Servicio militar obligatorio

“El Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa en particular, deben apostar por la restructuración del servicio militar, apuntando a la profesionalización. No más batidas. No más jóvenes como carne de cañón (…)”.


El artículo 216 de la Constitución Política dispuso que “todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”. La Ley 1861 de 2017, por su parte, reglamentó el servicio de reclutamiento y al efecto señala en el artículo 4º que, “el servicio militar obligatorio es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos de servir a la patria, que nace al momento de cumplir su mayoría de edad para contribuir y alcanzar los fines del Estado (…)”.

Dentro de este marco general, vale la pena destacar que en el Congreso cursa un proyecto de Acto Legislativo que pretende eliminar el servicio militar obligatorio [1] por el desempeño de funciones sociales y ambientales. El texto propuesto “prohíbe toda forma de reclutamiento militar forzoso. Todos los colombianos y colombianas están obligados a prestar un Servicio Nacional Social y Ambiental para fortalecer el sentido de pertenencia nacional y la construcción de sociedades democráticas”.

El senador Humberto De La Calle, resalta la necesidad de disminuir de manera gradual la obligatoriedad del servicio, teniendo en cuenta que existe un proceso de paz que está en marcha. Obvio, no está declarado el fin del conflicto armado; la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales sigue vigente. Pero, sin duda, se trata de una deuda del Estado colombiano con los jóvenes y sus familias. Se cuentan por miles las denuncias de casos en los cuales se adelantó el reclutamiento vulnerando el régimen excepcional, en las tradicionales y comúnmente llamadas batidas. Al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C 879/11 señaló que la práctica indiscriminada de las batidas “implica incurrir en detenciones arbitrarias prohibidas por el artículo 28 constitucional”.

El ejército tiene la obligación constitucional de defender a los ciudadanos y al Estado, en el marco de los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas requieren las herramientas necesarias para su consolidación. Y en ese camino, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa en particular, deben apostar por la restructuración del servicio militar, apuntando a la profesionalización. No más batidas. No más jóvenes como carne de cañón.  El experto en seguridad nacional y defensa, Jairo Libreros, argumentó en noticias RCN que “el servicio militar obligatorio se puede eliminar, pero en el marco de un proceso de profesionalización de las Fuerzas Militares”. El paso adelante se centra entonces en determinar ¿cómo profesionalizar la fuerza pública?

Así a muchos no nos guste, las cosas como son: el servicio militar obligatorio es clasista. Dirigido a quienes, al cumplir su mayoría de edad, no pueden “comprar” la libreta. Inés Santaeulalia, lo resume en el diario El País de España con las siguientes palabras “en Colombia el servicio militar es obligatorio solo para el que no puede pagarlo (…) El Ejército es terreno de los más desfavorecidos” [2]. ¿Alguien puede dudar que se debe romper con ese pasado violento?


[1] La exposición de motivos y el texto completo del proyecto de Acto Legislativo “por medio del cual se elimina el servicio militar obligatorio en tiempos de normalidad y se modifica el artículo 216 de la Constitución Política”, puede ser consultado en el siguiente enlace: https://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-de-acto-legislativo/cuatrenio-2022-2026/2022-2023/article/12-por-medio-del-cual-se-elimina-el-servicio-militar-obligatorio-en-tiempos-de-normalidad-y-se-modifica-el-articulo-216-de-la-constitucion-politica

[2] Artículo de Inés Santaeulalia en El País de España: publicado 28 de octubre de 2022: https://elpais.com/america-colombia/2022-10-28/colombia-quiere-acabar-con-un-servicio-militar-clasista-pero-util-para-la-seguridad.html

 

 

About the author

Miguel Ávila Bruno

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma (Bogotá). Experiencia en dirección, gestión y asesoría de entidades públicas.

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