El Pueblo de Colombia no espera menos del gobierno entrante. El Acuerdo de Paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC EP, incluye la distribución de tres millones de hectáreas de tierra y otras políticas que atienden la cuestión social en zona rural para lograr la meta de reducir la pobreza al 50%. Está muy claro que el conflicto social y armado tiene fuertes raíces en la desigualdad de la tenencia de la tierra. La distribución de medios para producir como la tierra impacta la pobreza sin depender de ingresos de sobrevivencia ofrecidos con presupuesto público que siempre será limitado.
Según el DANE, el gobierno saliente entrega la zona rural con 4 clases sociales por sus ingresos: pobres suman el 44.6%; vulnerables son 45.3%; la clase media representa el 9.9% y la clase alta el 0.2%. Con los mismos indicadores, se muestra que la pobreza crecía antes de la pandemia: en 2018 la pobreza monetaria fue del 46% y en 2019 ascendió al 47.5%; luego en 2020 bajó a 42.9 y ahora sube de nuevo a 44.6% de la población rural en pobreza monetaria. Caso inverso (extraño) con la pobreza multidimensional, indicador utilizado para priorizar en PDET: en 2019 fue de 34.5 y en 2020 se subió a 37.1%; ahora el DANE informa que se redujo al 31.1% en 2021.
El gobierno saliente no implementó asuntos básicos de desarrollo rural y así es difícil obtener resultados importantes en materia de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Por esa razón es positivo que José Antonio Ocampo, Ministro de Hacienda entrante, escriba que la política de tierras “debe incorporar claramente el compromiso del Acuerdo de Paz de redistribuir tres millones de hectáreas e incluir la culminación del catastro multipropósito (…) la cual puede ser también objeto de reformas adecuadas, y llevarse a cabo en el marco de una clara política de ordenamiento del territorio.”
Un reto es la ubicación y caracterización de las tierras para ser distribuidas. Ante los cuestionamientos de la Procuraduría por las cifras de la Agencia Nacional de Tierras sobre el Fondo de Tierras, la directora dijo que “No es fácil saber cuántas hectáreas están disponibles”. Y más difícil será si no se abre a la participación de las comunidades en las regiones. ANT reporta el ingreso de “1.686.037 hectáreas de las 1.912.868 que han ingresado al Fondo, de las cuales han sido caracterizadas 200.000, y 485.349 fueron entregadas, beneficiando a 20.107 familias entre población campesina y comunidades étnicas”. Veremos oficialmente el gobierno entrante que toma como punto de partida.
Es importante que el jefe de la cartera de economía y finanzas resalte en sus notas las tres millones de hectáreas porque la implementación de la Reforma Rural Integral requiere presupuesto: 110.6 billones de pesos fue la proyección mas modesta en el Plan Marco de Implementación. Pero también es importante el liderazgo en el Acuerdo Nacional para vincular la reacción al fantasma de la expropiación sin indemnización enquistada en grandes propietarios y propietarias: en algunos casos al punto de contratar ejércitos antirestitución. Por ahora, es tarea de las comunidades empobrecidas y de los movimientos populares, preguntarse ¿dónde están las tierras para el fondo de tierras? Parece que el Estado no lo sabe.
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