“No es un problema del gobierno de turno, es un problema histórico. Por eso, lo que se quiere dar a entender es que lo que está sucediendo hoy es la prolongación del Estado policial y no del Estado social de derecho”
Cuesta entender cómo Colombia se ha considerado la democracia más estable y duradera de todo Latinoamérica. Es una paradoja que el país lleve más de 100 años bajo el régimen democrático, pero que a la vez sea el país donde la injusticia y la violencia se manifiestan en todas sus expresiones. La fuerza represiva que está ejerciendo el Estado contra la ciudadanía, en el contexto del Paro Nacional que comenzó el 28 de abril de 2021, no es nueva. Lo nuevo ahora es el peso simbólico que ha adquirido la protesta como forma de manifestación social frente al Estado que se jacta ser de derecho, pero en términos materiales se revela como un Estado policial.
En tiempos de crisis también surge la necesidad de hacer memoria y para poder entender la dinámica del Estado policial vigente, es adecuado traer a colación el Estatuto de Seguridad Nacional (ESN). Ésta fue implementada por el expresidente Julio Cesar Turbay en el año 1978 y estuvo vigente hasta 1982. En el marco del ESN básicamente se igualaba la protesta social a la subversión y, por tanto, cualquier forma de protesta o crítica contra el gobierno y las restantes instituciones del Estado era perseguida. No había, así, posibilidad de algún reclamo social, sin importar que los derechos básicos fueran transgredidos. El Estado no sólo dejó de ser garante de los derechos que estaba comprometido a cumplir, sino que impedía, mediante la represión legalizada por el ESN, cualquier posibilidad de reclamo ciudadano frente a los mismos. Existía una persecución del ejercicio de ciudadanía, ya que más que una sociedad digna en condiciones de bienestar, tenía que primar el orden que las FF.AA. y el Presidente impusieran. En palabras más simples, en la democracia más estable y antigua de Latinoamérica, estaban asesinando a quien hiciera cualquier tipo de oposición, porque ésta representaba una amenaza a los valores políticos que caracterizaban la nación. La teoría del enemigo interno, corazón del ESN; legalizaba los ataques a la posición al enmarcarlos como legítima defensa del régimen, sin importar que esa situación implicará acciones represivas contra la población civil.
Lo sucedido con el Estatuto de Seguridad Nacional pone de manifiesto las dinámicas represivas que ha ejercido el Estado históricamente en contra de la sociedad, utilizando como recurso el abuso de autoridad. No es un problema del gobierno de turno, es un problema histórico. Por eso, lo que se quiere dar a entender es que lo que está sucediendo hoy es la prolongación del Estado policial y no del Estado social de derecho. La revisión histórica de lo sucedido con el ESN ayuda a entender y comprender por qué el actual gobierno y todos sus simpatizantes están empeñados en criminalizar a quienes protestan y salen a las calles, acusándolos de vándalos y justificando el uso de la fuerza contra la población civil. Ha sido muy evidente que el gobierno se ha preocupado más por enviar mensajes de deslegitimización y criminalización de la protesta social que de abrir canales de conciliación. No hay intenciones genuinas de comprender cuáles son las necesidades de quienes protestan. La violencia que se ha dado por parte de quienes han estado protestando en las calles – que en cualquier caso, ha sido minoritaria frente a la violencia represiva policial – ha visto rápidamente instrumentalizada por los agentes de poder, como estrategia útil en dos sentidos. Por un lado, esto ha servido para igualar discursivamente esos brotes violentos con la represión violenta de la protesta social. Por el otro, atribuirle un juicio moral al uso de la violencia por parte de los protestantes distrae las necesidades importantes de quien quiere ser escuchado.
En este sentido, atrae la atención del gobierno – y hace eco sobre ello – que se obstaculicen vías, que se rompan bienes públicos o que se queme un CAI, para después justificar el uso de la fuerza por parte de las Fuerza Pública. Hablar simplemente de vandalismo como consecuencia de una manifestación es no comprender el fenómeno que se está presentando y tener una visión reducida, para un problema complejo. Las acciones directas son consecuencias de una violencia menos visible que se ha naturalizado. La violencia estructural lleva a las personas a las calles y esto es lo verdaderamente importante. Y justo en este punto es donde el gobierno debe detenerse y pensar cómo es adecuado actuar, más allá de responder con más violencia directa.
De esta forma, no solo se sigue ignorando una problemática histórica, sino que se acrecienta la violencia, al violar los derechos de las personas a través del uso inmoderado de la fuerza por parte de la institucionalidad. El Estado no puede atentar contra la vida de los ciudadanos, por eso que el Presidente del país permita o minimice este tipo de abusos es una falta gravísima al Estado Social de derecho. Ello contribuye a perpetuar la dinámica del Estado policial, que no se refiere solo a los atropellos de la policía, sino, como lo dijo en alguna ocasión Guillermo Cano, el asesinado director de El Espectador, de todas las armas constituidas por el Estado.
A modo de conclusión, para entender bien lo que está pasando hoy en Colombia, es importante rememorar el pasado. De hecho, es el momento pertinente para recordar que la guerra en Colombia, mas que una guerra civil ha sido una guerra contra la sociedad y que el Estado sigue atropellando a los ciudadanos a su antojo, sin pudor y sin vergüenza. La desobediencia civil es un derecho y al menos parte de la violencia ejercida en la protesta es una violencia expresiva que espera de alguna forma sacudir, no solo una reforma tributaria, sino toda una estructura social y política que ha sido aún más violenta. No es lo mismo la violencia ciudadana o la acción directa de la protesta, que la violencia ejercida por las entidades estatales. No distinguir esto representa un problema grave. El Estado debería mediar, no amenazar. La violencia del Estado genera más violencia y es ejercida de forma ilegítima y sin derecho.
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