“Castigar a un niño con maltrato físico, es validar automáticamente una premisa antidemocrática: Debe valer más el poder de la fuerza, de la humillación y el desconocimiento que el poder de los argumentos, del ejemplo y el reconocimiento de la dignidad”
Los estudiosos de la paz han determinado que una sociedad pacifica es aquella que carece de conflictos bélicos, de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de conflictos mal resueltos entre los ciudadanos. Colombia, como ha mostrado la historia, reprueba en estas tres condiciones para la paz.
Antes de la firma del acuerdo de paz con las FARC, la violencia “cotidiana” tipificada entre otros eventos como las riñas callejeras o vecinales, se posicionaba en los primeros lugares como causa de muertes violentas en el país. Ahora, después de haber asumido un compromiso con al menos acabar la violencia armada, hay que subsanar las otras deudas, esto es, acabar para siempre la violencia cultural.
En este sentido, la ley que prohíbe los castigos físicos o tratos crueles contra niños, niñas y adolescentes aprobada por el senado, representa un paso radical hacia la pacificación de la sociedad colombiana y la purificación de las ideologías culturales que han reforzada la idea de que la única solución de los problemas interpersonales es la agresividad y el desconocimiento de la integridad del otro.
Llilian Yaffe, una investigadora del conflicto armado en Colombia de la Universidad de Miami, señala que una de las posibles explicaciones de las causas de la violencia en el país es lo que ella denomina el bipartidismo cultural que, si bien hace referencia al fenómeno político de enfrentamiento entre dos partidos, también debe ser entendido como una disposición cultural de imponerse sobre el otro, eliminando la diferencia, desincentivando el dialogo y alentando la “solución” de los conflictos a través del uso de la fuerza.
Esto sin duda alguna, no ha sido un fenómeno exclusivamente político, es también de naturaleza familiar, toda vez que ese es el núcleo de aprendizaje de la socialización humana. Castigar a un niño con maltrato físico, es validar automáticamente una premisa antidemocrática: Debe valer más el poder de la fuerza, de la humillación y el desconocimiento que el poder de los argumentos, del ejemplo y el reconocimiento de la dignidad; y dar legitimidad a una idea semejante, es promover a todas luces la violencia a grandes escalas.
De este modo, la ley que es de naturaleza preventiva y pedagógica, pretende promover hábitos de crianza asertivos; formar a los padres y cuidadores en pautas de relacionamiento afectivo derivados de los estudios científicos de la psicología y otras ciencias, para que, de manera efectiva, tanto cuidadores como niños y niñas, puedan establecer entornos de respeto y reconocimiento mutuo.
Alguna de las críticas que pueden ser recurrentes a este tipo de leyes, pueden ser, por ejemplo, que el Estado no puede entrar a los fueros internos de la crianza familiar, o bien, que una crianza desprovista del castigo físico, fomenta en los niños y niñas desobediencia o fragilidad psicológica. Pero, en realidad, frente a la primera crítica, hay que decir que el Estado debe velar por los derechos humanos de manera efectiva, lo cual supone y, aludiendo al enfoque de capacidades para el desarrollo humano, hay que garantizar que los niños puedan desarrollar todas las actitudes y aptitudes que le permiten y permitirán gozar de una buena vida, todas estas relacionadas con la autoestima, el respeto y la resolución pacífica de conflictos.
Finalmente, frente a la segunda crítica, puede mostrarse en términos científicos y, por tanto, de validez objetiva que, al contrario de los mitos culturales, las pautas de crianza asertiva, le dan a los niños, niñas y adolescentes, recursos necesarios para lograr tener más seguridad en sí mismos y afrontar mejor los embates de la vida.
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