El DANE acaba de informar que la población se distribuye así: 35.7% son pobres; 31.3% son vulnerables; 30.4% clase media; y clase alta solo 2.6%. Algunos ricos insisten en solo hablar de justicia penal para resolver la violencia. Han utilizado su capacidad mediática para hostigar la Justicia Especial para la Paz y lograron opacar la Justicia Social. Así, la atención a las causas sociales del conflicto quedan subordinadas a los efectos jurídicos de las acciones realizadas durante la confrontación armada. Este énfasis difundido masivamente intenta alejar del debate público el reclamo urgente de hablar sobre la Justicia Social.
En el informe de la entidad estadística, como rara excepción, reconoce que la pobreza viene aumentando incluso sin medir los efectos del virus. Si bien el debate mediático y público no oculta esta foto de las dimensiones de la pobreza y la desigualdad, lo cierto es que poco se discuten las causas de la tragedia que afecta millones de personas. Un ejemplo de eso, es el odio que desata tan solo señalar el fracaso neoliberal implementado a sangre y fuego.
Renta Básica y Medios de Producción son conceptos determinantes en la lucha contra la pobreza y salidas estructurales que pueden ser ejecutadas desde la Política Social del Estado. En tal sentido tenemos algo que aprender de gobiernos que tuvieron lugar en la historia reciente de América Latina y el Caribe: Chávez, Ortega, Lula, Kirchner, Correa, Vilma, Cristina, Morales, Mojica, movieron los indicadores de Desarrollo Humano de la ONU y llegaron cerca de los alcanzados por Castro muchos años atrás en la Revolución. Procesos afectados fundamentalmente por las derechas golpistas y la intervención de los EEUU.
Uno de los aprendizajes son los alcances de la financiación de la lucha contra la pobreza exclusivamente con el presupuesto público. Aquellos progresistas implementaron políticas asistencialistas, aunque no por ello innecesarias teniendo en cuenta la dramática situación de miseria en el Continente. Con otros criterios políticos para definir las prioridades de la sociedad y apoyados con finanzas públicas beneficiadas por los altos precios del petróleo, lograron masificar subsidios y otras ayudas a las víctimas del empobrecimiento; ampliaron la cobertura de políticas públicas a las cuales solo accedía una pequeña porción de la población como en el caso de Colombia con la focalización contraria a la universalización.
Aprendimos otra vez que si al pueblo pobre y trabajador no se le entregan medios de producción está condenados al permanente empobrecimiento. En un intento por emprender un viraje en ese sentido, el Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC EP considera la distribución gratuita de 3 millones de hectáreas y la formalización de 7 millones más. En zona rural y urbana deben entregarse como mínimo tierras para avanzar en la autonomía de millones de personas y puedan romper la cadena del empobrecimiento. En esto es obvia la participación decidida del Estado conducido por los mismos pobres.
Comentar