Han anunciado nuevas protestas para el 20 de julio.
Manifestarse y protestar son facultades derivadas de cuatro derechos, los de de expresarse libremente, reunirse, circular por el territorio nacional y oponerse al gobierno de turno, ellos sí consagrados en los tratados internacionales. Como todos los derechos, no son absolutos. Pueden limitarse por distintas razones, entre ellas el orden público, la seguridad y la salud. Incluso en situaciones de emergencia pueden suspenderse si fuese necesario. De manera que es razonable que el Gobierno establezca lugares y horas en los cuales pueden hacerse manifestaciones. No existe en ningún tratado internacional una norma que establezca que los que protestan puedan hacerlo donde y cuando se les venga en gana. Ni mucho menos una que diga que deben tolerarse los bloqueos, los «corte de ruta» como eufemísticamente y con claro sesgo ideológico los denomina la Comisión IDH.
De hecho, nadie puede abusar de sus derechos, usar sus derechos de manera desbordada, extralimitándose y pretendiendo darles un alcance mayor que el que tienen. Por supuesto, es inaceptable que so pretexto de la protesta se vulneren los derechos de propiedad, el trabajo, la integridad física o la vida de quienes no protestan. De manera que el Gobierno tiene que garantizar que quienes protestan puedan hacerlo de manera pacífica y que, al mismo tiempo, los ciudadanos que no protestan, que son muchísimos más, no sobra recordarlo, vean protegidos sus derechos.
El MinDefensa, el director de la Policía y el anterior secretario de seguridad de Bogotá han advertido de que habrá infiltración subversiva en las protestas y que se sabe de instrucciones para hacer ataques terroristas. Un portal al que no se le puede señalar como de derecha, lasillavacia.com, trae una confesión de uno de los líderes de la «primera línea»: «como la Policía ha boleado bala, también nos van a apoyar guerrillas como para equilibrar las fuerzas», dice. Y otro anuncia que «ese día va a haber un combate épico». A confesión de parte, relevo de prueba.
La mal llamada «primera línea», que usurpa el nombre de quienes en verdad sí han puesto el pecho en esta pandemia, el personal médico y sanitario, no es ya, si es que lo fue alguna vez, un grupo de jóvenes que acude a las vías de hecho para hacer reivindicaciones sociales, económicas o políticas. Es larga la lista de delitos que se les atribuye, desde el degollamiento de un motociclista hasta el asesinato de policías y funcionarios del CTI, asalto e incendio de unidades policiales y establecimientos comerciales y bancarios, e intimidación de los ciudadanos. Hoy es claro que son grupúsculos articulados, no espontáneos, que se preparan para causar daño y para la violencia. Incluso puede decirse que tienen todas las características de terroristas, según se define en el 343 de nuestro Código Penal: incurre en el delito de terrorismo «[e]l que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos».
Preocupa, por tanto, que haya alcaldes que no aclaren si es verdad que han llegado a acuerdos secretos con estos grupos y que han prestado instalaciones públicas para que sus integrantes duerman y se entrenen para «el combate». Acá ya no estaríamos enfrente de comportamientos omisivos, de tolerancia con los vándalos y violentos, sino abiertamente cómplices.
Finalmente, es indispensable que el Gobierno y la Fuerza Pública actúen con celeridad y contundencia frente a los primeros hechos de violencia que se produzcan. Hay que dar garantías a la protesta pacífica pero también ser eficaces y eficientes contra vándalos y violentos. Sin autoridad, orden y seguridad no hay sociedad civilizada.
Que paren los que quieran, que en todo caso son muy pocos, y condiciones de orden y tranquilidad para quienes queremos trabajar, que somos la inmensa mayoría. Es imperativo que el país no quede de nuevo a la deriva, en el caos y la confusión, como ocurrió en las semanas posteriores al 28 de abril.
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