El acuerdo constitucional por Chile firmado este 12 de diciembre por las distintas fuerzas políticas del congreso, a excepción de la nueva derecha negacionista, liderada por José Antonio Kast, no solo es una buena noticia para quienes creemos que solo con un cambio constitucional democrático se podrán generar las bases para un nuevo pacto social en el país, sino que también hacerse cargo de manera responsable de un momento histórico, que no podemos dejar pasar y postergar para el futuro.
De ahí que se conformará un nuevo consejo constitucional de carácter paritario y con escaños de pueblos originarios, el cual tendrá 50 constituyentes elegidos democráticamente, bajo las mismas reglas del senado, y que será acompañado tanto por una comisión de 24 expertos designados por el congreso, que elaborarán un anteproyecto, como también por un comité técnico compuesto por 14 personas, que velarán por el cumplimiento de 12 bases constitucionales (1).
Dicho lo anterior, si bien este nuevo proceso podrá ser más limitado en términos democráticos que el anterior, dado el excesivo rol que tendrán esos expertos designados y el comité técnico, no firmar el acuerdo, como algunos sectores estaban pidiendo, era negarle a Chile la posibilidad de darle por segunda vez una salida institucional al enorme malestar que aún existe en el país,
No debe sorprender entonces, que al igual como pasó con el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, varios sectores de izquierda y provenientes de movimientos sociales, no tardaron en cuestionar este nuevo acuerdo, señalando que fue el resultado de la misma cocina política al interior del congreso, de espaldas a la ciudadanía, por lo que se mantendrán al margen de este nuevo proceso constituyente, tildándolo de traición al pueblo.
No obstante, verlo así nuevamente, es no darle ningún peso a la enorme derrota que sufrimos justamente por el pueblo de Chile el 4 de septiembre, el cual de manera contundente rechazó no solo un texto y no solo fracasó por la campaña del terror financiada por los grandes grupos económicos, sino también por los errores de una Convención Constitucional que se cerró en sí misma y que perdió cada vez más su conexión con la sociedad chilena.
Con esto no digo en ningún momento que el proceso constituyente anterior debiera ser tirado a la basura, como los sectores más conservadores han instalado mediáticamente y puesto a la Convención Constitucional como un chivo expiatorio, al tildarlo como mamarracho y como una mera pérdida de recursos y de tiempo para el país.
Muy por el contrario, de lo que se trata es ver y rescatar todo lo positivo que hubo en él, en muchos de los contenidos y horizontes propuestos en el texto, así como lo histórico que fue, al ser el primer órgano constitucional democrático de Chile, pero también aprendiendo de sus propios límites.
No verlo así, es seguir obstinado desde una trinchera ideológica, que podrá ser muy crítica y coherente internamente, pero incapaz de situarse en el contexto actual y construir puentes para una salida institucional a un país que no resiste seguir teniendo la constitución ilegítima actual, la cual debe ser superada sí o sí, sobre todo considerando que el próximo año 2023 se cumplirán 50 años del golpe de Estado en Chile.
En consecuencia, la necesidad histórica de que se apruebe una nueva constitución, que seguramente no tendrá muchos de los contenidos vanguardistas de la anterior escrita por la Convención Constitucional, debe ofrecer esta vez un nuevo texto que se conecte mucho más con lo que la gran mayoría de las y los chilenos quieren para sus vidas.
Por lo mismo, lo que se trata es que esta nueva constitución represente a la gran mayoría del país para que voten masivamente por ella en el plebiscito de salida, por lo que el nuevo órgano debe mostrar mucha más capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos, sin caer en descalificaciones y soberbia, como pasó en muchas ocasiones en la Convención Constitucional anterior, en donde no fuimos capaces de poner freno a ciertas formas que no correspondían y que dañaron finalmente el resultado final.
En definitiva, este 12 de diciembre del 2022 tiene que ser visto como una nueva oportunidad que tenemos como chilenos y chilenas para retomar una discusión constitucional, que a pesar de todas sus limitaciones, igual será histórico para el país, en el caso de aprobarse una nueva carta magna democráticamente, la cual se nos ha negado siempre.
Comentar