Aunque muchos han querido señalar al Centro Democrático de tramar una retaliación con la propuesta de la constituyente por la infame decisión de la CSJ contra el Presidente Uribe, la verdad es que ni los últimos gobiernos ni congresos han podido adelantar las reformas que en lo político, electoral, territorial y sobre la justicia requiere el país.
Los ciudadanos tenemos derecho a buscar otras alternativas para tramitar estas iniciativas, así sea por un camino más demorado y tortuoso como es el de un referendo.
Aunque son varios los temas que un mecanismo como este debería tratar, enumero en esta ocasión unos cuantos institucionales y económicos. Finalmente, las primeras moldean la política y ésta a su vez, como lo sugieren Robinson y Acemoglu, determina lo económico.
En primer lugar, se requiere una reforma a la justicia que la acerque al ciudadano; elimine sus facultades electorales que la han sumido en la más profunda corrupción; se pase de 4 altos tribunales -constitucional, supremo, de estado y superior de la judicatura- con decenas de magistrados a una sola corte que de verdad sea suprema y no tenga más de 9 togados vitalicios, y se les exija a ellos y a la Fiscalía una estricta rendición de cuentas.
También, será útil impedir la puerta giratoria hacia la política o el sector privado. Una de las cosas que más daño ha hecho a la judicatura es verla llena de políticos frustrados sin votos, que llegan a liquidar a sus adversarios con la cárcel por haber sido incapaces de lograrlo en las urnas.
Igualmente, se requiere una reforma política que le dé el gusto a los colombianos de contar en esta actividad con más líderes comprometidos con el bien común y menos políticos negociantes de intereses particulares. Para esto, en mi criterio, será necesario implementar un régimen semiparlamentario, un Congreso Unicameral; así como modificar el actual esquema de descentralización.
Es importante destacar que la evidencia empírica internacional, al estudiar cuál régimen favorece más el desarrollo, ha encontrado que los sistemas de gobierno parlamentarios o semiparlamentarios, por ser más democráticos, facilitan más que los presidencialistas la consecución de bienestar.
En Colombia, la crítica a un cambio de régimen ha estado asociada a la debilidad de los partidos políticos. Sin embargo, como en su momento lo afirmara el Ex Presidente Alfonso López Michelsen, esta es la discusión del huevo y la gallina. Es probable que sea precisamente un régimen semiparlamentario lo que requiera la democracia colombiana para tener partidos fuertes.
La implementación de un régimen semiparlamentario debería asociarse con un Congreso Unicameral. El esquema bicameral colombiano no hace ningún sentido. Tanto Cámara como Senado tienen las mismas funciones y sólo difieren en número y en el origen de su elección. También comparten el mal ejercicio de representación que hacen de los electores, pues en sus circunscripciones, representan a todos y a nadie a la vez. Esto último obliga a pensar, además, en la forma en que elegimos a los miembros de las corporaciones públicas. Será útil transitar hacia una forma de elección mixta, que combine el actual sistema proporcional con uno de mayorías. Así, buena parte de los miembros del Congreso, las Asambleas y los Concejos representarían a un número específico de ciudadanos, fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia.
De otro lado, es preciso que estas reformas lleguen también a los demás niveles de gobierno, departamentos y municipios. Los gobiernos en unos y otros deberían conformarse fruto de las mayorías logradas en las respectivas corporaciones públicas. Éstas, a su vez, habrían de ser elegidas bajo la modalidad mixta, fortaleciendo el papel de la representación y la rendición de cuentas. Por su puesto, será igualmente útil revisar el esquema de competencias en función de las economías de escala de los bienes y servicios públicos a ofrecer. Por ejemplo, los temas de policía, espacio público y convivencia ciudadana deberían quedar en mano de unidades territoriales pequeñas. Los asuntos de transporte público, educación, vivienda, salud, entre otros, en manos de unidades territoriales más pobladas.
Donde no se implemente el catastro multipropósito, será importante revisar la competencia local de manejar el impuesto predial. Este tributo no sólo debe servir para darles más autonomía fiscal a los municipios, sino para dinamizar el mercado de tierras rurales (vía venta o arrendamiento), gravando la propiedad con tarifas que premien la utilización de la tierra en línea con la vocación de uso del suelo. Mucho se haría en materia de distribución del ingreso procurando un mejor uso del impuesto a la propiedad en Colombia. En Estados Unidos y Canadá se logró no sólo una mejor utilización de la tierra rural; posibilitó, a finales del siglo XIX, que estos países alcanzaran altas tasas de cobertura en su educación básica.
Por último, es necesario acabar con la contralorías territoriales, verdaderas oficias de extorsión.
Todo esto, además, liberaría gran cantidad de recursos para aliviar la difícil situación social que nos dejará la pandemia y para promover el emprendimiento y la innovación.
Para llevar estos cambios es necesario un Referendo Ya.
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