A mes y medio del inicio del más grande levantamiento popular del que se tenga memoria en la historia reciente del país, el gobierno sigue sin presentar alternativas que permitan superar el descontento generalizado. Al contrario, las decisiones y las intervenciones de los funcionarios parecieran conflagrar la infortunada relación entre el Ejecutivo y los sectores populares.
El Presidente y sus funcionarios siguen sin reconocer que las motivaciones que tuvieron cientos de miles de personas para movilizarse de manera indefinida fueron y siguen siendo reales. No fue solamente la reforma tributaria que pretendía imponer más impuestos a la cada vez más empobrecida clase obrera, sino un gobierno que ha desinstitucionalizado a Colombia mediante la corrupción y la desconexión entre su accionar y el sentir de las mayorías.
La gestión de la pandemia ha sido fatal. Nuestro país está entre los cinco que peor manejo le han dado a la calamidad global del Covid-19. Las medidas sanitarias restrictivas fueron un desastre porque el gobierno optó por direccionar las ayudas a la banca y no a garantizar una renta básica a los sectores más vulnerables, que asegurara que pudieran estar en cuarentena estricta. Por otro lado, el inicio del proceso de vacunación fue tardío, lo que ha generado que hoy la tasa de mortalidad esté entre las más altas del continente.
La ineptitud y la falta de coordinación del gobierno a su interior ha generado que en medio de esta movilización no se haya podido llegar a un principio de acuerdo entre la institucionalidad y los sectores movilizados. Hoy, el dialogo con el Comité del Paro se suspendió por la falta de compromiso gubernamental. Duque, en principio nombró como su delegado en las negociaciones a un funcionario que ya había renunciado a su gobierno, posteriormente, se negó a firmar un documento acordado por sus funcionarios y la contraparte con las garantías para la protesta. Y, desautoriza a sus delegados, como lo hizo recientemente con su comisionado de paz, quien llegó a un acuerdo para levantar progresivamente los puntos de resistencia en Buenaventura, pacto que al día siguiente el presidente echó por la borda, y prefirió enviar a la Fuerza Pública para retirar a los manifestantes a sangre y fuego. Con el saldo trágico en víctimas mortales que ya es conocido.
Así las cosas, Duque no ha mostrado voluntad política para llegar a consensos con las diferentes partes que permitan superar las diferencias. Al contrario, ha utilizado la represión y el ejercicio del terrorismo de Estado como herramientas para violentar la protesta social. Pareciera, que el Uribismo ante su inevitable debacle estuviera propiciando un enfrentamiento social para proponer salidas antidemocráticas a la crisis.
El presidente no ha hecho una propuesta concreta que satisfaga el clamor generalizado; no ha abierto canales de comunicación y negociación efectiva con los manifestantes. El Comité del Paro que representa solo a unos sectores, lleva varias semanas en un dialogo infructuoso con delegados del gobierno que carecen de decisión política sobre los asuntos estructurales que están sobre la mesa.
Hoy, Duque carece de respaldo popular, su desaprobación es de las más altas que haya tenido presidente alguno en las últimas décadas. Una importante facción de su partido reprocha su desgobierno y su bancada parlamentaria se cae a pedazos ante el temor de perder su fuerza electoral en medio del desprestigio del gobierno. Ni siquiera en el ámbito internacional el presidente encuentra aliados. Varias agencias de Derechos Humanos y Estados han mostrado su preocupación por la situación en Colombia, particularmente por el abuso de la fuerza estatal en las movilizaciones.
Así las cosas, este gobierno solo pudiera tener vialidad si propicia un gran acuerdo nacional entorno a las reivindicaciones que el pueblo movilizado propone. Pero, a juzgar por su accionar, eso es lo que menos le importa.
Hay que seguir luchando por los derechos del pueblo olvidado por nuestros dirigentes fuerza Walter Manuel salas