«Porque en media parte de la humanidad es legal. ¿Va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis o van a ser los campesinos de cannabis del Cauca?)»
En el pasado mes de agosto del año 2022, el hoy presidente Gustavo Petro Urrego, en medio de un evento realizado en la ciudad de Cali, pronunció unas palabras que levantaron un gran revuelo en la opinión pública al manifestar el mandatario que «Si queremos que los alcaldes que están en la zona de los Andes donde se produce marihuana hagan el diálogo regional, hablemos. ¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias como sembrar maíz, como sembrar papa y vemos si se exporta eso y nos ganamos unos dólares?».
Dicha interlocución realizada por el mandatario no finalizó ahí, siendo aún más osado este al arremeter en contra de las limitaciones al acceso de permisos para el cultivo de Cannabis por parte de los nacionales Colombianos, toda vez que estos permisos según el mandatario, estaban beneficiando a capitales extranjeros y no al nacional, o bien eso dio a tender con sus palabras, siendo estas textualmente las siguientes «Porque en media parte de la humanidad es legal. ¿Va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis o van a ser los campesinos de cannabis del Cauca?».
Si bien es cierto que, lo expresado por el presidente causó un gran revuelo y una lluvia de críticas por parte de un sector conservador de la población, también podemos afirmar que, estas mismas palabras daban una esperanza a otro sector de la población y generaba la expectativa de la creación de nuevas oportunidades laborales a un sector económico históricamente afectado por los altos costos en los insumos destinados para el cultivo de la tierra, alivianando esta carga económica al quitar la necesidad de la obtención de la licencia de cannabis psicoactivo, la cual tiene un costo de 1.027,01 UVT, que equivaldría en pesos colombianos a $39.030.488,04 para el año 2022 (dato sustraído de la CIRCULAR No MJD-CIR21-0000161-GCCAN-3312), lo anterior sin contar la obligatoriedad del cumplimiento de las reglas estipuladas en el Decreto 811 de 2021 el cual «modifica el sistema de licenciamiento y cupos para el cultivo y fabricación, define usos industriales y permite exportación de flor seca de cannabis. Amanecerá y veremos el verdadero motivo de dicho mensaje dado por este» y la Resolución 539 de 2022 por el cual «se reglamenta el Decreto 811 de 2021 que sustituye el Título 11 de la parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con las operaciones de comercio exterior de semillas para siembra, grano, componente vegetal, plantas de cannabis, cannabis, derivados de cannabis y productos relacionados«.
Exigencias altas las cuales, en muchos casos pequeños y hasta medianos agricultores no podría cumplir a cabalidad por sus altos sobrecostos que ha de asumir el interesado desde un inicio, olvidando presuntamente el legislador al momento de expedir dicha regulación, el tiempo que tardaría el crecimiento de la planta de cannabis y la omisión clara de la real ganancia que se estaría viendo reflejada solo al momento de la venta del producto, no antes, dejando por fuera parámetros como, el tiempo estimado del crecimiento de la plata, el tiempo de estimación de la etapa de floración, la recolección de la flora (cogollo), su puesta al secado y su posterior venta, que equivaldría en tiempo a un estimado de 6 a 8 meses para surtir todas estas etapas previas de cultivo hasta llegar a su posible distribución.
Situación que presuntamente fue vista o informada al hoy presidente Gustavo Petro el cual, muy factiblemente, en el entendido de estas situaciones y en la búsqueda de facilitar la legalización de los cultivos, brindó un mensaje con buenas intenciones he incentivando el crecimiento de la economía al manifestar la nula necesidad de permisos para la plantación y venta de cultivos de cannabis, viéndose aliviada la carga económica para los pequeños y medianos agricultores por parte del gobierno al este no exigir las licencias mencionadas anteriormente, ahora bien, dicha situación se ve desdibujada con lo expuesto en el Congreso de la república, más específicamente por lo planteado en la reforma constitucional que busca la regulación del consumo de cannabis en adultos mediante el proyecto de autoría del representante de la cámara Juan Carlos Losada.
¿Por qué se desdibuja dicha favorabilidad a los agricultores colombianos?, esto se da a razón del mismo argumento expuesto por el Sr. Juan Carlos Losada en su ponencia, en la que se observa en su literal «D» denominado «EXPERIENCIAS COMPARADAS EN REGULACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL CANNABIS EN OTROS PAÍSES» una clara omisión a lo ya expuesto por el presidente de la república en meses anteriores, al hablar nuevamente en este literal de «licencias que garantizan la seguridad de los productos», siendo una contradicción clara a lo dicho por el mandatario y lo presentado en el Congreso de la República.
Se ha vuelto habitual en este gobierno que, en reiteradas ocasiones brinden pronunciamientos los cuales pasado un tiempo se ven en la obligación de retractarse; presuntamente en procura de resguardar intereses los cuales solo ellos serán conocedores de su real motivo, defraudando a ciertos sectores y a parte de la población civil.
En este caso observamos claramente, una contradicción entre lo dicho por el mandatario y lo planteado en el congreso, el cual no estipula, concibe, ni observa alivios a los campesinos colombianos queriendo equiparar su capacidad económica con capitales extranjeros, retornando a la rueda cíclica causada con el TLC, en el entendido de desproteger la empresa nacional al ponerla a competir con entidades extranjeras de gran músculo financiero.
Si bien, la inversión extranjera es de alto valor para el país y la entrada de capital extranjero al mismo sería sumamente indispensable para el desarrollo de los intereses de la nación, es innegable que la balanza no está equilibrada a favor de tener una protección real a los nacionales y mucho más a nuestros campesinos, retornando a la base del problema de la quiebra de la economía colombiana la cual no le pertenece en gran medida a los nacionales, si no a extranjeros inversores.
¿Problemas como estos tienen solución?, la respuesta clara es Si, siendo un inicio la expansión de un programa de ayudas, financiación e incentivación a pequeñas y medianas empresas que opten por incursionar en este nuevo mercado, imponiendo a empresas extranjeras mayores costos para la adquisición de licencias, obligatoriedad de participación de nacionales en sus inversiones y empresas, conexo ello a la obligatoriedad de la contratación de mano de obra colombiana, con el fin de evitar el aumento de dicha brecha económica de Colombia con el resto de países, siendo lo anterior una sola de las múltiples soluciones dables para la toma de las riendas económicas nacionales de nuestras empresas y sectores económicos.
Por último, se ha de resaltar que en dicha situación, no todo ha de ser malo, toda vez que en dicha propuesta se da la facultad a los departamentos y municipios de decretar y percibir impuestos locales, garantizando fuente de ingresos a estas entidades territoriales similares al impuesto predial y/o con las rentas distritales y departamentales, ahora bien, es de importancia cuestionarnos ¿Estos impuestos cuando se comenzarían a pagar? y sobre todo ¿Quiénes tendrían la capacidad económica suficiente para asumirlos?
Comentar