El boom minero energético en Colombia quedó en los bolsillos de siempre. Es notorio el desbalance entre las ganancias de las empresas del sector minas e hidrocarburos y los ingresos al Estado nacional y subnacional derivados de este desarrollo. En la alternativa queda la pregunta por la viabilidad de renunciar a esos ingresos, reemplazar el sector y la planificar la diversificación energética. No es asunto de un período presidencial, pero la agenda del calentamiento global urge y pone en cuestión la continuidad de la mercantilización de los recursos naturales, en especial, cuando genera más ingresos a la inversión extranjera que a la sociedad colombiana. El asunto no es solo cambiar de propietario, de un privado a un público. Implica también considerar el tránsito hacia otro desarrollo.
En el caso del presupuesto de 2022, el gobierno presentó el proyecto por 348.3 billones de pesos; supone que obtendrá ingresos producto de los dividendos de su principal empresa: espera aportes de Ecopetrol por 8,4 billones, favorecidos con el crecimiento del consumo y del precio del crudo en la reactivación económica. Similar situación pasa con el carbón: se calcula que “las mineras dejarán impuestos y regalías por cerca de $1,5 billones este año”. (La República, 02-03-21). Para cualquier gobierno entrante, es difícil prescindir de esas cifras. En la última década, el Ministerio de Minas había estimado recibir “360 billones de pesos de parte del sector.” (El Tiempo.com, 02–21-12). El crecimiento económico y de riqueza con estos recursos nunca se vio reflejado en la inversión contra la pobreza. Si bien tales expectativas tienen el impacto de la reducción del precio del petróleo y la pandemia, lo cierto es que esa bonanza tampoco sirvió a las mayorías empobrecidas en décadas anteriores.
En adelante, y con los límites naturales al desarrollo capitalista a la vista, la alternativa no se agota en reemplazar el extractivismo malo contaminante por uno bueno, verde, limpio y altruista para resolver los problemas ambientales de la humanidad. Además, reemplazar y/o diversificar la canasta energética no está cerca. Hoy por ejemplo, al mismo tiempo que se anuncian grandes inversiones en proyectos de generación de energía solar y eólica, se autoriza exploración y explotación de recursos naturales, incluido el método del fracking; así mismo se construyen y se proyectan grandes hidroeléctricas proyectadas hacia la demanda creciente de energía allende de nuestras fronteras. En pandemia, la Inversión Extranjera en el sector minero sumó más de 800 millones de dólares en 2020.
Entonces, ¿cómo financiar la atención de la desigualdad, sin aportar al desastre ecológico? Tanto el reemplazo de la canasta energética, como su relevo en las finanzas del Estado, es tarea de largo plazo, de décadas. Tenemos ejemplos latinoamericanos sobre la dependencia y el papel de los ingresos mineroenergéticos en la lucha contra la pobreza solo con presupuesto público financiando asistencialismo. En el tránsito hacia otro desarrollo está el Acuerdo de Paz entre el Estado y las ex FARC EP: cambiar las relaciones entre el campo y la ciudad, distribuir de manera gratuita 3 millones de hectáreas de tierra y formalizar otras 7 millones. Alistar el campo para la soberanía alimentaria. De eso trata la paz, de combatir la pobreza con los medios de la naturaleza pero sin acabarla. Hay que dar el pescado, enseñar a pescar y concientizar de que el río es de todos y todas.
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