En su reciente conversación con Francisco de Roux, el expresidente Uribe dijo que quizás habría que pensar en una amnistía general.
Estoy convencido de que su intención fundamental era obligar a una reflexión ciudadana y política sobre la agresiva desigualdad que hay en el hecho de que los delitos internacionales de las Farc, responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, los peores y más lesivos y espantosos, no paguen ni un solo día de cárcel y en cambio quienes han cometido delitos menores, más leves, mucho menos gravosos, sí vayan a parar con sus huesos en prisión.
Santos hubiera querido cobijar a las Farc con una amnistía plena. Fue lo que ocurrió en el pasado, siguiendo una vieja tradición en nuestro país, con el M-19, la CRS, el ADO o el Quintín Lame. La única excepción se dio durante el gobierno de Uribe, cuando se estableció que los llamados paramilitares tenían que pagar penas de prisión de cinco a ocho años. Pero su deseo no era posible porque el estatuto de la Corte Penal Internacional, del cual Colombia hace parte, ha establecido inequívocamente que los crímenes internacionales no pueden ser objeto de amnistía o indulto.
Por eso el pacto de Santos estableció un doble tratamiento judicial: amnistía para la guerrillerada y una jurisdicción especial para los jefes de las Farc, la JEP, sin cárcel aunque, se supone, con sanciones simbólicas. De paso, y en contra de lo que habían prometido y de la jurisprudencia, consiguieron que el narcotráfico fuera considerado como conexo a los delitos políticos y, por tanto, fuera amnistiable.
Ahora, a diferencia de los procesos de paz anteriores, que se limitaron a la impunidad de los violentos, a las Farc se le dieron beneficios políticos extraordinarios, como las diez curules regaladas en el Congreso por dos legislaturas y financiación especial para su partido y sus actividades políticas.
El tratamiento judicial y político extraordinario para las Farc es una ruptura al principio de igualdad frente a la ley, columna vertebral de las democracias y el estado de derecho. Alegan que «la paz» lo justificaba. Lo cierto es que el pacto no solo no terminó el conflicto con las Farc sino que hoy hay más homicidios en Colombia que en el 2015, antes de la firma del acuerdo en el 2016. Aunque esa es otra discusión que, en todo caso, los políticos y periodistas no quieren tener.
Pero el punto acá es diferente, es estudiar si hay mecanismos que resuelvan la profunda inequidad de ese tratamiento desigual que beneficia a las Farc y lo ofensivo que resulta para las mayorías ciudadanas. Con dos advertencias: como dije, hoy no caben amnistías o indultos para crímenes internacionales y, por otro lado, la amnistía solo es posible para delitos políticos, no para delitos comunes. He criticado una y otra vez la idea subyacente de que debe haber un tratamiento favorable para los delitos políticos. En una sociedad democrática no hay razón alguna para tratar mejor para quien asesina por motivos ideológicos. En mi opinión, ese delincuente merece incluso una sanción aún mayor. Como sea, hoy la amnistía solo opera para los delitos políticos y conexos.
El camino para resolver la injusticia, sin embargo, no es la extensión a otros de la impunidad de facto para las Farc o de sus beneficios políticos. La impunidad no solo es radicalmente injusta y es partera de nuevas violencias sino que es un estímulo perverso para seguir delinquiendo y para que otros delincan. Ampliarla es antipedagógico, envía el mensaje equivocado. Y premiar con beneficios políticos a otros criminales peligrosos solo erosiona aún más el sistema democrático y contribuye a ensuciar con indeseables los recintos de debate y toma de decisión institucionales. A mi me ofende ver a los criminales de las Farc en el Congreso. No me compensará ni tranquilizará ver a otros criminales en él.
Estoy convencido de que la vía que tenemos que recorrer es la contraria. Si queremos ser una sociedad civilizada es indispensable sancionar efectivamente a quien delinque, erradicar de una vez y para siempre la impunidad, y dejar de tratar mejor a los criminales, a quienes tienen por único mérito el fusil y el asesinato. Si ha de premiarse a alguien que sea a esa inmensa mayoría de colombianos, pacíficos, trabajadores y honestos.
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