sido impulsada por la industrialización de India, China y otros países en desarrollo.
A los usos tradicionales del cobre ya mencionados, se han añadido en las últimas décadas, su empleo en la fabricación de vehículos eléctricos – un automóvil convencional contiene unos 20 kilogramos de cobre mientras que uno eléctrico contiene tres veces esa cantidad – y en la infraestructura de generación de las fuentes renovables no convencionales que son mucho más intensivas en cobre que las convencionales. La Agencia Internacional de Energía estima que un megavatio eólico off-shore requiere hasta 8.000 kg de cobre, uno on-shore 4.000 y uno solar 2.900.
El consumo de cobre de un país se mide en términos de cobre refinado, es decir, el producto que sale de la refinería listo para elaborar productos intermedios como alambrón, varillas y láminas. Este se distingue del concentrado o mineral de cobre que sale de las minas hacia las plantas de refinación. En el mercado internacional se transa tanto el cobre refinado como el concentrado. El producto que saldrá de la Quebradona es concentrado.
China, con 12.8 millones de toneladas (Mt) en 2019, es el mayor consumidor de cobre refinado en el mundo; seguido por Estados Unidos (1.8 Mt), Alemania (1.1 Mt), Japón (1 Mt) y Corea del Sur (0.7 Mt). Los demás países dan cuenta del resto de las 23.5 Mt consumidas en el mundo en ese año.
En estudio realizado para la UPME, la consultora CRU International Limited, proyecta un crecimiento de la demanda de cobre refinado con una tasa compuesta de 1,8% anual lo cual llevaría el consumo a cerca treinta millones toneladas, en 2030, manteniéndose China, Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur como los mayores consumidores. Sin embargo, el consumo del resto del mundo pasaría de 25% a 40% del total, reflejando la demanda creciente de otros países que avanzan en su proceso de industrialización. Un importante impulso a la demanda de cobre lo dará el Plan de Infraestructura, por 1.2 billones de dólares aprobado por el Congreso de Estados Unidos, donde se incluyen inversiones por 108.000 millones en renovación y ampliación de la red eléctrica.
Con 5.7 millones de toneladas, Chile es el mayor productor de cobre, un tercio de la producción mundial que en 2020 fue de 20 millones de toneladas. El segundo gran productor es Perú, con 2.2 millones. Siguen China (1.7), Congo (1.3) y Estados Unidos (1.2). Otros importantes productores son Australia, Canadá, Rusia, Zambia, México, Kazajistán y Polonia que en conjunto aportaron 4.7 millones de toneladas. Otros países produjeron 3.3 millones. Según información de US Geological Survey Chile tiene 8 de las 10 minas más importantes de cobre del mundo, comenzando por la Escondida, perteneciente a la compañía anglo-australiana BHP. Solamente durante el 2019 la Escondida produjo más de 1.19 millones de toneladas, casi un quinto de la producción de cobre en el mundo.
Según el United States Geological Service (USGS), también Chile, con 200 millones de toneladas, las mayores reservas del mundo. Le siguen Perú y Australia con 92 y 88 millones, respectivamente. Otros países con importantes reservas son Rusia, México, Estados Unidos, Polonia y China.
Colombia es un pequeño productor, el sexto en América Latina y el 42 en el mundo. Sus reservas estimadas son también modestas frente a las de Chile, Perú y México.
En el mercado internacional de cobre se transan, fundamentalmente, dos productos: el concentrado de cobre y el cobre refinado. En 2018 se transaron 30 millones de toneladas de concentrado de cobre con un contenido de 27,4%. Las transacciones de cobre refinado fueron de 7.8 millones de toneladas. Tanto en concentrado de cobre como en cobre refinado, el principal exportador es Chile y el principal importador es China.
IV. Minería de cobre en Colombia.
La minería de exportación a gran escala empieza en Colombia en los años 80 del siglo XX, con las minas de carbón de Cerrejón, en La Guajira, y las de níquel de Cerro Matoso, en Córdoba. La minería representa un 2% del PIB, aproximadamente 14,3 billones de pesos en 2019, de los cuales el 19% corresponde a la minería de metales. Según la UPME, en sus indicadores económicos de la minería, ésta recibe el 13% de la inversión extranjera directa y contribuye con el 21% de las exportaciones totales.
La minería del cobre es todavía precaria. En 2020, sus exportaciones, por unos cincuenta millones de dólares, representaron el 0.08 % de total y el 0.21 % de la exportación de minerales, según la UPME. China es el destino de casi la totalidad de esas exportaciones, que también van en cantidades ínfimas a Estados Unidos, Perú, Chile y Bélgica.
Toda la producción de concentrados de cobre en Colombia proviene de una sola fuente, la mina subterránea de El Roble, ubicada en el municipio de Carmen de Atrato en Chocó y operada por la Atico Mining Corporation, empresa canadiense basada en Vancouver. El Roble, que en 2019 produjo unas 6.500 toneladas de cobre y 22.000 onzas de oro, tiene reservas de 1.87 millones de toneladas.
Aunque, con la entrada en operación de EL Roble, las exportaciones colombianas de cobre han crecido de forma exponencial, su nivel es aún muy bajo frente a las de Chile y Perú, los grandes productores latinoamericanos, e, incluso, frente a las de México, Brasil, Panamá y República Dominicana.
Colombia es pues un pequeño productor de cobre, pero, por estar atravesado por la formación cuprífera de Andina en la que se encuentran los grandes yacimientos de Chile y Perú, se estima tiene un gran potencial de convertirse en productor importante con exportaciones significativas.
El Servicio Geológico Colombiano estableció que existen a lo largo del país tres cinturones metalogénicos con potencial para extraer cobre:
- El cinturón occidental de Edad Eoceno que comprende los municipios de Frontino (Antioquia), Andágueda (Chocó), Murindó (Antioquia), Acandí (Chocó) y Piedrancha (Nariño).
- El Cinturón Oriental de Edad Jurásica que comprende los municipios de Andes (Tolima), El Infierno-Chili (Huila), California (Santander), Dolores (Tolima) y Mocoa (Putumayo).
- Cinturón central de Edad Mioceno que abarca los municipios de El Tambo (Cauca), dominical (Cauca), Piedrasentada (Cauca) y el Pisno (Cauca).
Con la identificación de los cinturones con potencial cuprífero, el Ministerio de Minas y Energía determinó doce zonas de exploración para yacimientos de cobre. En total 12.8 millones de hectáreas distribuidas en 16 departamentos: Tolima (34%), Antioquia (24%), Putumayo (18%), Valle del Cauca (7%) y el resto (17%). El USGS estima entre 30 y 50 millones de toneladas las reservas de cobre en Colombia. Actualmente se adelantan siete proyectos de exploración: Quebradona, Comita y Pantanos en Antioquia; San Matías en Córdoba y Volador, Mandé Norte, El Carmen en Chocó. La Agencia Nacional Minera estima que hasta el 2024 se realizarán inversiones por cinco mil millones de dólares en estos proyectos polimetálicos y en proyectos de oro.
La explotación de Quebradona multiplicaría por 7 u 8 la producción actual de cobre, la cual, con la de EL Roble y yacimientos menores alcanza unas 10.000 toneladas anuales. En la Quebradona, cuyas reservas aprovechables se estiman en 109 millones de toneladas, se proyecta extraer anualmente 6,2 millones de toneladas de mineral que contendrían 65.000 toneladas de cobre, 28 de plata y 2 de oro. Como la producción corriente de plata es del orden de 14 toneladas anuales, la entrada de la Quebradona tendría un impacto muy significativo. Su efecto sobre la de oro es mucho menor como quiera que la producción de este es de unas 60 toneladas anuales.
V. Impactos económicos de la Quebradona
El proyecto Minera de Cobre Quebradona está localizado en la vereda del mismo nombre del municipio antiqueño de Jericó. Es un proyecto polimetálico con una producción esperada de 1.373.000 toneladas de cobre, 1453.000 onzas de oro y 20.666.000 onzas de plata en 21 años de explotación. La inversión inicial asciende a US$ 1.000 millones de 2019 y se generan unos 2.200 empleos directos cada uno de los cuatro años en la etapa de construcción y montaje y unos 700 anuales durante los 21 años de explotación. La zona de intervención es de 471 hectáreas, equivalentes al 2,4% de la extensión de Jericó; al 0,3% de la provincia de Cartama y al 0,07% de la del total de los 23 municipios del Suroeste.
FEDESARROLLO, en su documento “Proyecto minero Quebradona. Aspectos económicos, government take y observaciones sobre el Estudio de impacto ambiental”, preparado para apoyar a PROANTIOQUIA como tercero interviniente en el proceso de licenciamiento ambiental de la Quebradona, realizó una estimación de los impactos económicos del proyecto en sus fases de construcción y montaje y de explotación. FEDESARROLLO diferencia los efectos en el sector de actividad, en la zona geográfica donde está localizado, en las entidades territoriales y sobre la economía del País. Se distinguen impactos directos, impactos indirectos e impactos inducidos.
Utilizando los coeficientes de la Matriz de Contabilidad Social (MCS) de 2015, a partir de un impacto inicial de 1.3 billones sobre la demanda de final del sector de obras civiles – equivalente al 40% de la inversión en la fase de construcción y montaje, pues el 60% es equipo importado – se genera un efecto de 3,5 billones sobre la producción durante los cuatro años de esa fase. Los empleos inducidos son 36.600. Para la fase de explotación FEDESARROLLO, utilizando el mismo método de encadenamientos de la MCS, estima en 36 billones de pesos la suma de los impactos directos, indirectos e inducidos.
Como no existen matrices de contabilidad social a nivel departamental y municipal, el impacto sobre la economía de Antioquia y el la del municipio de Jericó se estima con ciertas hipótesis sobre su participación de la primera en el PIB nacional y del segundo en el PIB departamental. Para el caso de Antioquia, FEDESARROLLO estima que el proyecto provocará un aumento promedio de 1,1% del PIB durante cada uno de los cinco primeros años de explotación.
Par el caso de la economía de Jericó, el estudio de FEDESARROLLO no presenta ninguna cuantificación, pero señala que:
“…se puede prever un impacto significativo sobre la estructura productiva y el crecimiento económico municipal, si se tiene en cuenta que el valor estimado de la producción minera del proyecto en el primer año de producción, en 2026, equivale a 11 veces el valor del PIB del municipio en 2018”.
Otra observación importante:
“…en su fase de construcción, el proyecto tendría efectos significativos sobre la actividad económica general y el empleo, que resultan de los importantes encadenamientos que tiene esta actividad con el resto de la economía. A nivel local, además del sector de la construcción, las actividades más favorecidas serían aquellas en las que el municipio ya tiene una oferta disponible como son el comercio, restaurantes y alojamientos y transporte terrestre. El sector agropecuario también se vería favorecido por la mayor demanda de productos alimenticios por parte de los hogares de la región. Estos efectos no se limitarían a Jericó, sino que podrían extenderse a los municipios vecinos”.
Además de los impactos sobre la producción y el empleo, el proyecto tendría efectos sobre las exportaciones nacionales y departamentales y sobre las finanzas del departamento de Antioquia y el municipio de Jericó.
Estima FEDESARROLLO que el proyecto generará en promedio ingresos de exportación por US$ 860 millones anuales durante los 10 primeros años de explotación, que serían equivalentes al 1,9% de las exportaciones del País, el primer año, y al 1,5% en el décimo. Para el caso de las exportaciones antioqueñas, las cifras respectivas serían 16,0% y 12,7%, respectivamente.
Las regalías recibidas por el municipio de Jericó y el departamento de Antioquia, durante los 21 años de explotación, las estima FEDESARROLLO en 336.9 y 84.2 billones de pesos constantes de 2019, respectivamente. Para Jericó esto supone un aumento de más de 70% de sus recursos fiscales, lo cual plantea enormes retos sobre su adecuada utilización.
Finalmente, FEDESARROLLO estima el llamado Government Take (GT) de la Quebradona, que es la relación entre los ingresos totales del gobierno (ITG) – impuestos de todo tipo y regalías – y los ingresos totales del proyecto (ITP) durante su vida útil. En el escenario base, el valor presente en 2020 de los ITG asciende a US$ 1.620 millones, para un GT de 52,2%.
VI. Los impactos ambientales de la Quebradona.
Antecedentes.
Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un documento extremadamente complejo en cuya elaboración intervienen profesionales de muchas disciplinas, requiere la aplicación de métodos y técnicas de investigación de las más diversas ciencias y un intenso trabajo de campo. Adicionalmente, la elaboración del EIA debe acogerse a los términos de referencia establecidos por la Autoridad Ambiental y a un conjunto de normas – leyes, decretos, resoluciones – que regulan diferentes aspectos que deben ser tratados en el estudio.
El EIA de la Quebradona fue elaborado por INTEGRAL – firma con más de 60 años de experiencia en ingeniería de consulta – y en él participaron 77 profesionales de diversas disciplinas y se contrataron los servicios de 22 firmas especializadas para realización de sendos estudios específicos requeridos para la caracterización ambiental. Las investigaciones y actividades de campo del EIA de la Quebradona, que consta de más de 5.000 folios distribuidos en 33 partes, se adelantaron entre mayo de 2014 y abril de 2019.
El estudio fue presentado a la ANLA en diciembre de 2019, como sustento de la solicitud de licencia ambiental del proyecto Minera de Cobre Quebradona. El 23 de enero de 2020 la Autoridad Ambiental expidió el auto de indicio del trámite administrativo de la solicitud de licencia y la consiguiente evaluación del EIA. El 25 de marzo de 2020, la ANLA reconoce 64 terceros intervinientes en el trámite, entre los cuales están COMFAMA, la Corporación Agroambiental Verdeagua y el alcalde del municipio de Támesis. Sucesivos autos expedidos a lo largo de 2020 y 2021 reconocieron 145 terceros intervinientes adicionales. Entre el 17 y el 27 de noviembre de 2020 se adelantó reunión de solicitud de información adicional de la cual salieron 174 requerimientos de información adicional, descritos en el acta de la misma, Acta 66 de Información Adicional. En enero de 2021 la AGA-MCQ presentó la información adicional requerida. El 25 de octubre de 2021, la ANLA, mediante el Auto 9023, ordena el archivo de la solicitud de licencia.
El Auto 9023 de archivo señal que “la información presentada es insuficiente y la faltante indispensable para que la ANLA tenga certeza del área de influencia del proyecto, la caracterización ambiental, la identificación de impactos que puedan ocasionarse y la pertinencia de las medidas de manejo propuestas”
En el Acta 66 se hicieron 174 requerimientos, el Auto 9023 señala que la información suministrada en 30 de ellos fue incompleta. Esto significa que el 83% de los requerimientos se respondieron satisfactoriamente, pero las cosas no son así en la evaluación ambiental en donde unos pocos impactos lo suficientemente graves y claramente irremediables bastan para negar una licencia. En casi todos los proyectos la discusión ambiental se refiere a unos cuantos impactos. La Quebradona no es la excepción.
La caracterización ambiental es, por así decirlo, el núcleo técnico-científico del EIA pues marca la línea base a partir de la cual se hace todo. El análisis ambiental consiste básicamente en superponer el proyecto a un territorio para tratar de establecer mediante diferentes técnicas los impactos que se producen. Por ello, una buena caracterización ambiental es definitiva al igual que una adecuada delimitación del territorio, que no es otra cosa que la definición del área de influencia del proyecto. A juicio de los técnicos de la ANLA, la respuesta de 11 de los 53 requerimientos relativos a la caracterización ambiental fue insuficiente. Por si solo este incumplimiento no bastaba para archivar o negar la licencia, podría haberse otorgado condicionada a que el licenciatario supliera la información posteriormente. Igual tratamiento habría podido darse a los requerimientos también insuficientes relativos a la demanda y aprovechamiento de recurso naturales (1 de 29) y a la evaluación ambiental (3 de 20).
Aunque el campo de análisis y discusión ambiental es amplio y variado, en cada proyecto las cuestiones que dan lugar a conflictos y que a la postre definen la suerte del proyecto suelen ser solo unas cuantas. La Quebradona no es la excepción y en su caso la discusión fundamental tiene que ver con el manejo de los relaves, el problema de la subsidencia y la delimitación del área de influencia.
El manejo de los relaves
Los relaves son los residuos no aprovechables de los procesos mineros y están constituidos por roca molida, lodo y residuos minerales sin valor económico. El manejo de los relaves es uno de los principales problemas ambientales de la minería en todo el mundo. Su disposición en depósitos al aire libre genera numerosos impactos como la contaminación de las aguas y el deterioro del paisaje, pero esto no es lo planteado en el EIA de la Quebradona.
En la Quebradona se proyecta un depósito de relaves filtrados con una capacidad 58,8 millones de metros cúbicos de 160 hectáreas de extensión. Estas cifras han llevado a que algunos detractores del proyecto hagan una caricatura del método de disposición empleado. Se ha creado la imagen de que se trata de una inmensa pila de escombros y lodo de dos veces el tamaño del Cerro Nutibara del Valle de Aburrá que ofende el paisaje de manera desconsiderada. Otro opositor lo compara con el cerro de Monserrate en Bogotá. Las cosas son mucho menos dramáticas.
El proceso de filtración reduce la humedad sustancialmente de tal suerte que los materiales dispuestos están relativamente secos y en ningún caso son lodos deslizantes. Adicionalmente, a medida que avanza la acumulación se van revegetalizando los tramos consolidados que están adosados a la montaña pues no se trata de un otero aislado en medio de un valle, como sugiere la comparación con el Cerro Nutibara.
Una eventual falla de las estructuras de contención puede dar lugar a movimientos de masa con consecuencias sobre los terrenos circundantes, los cuerpos de agua y la misma población. Según la ANLA, ni en el EIA presentado por la AGA-MCQ ni en la respuesta a los requerimientos de la Autoridad Ambiental se presenta información satisfactoria sobre el manejo ambiental de esos residuos.
Específicamente, en el requerimiento 2.10 del Acta 66, la ANLA pidió a la Minera lo siguiente:
“Complementar y ajustar el análisis de alternativas para la disposición y manejo de relaves de conformidad con lo establecido en el numeral 3.4 de los términos de referencia, descartando las alternativas que no son ambientalmente responsables, según la los estipula la Metodología General para la elaboración y presentación de Estudios ambientales”
Sobre la respuesta dada por AGA-MCQ a este requerimiento, en el Auto de archivo, la ANLA concluyó lo siguiente:
“…el equipo evaluador de la ANLA considera que en el EIA no se atendió lo solicitado en la argumentación del requerimiento 2.10, específicamente con respecto a cumplir a cabalidad los términos de referencia TdR-13 en lo que tiene que ver con el numeral 3.4 Beneficio y transformación de minerales”
Frente a esto, los críticos del proyecto insisten en que el único método de disposición ambientalmente viable sería el del retrollenado que consiste en el bombeo del material de residuos, mezclado con concreto, al interior de las cavernas dejadas por la actividad minera. Este método se aplica fundamentalmente en las minas de carbón. El problema es que, dado el procedimiento de explotación de la Quebradona, que busca maximizar el material valioso, no quedan cavernas dónde hacer el retrollenado. Si así fuera no existiría el problema de la subsidencia.
De todas formas, dados los volúmenes del material y las resistencias que ha suscitado la forma de disposición propuesta, es dable considerar en lugar de un único método una combinación de varios de ellos. Puede evaluarse que parte del material se utilice productivamente en el afirmado de carreteras y caminos veredales. También puede pensarse en disponerlo en minas de carbón abandonadas que abundan en las cercanías del proyecto, como las del municipio de Amagá.
Otro asunto que ha planteado la Autoridad Ambiental es el del riesgo de movimientos de masa, formulado en los requerimientos 9.32 y 9.33 del Acta 66 de requerimientos de información. Específicamente, la ANLA requirió lo siguiente:
“Complementar y ajustar el análisis de riesgo por remoción en masa para todos los taludes que se generen en las distintas fases del proyecto, indicando los criterios tenidos en cuenta para la valoración de la amenaza, la probabilidad de falla y la valoración de los elementos expuestos”
“Complementar y ajustar la valoración del escenario de falla para los depósitos de materiales en el proyecto, en el que considere la posible saturación, licuación dinámica (p.e. por sismo), licuación estática, desbordamiento y erosión de los taludes, así como el potencial de agrietamiento por desecación y de tubificación de los mismos, indicando los criterios tenidos en cuenta para la valoración de amenaza, la probabilidad de falla y la valoración de vulnerabilidad de los elementos expuestos”
La ANLA, en el Auto de archivo, desechó la respuesta a este requerimiento en los siguientes términos:
“La falta de consistencia en la información presentada en el componente de geotecnia y sus anexos, así como en los análisis de estabilidad para condiciones extremas de sismo y precipitación, generan un alto grado de incertidumbre en la valoración del riesgo por movimientos en masa. Por lo anterior, el equipo evaluador de la ANLA determinó que no se atendió el requerimiento 9. 32…”
Esta es una cuestión eminentemente técnica y es en ese terreno en el que debe dirimirse. La AGA-MCQ no puede hacer caso omiso de las inquietudes planteadas por la ANLA y, por el contrario, está obligada a tenerlas en cuenta en el nuevo EIA, si quiere que tener una respuesta favorable a su solicitud de licenciamiento. Por su parte, la ANLA está obligada a responde técnicamente sin acomodarse a las presiones de los detractores del proyecto.
Subsidencia
El otro asunto ambientalmente complejo es el de la subsidencia, la cual consiste en el hundimiento del terreno como consecuencia de la explotación minera. En el caso de la Quebradona, se estima un hundimiento en una zona de 72,9 hectáreas. Aquí también se ha trasmitido la falsa imagen de que la subsidencia consiste en la aparición súbita de un inmenso cráter en medio del terreno o, también se ha dicho, de un hueco en forma de embudo muy empinado. Nada más lejano de la verdad.
La subsidencia es un proceso de hundimiento lento y gradual que se va desarrollando a lo largo de los años. En el caso de la Quebradona se estima que empiece hacia el séptimo año de explotación. La subsidencia plantea dos problemas: el manejo de las aguas lluvias y de escorrentía y el de sus impactos sobre el paisaje. El EIA contempla programas de manejo para cada uno de ellos.
Con relación al área de subsidencia, en el Programa de manejo de aguas lluvias y de escorrentía se plantea la construcción de un sistema de drenaje que permita captar y derivar las aguas hacia los flujos naturales fuera del área de subsidencia para minimizar la afectación sobre las cuencas existentes. Esto se ira haciendo de forma progresiva, a medida que avance la subsidencia, construyendo canales y tubería, los primeros de los cuales que estarán en operación a partir del cuarto año de explotación y se irán aumentando en los siguientes.
El programa de manejo del paisaje busca, para el área de subsidencia, mantener las coberturas vegetales. Se realizará un aprovechamiento forestal de la plantación de pino existente, la cual será sustituida con especies arbóreas de menor porte buscando el enriquecimiento forestal del bosque de galería y de los pastos arbolados. Si esto se realiza de forma exitosa, al final el área de subsidencia tendrá la apariencia de una depresión natural del terreno.
En su evaluación del EIA, la ANLA no cuestionó la pertinencia de los programas propuestos para el manejo de la subsidencia en los referentes a las aguas lluvias y de escorrentía y a la cuestión paisajística. Los requerimientos formulados – el 4.32 y el 4.33 – se refieren a los aspectos técnicos sobre la dimensión espacial y la dinámica temporal de la subsidencia. Específicamente se requirió lo siguiente:
“Complementar, ajustar y soportar la información de evaluación geotécnica subterránea, así como la metodología de estimación y cuantificación del hundimiento en el macizo y de la subsidencia que se manifestará en superficie”
“Presentar un modelo numérico que permita estimar el avance tanto temporal como espacial de la subsidencia para cada uno de los niveles de explotación de la mina…”
En el Auto de archivo, el ANLA señala que estos requerimientos no fueron atendidos satisfactoriamente. La Minera, por su parte, insiste en que la información aportada es suficiente. Aquí también hay un problema técnico que debe ser abordado en esos términos.
El área de influencia
La definición del Área de Influencia es un asunto crucial pues en ella es donde se producen los impactos y donde, en consecuencia, deben aplicarse los programas del PMA. Tomando como punto de partida el área de intervención o localización del proyecto, el área de influencia debe definirse para cada uno de los medios – abiótico, biótico y socioeconómico – en cada uno de sus componentes. El procedimiento consiste en identificar y caracterizar los impactos y proceder a su espacialización en el territorio aplicando diversos criterios.
En muchos casos, la espacialización de los impactos y la medida de su intensidad pueden hacerse de forma bastante objetiva, pero en otros el criterio del evaluador juega un papel importante. Esta es la situación se presenta de forma marcada con relación al medio socio-económico. Vemos algunos ejemplos.
Tomemos el caso del impacto “Dinamización temporal de la economía local” definido como “alteración temporal de las dinámicas de producción, oferta y demanda de mano de obra, bienes y servicios, que modifican la economía local y el nivel de ingresos de la población”. Aquí el criterio de espacialización utilizado es la identificación de las poblaciones en las cuales se espera o prevé contratar mano de obra y demandar bienes y servicios para los fines del proyecto y los indicadores son el número de personas contratadas y el número de proveedores procedentes de esas poblaciones. En principio el procedimiento es razonable, pero la definición del listado de unidades territoriales – veredas, corregimientos, municipios – en los cuales se prevé contratar mano de obra y demandar bienes y servicios puede ser materia de discusión.
Otro caso notable es el impacto “Incremento de las finanzas municipales” definido como la “modificación en el nivel de ingresos del municipio por concepto de regalías de ley e impuestos asociados a la presencia de proyectos en la zona”. Aquí es evidente que la definición del municipio o municipios impactados debe hacerse previamente, y con base en criterios externos, a la espacialización del impacto y a su cuantificación.
También se ha planteado que el EIA omite la consideración de un impacto socio-económico de mucha importancia cual es el efecto sobre los precios locales de bienes y servicios puede generar la mayor demanda asociada al proyecto en todas sus etapas. Ese encarecimiento del costo de vida puede trascender, se dice, los territorios incluidos en el área de influencia.
Lo cierto del caso es que en alguna parte debe delimitarse el área de influencia y que esa delimitación no dejará satisfecho a todo el mundo. Sin embargo, la discusión no debería politizarse ni estar guiada por intereses económicos que no se manifiestan directamente y se ocultan tras argumentos supuestamente técnicos. La ANLA debe cuidarse de ser influenciada por esas consideraciones.
Se ha argumentado, por ejemplo, que la AGA-MCQ se resiste a incluir dentro del área de influencia a Támesis porque en ese municipio hay una gran oposición política al proyecto y, principalmente, por la existencia de un resguardo indígena lo cual obligaría a la realización de un proceso de consulta previa. La validez de este argumento es cuestionable pues de la misma forma puede argumentarse que los opositores del proyecto buscan la inclusión de Támesis para dificultar su desarrollo obligando a la realización de una consulta previa cuyo resultado es incierto. Tanto la AGA-MCQ, en su eventual reformulación del EIA, como la ANLA, en la evaluación, deben tratar de hacer abstracción de este tipo de consideraciones.
Sobre la delimitación del área de influencia la ANLA formuló cinco requerimientos: el 3.2 referente al impacto sobre las aguas superficiales y subterráneas, el 3.4 relativo al paisaje, el 3.5 a la flora y el 3.6 a la fauna y el 3.7 sobre el medio socio-económico.
Eso requerimientos son excesivamente generales. Por ejemplo, en el caso del medio socioeconómico, requerimiento 3.7, se dice:
“Redefinir el área de influencia del medio socioeconómico, de tal forma que la misma contemple la totalidad de las unidades territoriales, corregimientos, veredas, sectores de vereda, inspecciones de policía u otras unidades reconocidas administrativa o socialmente, que puedan verse impactadas con la ejecución del proyecto; dicha área debe contemplar aquellas zonas hasta donde trasciendan los impactos significativos identificados para los diferentes medios y componentes, producto de los ajustes solicitados en la información adicional”
Evidentemente, la ANLA no está de acuerdo con la delimitación del área de influencia del medio socioeconómico, pero debería decir por qué razón o conjunto de razones no lo está. Aplicando métodos y criterios, el EIA delimitó esa área de influencia. El requerimiento ha debido referirse a los métodos y criterios empleados y no a la delimitación resultante de los mismos. Como no se le ha indicado dónde está el error metodológico o de criterio, el solicitante se encuentra en la oscuridad tratando de hacer a tientas una delimitación que sea satisfactoria para la Autoridad Ambiental.
No obstante, no puede hacerse caso omiso de consideraciones hechas sobre el área de influencia que, FEDESARROLLO resume de la siguiente forma:
A nuestro juicio, y en concordancia con las opiniones de COMFAMA y CORANTIOQUIA, el área de influencia definida delimitada en el EIA es estrecha. Esto, en esencia, por la subestimación del ámbito geográfico de los impactos del proyecto sobre la hidrología y la hidrogeología de la zona y, consecuentemente, sobre los componentes biológicos y socioeconómicos. (PROANTIOQUIA-FEDESARROLLO 2021, página 100)
VII. Conclusiones
- Históricamente la minería jugó un papel fundamental en el desarrollo económico de Antioquia y del Suroeste, impulsando el avance de la caficultura y de la agricultura en general.
- La demanda de cobre en el mercado internacional es creciente y su dinamismo estará ligado a la llamada transición energética como quiera que los vehículos eléctricos y la infraestructura de las energías renovables no convencionales son intensivas en el uso del cobre.
- La explotación y exploración del cobre es incipiente en Colombia, aunque su potencial es significativo dado que las reservas se estiman entre 30 y 50 millones de toneladas.
- La Quebradona tiene impactos significativos sobre la actividad económica de Antioquia y el Suroeste en virtud de sus encadenamientos con otros sectores de actividad, contribuiría al aumento de las exportaciones y generaría importantes regalías. El Government Take de la Quebradona se estima en 52,2%, representado en un ingreso total – impuestos de todo tipo más regalías – de US$ 1.620 millones en valor presente de 2020.
- Los yacimientos de la Quebradona no están situados en un desierto sino en un territorio agrícola y recreativo. El proyecto tiene impactos y riesgos ambientales significativos que deben ser correctamente identificados y evaluados para que los planes de manejo y de contingencia sean los más adecuados.
- En la reformulación del EIA que seguramente tendrá que hacer la AGA-MCQ no puede hacer caso omiso de las inquietudes técnicas planteadas por la ANLA y algunos intervinientes. La ANLA, por su parte, debe ser más precisa en sus requerimientos y mantenerse en lo estrictamente técnico tal como está establecido en los términos de referencia y en las metodologías de evaluación.
- En proyectos como la Quebradona, de amplias repercusiones económicas, en el proceso de licenciamiento debe tenerse en cuenta también el interés de todos los colombianos y no solo el de los habitantes y propietarios de las cercanías del proyecto o de su área de influencia más inmediata.
Bibliografía
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Hoyos, F. y Cock, J.E. (2019). Consideraciones sobre el proyecto Minera Quebradona de AngloGold Ashanti.
https://es.calameo.com/books/00230445376caec85d918
McGreevey, William Paul (2015). Historia económica de Colombia, 1845 – 1930. Segunda edición. Universidad de los Andes, Bogotá, 2015.
Meisel Roca, A. y Ramírez, M.T. (2015) La economía colonial de la Nueva Granada. Fondo de Cultura Económica, México y Bogotá, 2015.
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UPME (2012) La cadena del carbón en Colombia. Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, 2012. http://www.upme.gov.co/Docs/Cadena_carbon.pdf
UPME (2018) COBRE. Caracterización y análisis de mercado internacional de minerales en el corto, mediano, y largo plazo con vigencia al año 2035. Bogotá. 2016. http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Datos/mercado-inter/Producto%202_Cobre_FINAL_12Dic2018.pdf
* Escrito con la colaboración del economista Juan Felipe Vélez Tamayo.
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