Sin lugar a dudas, la gran preocupación que ronda a los trabajadores, los pensionados, los emprendedores, los gremios, alrededor de la tan sonada reforma tributaria que tiene entre manos el Gobierno Nacional no es para menos. El impacto de ésta podrá ahondar los problemas sociales del país, luego de vivir una pandemia que nos ha dejado en una muy crítica situación económica, y de la que aún no hemos salido victoriosos.
Con esta propuesta el Gobierno Nacional busca cubrir el déficit fiscal que traía, y el que se profundizó por causa de la pandemia. Sin embargo, algunas de las propuestas con las que se pretende resolver la difícil situación de las finanzas públicas, la forma como se obtendrán los nuevos recursos tributarios y como se pretende reducir el gasto público podrían afectar de manera lamentable la economía de los más pobres, y de la clase media en general.
De acuerdo con los datos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), para enfrentar la pandemia se destinaron alrededor de 40 billones de pesos, un presupuesto que no estaba calculado, y que disminuyó la capacidad de endeudamiento de 48,6 por ciento, en 2019; a un 61,4 por ciento en 2021.
Se desconoce puntualmente en qué se centrará la reforma tributaria, denominada Solidaridad Sostenible, que comenzó la socialización el pasado martes. Sin embargo, uno de los temas más controversiales de los últimos días ha sido la propuesta de extenderle el IVA a los productos de la canasta familiar.
En un país como Colombia, considerado el de mayor desigualdad social de América Latina, propuestas como estas son lesivas para la población más pobre. Así se considere la devolución del IVA a las clases menos favorecidas, esto no la exime al impacto de dichos incrementos. Según las estadísticas del DANE, el 30 por ciento de los hogares en el país, no alcanzan a tener las tres comidas del día.
Una reforma tributaria para ser equitativa y apostarle a la igualdad en el país tiene que acabar con las exenciones de impuestos a personas jurídicas, como las que se hicieron en la reforma de 2019; y tener en cuenta que ampliar la base de tributación no puede golpear a quienes no tienen capacidad de ahorro, a las familias más pobres y a la clase media, que en general es la más afectada con cada una de estas reformas.
Sabemos que durante la pandemia se ha reducido el recaudo de impuestos. Muchas empresas tuvieron que cerrar, otras reducirse y unas más quebraron. De igual manera, el desempleo aumentó en las grandes ciudades de manera alarmante, y esto también redujo la tributación de impuestos de personas naturales. Hoy la tasa de desempleo en el país, en promedio es del 17,3 por ciento, es decir, un 4,3 por ciento más en comparación con el año anterior.
La reforma ya anuncia apoyos a las grandes y pequeñas empresas para que generen más empleo. El pasado fin de semana el presidente aseguró que se retirará del proyecto la propuesta de gravar la canasta familiar con el IVA. Amanecerá y veremos. En varias de las reformas tributarias presentadas por los distintos gobiernos se acude a generar exenciones de impuestos a las grandes empresas, con el propósito de crear más y mejor empleo, pero lo único que se ha logrado es beneficiarlos, y la solución al empleo no ha sido efectiva.
Tanto el gobierno como el legislativo, en este momento histórico de la humanidad, tienen en sus manos la posibilidad de promover la equidad, gravar la renta de capitales, la riqueza patrimonial, reducir los beneficios tributarios a los más ricos y a las personas jurídicas, y manejar de manera equitativa las rentas laborales, de manera que no se asfixie a la clase media y se hunda en la miseria a las clases bajas.
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