Suspender un cese al fuego por Twitter

El Presidente Gustavo Petro, que tanto critica a Nayib Bukele, se parece mucho al mandatario salvadoreño en aquello de gobernar “en caliente” a través de Twitter. El reciente anuncio realizado por esta red social sorprende por su falta de tacto y además, porque estratificó a los actores del conflicto armado no internacional y con ello, la situación de orden público que actualmente vive el país.

Preocupa, sorprende y entristece la decisión del Presidente Petro de suspender el cese bilateral al fuego con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, actor del conflicto al que represento en mi condición de Abogado (no miembro) con el objetivo de buscar acercamientos, exploración y eventual negociación jurídica, atendiendo al llamado de paz total, como una política de Estado, en consonancia con el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. El mensaje puede llegar a ser confuso y generar pánico en una población abrumada, no solo porque el país va mal en lo económico y social, sino porque no entiende bien lo que está pasando ni el estilo de gobernar de su Presidente.

Históricamente nuestro país ha necesitado concentrarse y señalar un enemigo común. En algún momento para unos eran los conservadores y para los otros los liberales. Luego el proceso 8000, las Farc, las autodefensas, Santos, Uribe, el mismo Petro, Duque, el COVID, la corrupción, etc., y tal parece que, con el fin de mermar la atención en la dura situación del Bajo Cauca, a la cual se han demorado en responder, anunciar de forma desmedida este cese bilateral al fuego, fue la mejor forma que encontró el gobierno.

¿Por qué se suspende de forma unilateral solo con las AGC y se ignoran los ataques que hacen otros actores del conflicto contra helicópteros, oleoductos, acueductos, ambulancias y el Ejército? Es sencillo, no hay un trato estándar por parte del gobierno que sigue de tumbo en tumbo e intenta hacer control de los daños que sus malas decisiones han causado.

Legalmente veníamos avanzando. Las AGC buscaron asesoramiento jurídico precisamente porque el Gobierno Nacional les pidió unirse a la “paz total” e incluso, nos reunimos por solicitud del Comisionado de Paz, Danilo Iván Rueda, con organismos internacionales. Habíamos llegado a un acuerdo inicial, pero vital, conformar el sistema de seguimiento y monitoreo al cese bilateral al fuego.

Ahora, nos preguntamos qué va a pasar y, además, qué papel van a jugar las misiones extranjeras (por ejemplo: Suecia, Suiza, Noruega, misión de verificación de la ONU, Mapp OEA) que se han ofrecido de manera decidida a apoyar los diálogos y construir una paz estable y duradera. ¿De qué han servido las malas experiencias de procesos de paz anteriores, fallidos si se quiere, por seguir con la misma costumbre de querer solo llegar a la paz con algunos¿ No habrá paz total si en este proyecto no se incluyen a todos los actores del conflicto; será un fracaso más, volverán los grupos emergentes, disidentes, o incluso, ante tanta incertidumbre, perdurarán las células durmientes.

Es claro que el sistema de monitoreo es la única forma que tienen las partes de verificar lo que está pasando en determinadas zonas. ¿Quién verificó que los hechos que llevaron al Presidente Petro a suspender el cese bilateral al fuego, lo hubieran cometido las AGC? ¿Están tomando decisiones con base en rumores y sin evidencia? ¿Alguna cortina de humo necesaria ante tanto escándalo?

Confiamos en que sea una suspensión transitoria y que rápidamente podamos reunirnos nuevamente y discutir los términos de un cese al fuego bilateral y definitivo. Aquí hay muchas cosas en juego y los esfuerzos deben estar orientados a parar el sufrimiento de las comunidades y no a alimentar el ego de quienes se oponen a la Paz.

Recuérdese, la palabra es un vehículo esencial de apertura hacia el otro, muchas guerras se han originado en la palabra, por una palabra o con una palabra. Así que prudencia.


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Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes

Abogado, Magister en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito, Doctorado en Derecho y Conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

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