“El llamado de Gustavo Francisco Petro Urrego para que los colombianos salgan a las calles en el marco de lo que él considera una jornada cívica es una maniobra política destinada a engañar a las clases populares. El gobierno del cambio, tal como se vive en Colombia desde el 7 de agosto de 2022, se fundamenta en el inconformismo, la polarización, el odio de clases y el resentimiento. La izquierda ha abandonado su responsabilidad en el ejercicio del poder y el gobernar para todos.”
Mientras su presidente se centra en la imposición de sus reformas, que se frenan en el proceso legislativo o se someten a revisión constitucional, la agenda del ejecutivo invisibiliza y omite abordar problemas de seguridad como los ataques con drones en Popayán, el paro armado en el Chocó, el narcoterrorismo que tiene sitiado al Catatumbo, los atentados terroristas en Cúcuta y Villa del Rosario, o los retenes ilegales en Yondó, Antioquia. Parece que las ramificaciones del progresismo socialista en Colombia, caracterizado por la inoperancia de una administración pública eficaz, aún no han sido plenamente comprendidas por muchos. La situación actual de Colombia se asemeja mucho a las experiencias de Venezuela bajo el mandato de Hugo Chávez Frías, que inculcó una cultura de dependencia de la ayuda estatal en lugar de fomentar un sentido de responsabilidad personal para el propio progreso. La situación actual en Venezuela es el resultado de numerosas limosnas estatales y jornadas cívicas organizadas para apoyar la aplicación de reformas del cambio.
Un ejercicio sencillo para demostrar la naturaleza problemática del progresismo socialista y sus reformas es revisar los últimos acontecimientos en el sector salud. Pacientes con trasplantes o enfermedades de alto costo llevan hasta cuatro meses sin medicamentos esenciales y en riesgo de perder la vida. Las EPS, ahora bajo administración estatal, han agravado la situación al introducir complicaciones y obstaculizar la prestación efectiva de los servicios. Esta iniciativa, que pretendía ser un modelo de la reforma propuesta por su mandatario, ha dado lugar en cambio a importantes desafíos, lo que pone de relieve la necesidad de una cuidadosa consideración antes de proceder con la aprobación legislativa. Los defensores de las iniciativas de la izquierda parecen ser sujetos incoherentes a los que su fanatismo les lleva a salir a la calle en marchas de protesta en las que pronuncian discursos que, ni siquiera ellos, terminan de creerse. Les falta gallardía y sensatez política para reconocer su error, el haber apoyado al Pacto Histórico por Colombia.
La propagación del miedo, orquestada por su dignatario, pretende infundir temor en la población y reavivar los llamados grupos de ciudadanos de «primera línea» que salen a la calle para intimidar y destruir la infraestructura urbana, causando perjuicios a todos. Las llamadas «jornadas cívicas por la dignidad» que se organizan no son más que un pretexto para el vandalismo, el odio y la destrucción. Resulta desconcertante e incoherente que se considere a los indígenas como los defensores de las reformas y, sin embargo, sean ellos mismos los que abogan por los derechos laborales si no trabajan, el acceso a la salud que no usan y la reforma de las pensiones, a pesar de no cotizar a este sistema; así, como expresan su preocupación por el aumento del precio de la gasolina y los impuestos que no pagan. En Colombia, la situación es crítica, ya que desde el progresismo socialista se está socavando los cimientos de la sociedad nacional. Durante más de 30 años, el modelo político, económico y social ha funcionado, pero ahora está en serios problemas debido a las políticas del gobierno de izquierda.
Las acciones de su presidente sugieren un deseo de implementar cambios que no se alinean con las necesidades del pueblo colombiano. El balance del progresismo socialista es de fracasos: en más de dos años de gobierno no ha habido ninguna contribución al bienestar de los colombianos. La reforma tributaria concebida por la izquierda no fue un éxito. Un sondeo de opinión pública revela una decepción generalizada por el incumplimiento de las promesas de campaña, la falta de reducción de los peajes, la ausencia de mejoras en el sistema de salud, la complejidad del acceso al ICETEX, la no concesión de créditos, el encarecimiento de la canasta familiar y de los hidrocarburos, y la permanencia del cuatro por mil, por solo decir algunos. En el contexto de una nación que aún lucha por alcanzar la paz total, se ha presentado una preocupante escalada de masacres, y parece que la felicidad de los «nadies» es inalcanzable. Es evidente que Gustavo Francisco Petro Urrego es un mitómano, y su credibilidad es cuestionable.
La desconexión de su mandatario con las necesidades reales de la gente es total, y las cortinas de humo no logran ocultar que los alfiles de la izquierda quieren evitar, a como dé lugar, que se hable de los líos de seguridad del gobierno (Chocó, Cauca, Santander, Arauca), de la corrupción y el despilfarro, de su incapacidad de gestión. Parece que a Gustavo Francisco Petro Urrego y a los alfiles del progresismo socialista les complace causarle daño a la nación y a su gente. El inicio de la campaña electoral de 2026 se caracteriza por las aspiraciones del mascarón de proa del Pacto Histórico, quien busca mantener el poder por medios violentos, instigando mítines que incitan al descontento social y a la destrucción generalizada de Colombia. Las consecuencias de la mala toma de decisiones son evidentes, y no se trata solo de aplicar reformas, sino de voluntad política pública. La movilización de los ciudadanos en las calles es una medida populista que entorpece el desarrollo del país. El gobierno ha sido ineficaz y ha causado daños significativos al aparato productivo, y sus acciones representan una amenaza constante.
La estrategia de distracción y división en Colombia a través de la implementación de reformas es un método para mantener el sufrimiento de la sociedad, mientras se ofrece un mínimo de esperanza. El pulso que ahora se mide con gobernadores, alcaldes, empresarios y honestos ciudadanos trabajadores marca el inicio de una consulta popular, una alerta máxima contra una confrontación directa entre el ejecutivo y el legislativo que deterioraría la democracia. Las circunstancias actuales brindan una oportunidad para que el gobierno aplique sus reformas discretamente, asegurando así su dominio político continuado. Sin embargo, este enfoque no da prioridad a la productividad, que es crucial para el crecimiento económico y el desarrollo de la nación. Este enfoque, que algunos podrían calificar de maquiavélico, busca fomentar el caos, la destrucción, el vandalismo y la violencia, y se financia con recursos públicos. El objetivo parece ser intimidar a los ciudadanos honrados y trabajadores.
Se está incitando a la movilización de cientos de indígenas, a los que poco o nada importan las decisiones del poder legislativo, ya que tienen sus propias leyes y viven de la teta del Estado, para provocar un odio de clase visceral. Esto está causando desorden y basura en las ciudades. Colombia no puede dejarse chantajear por Gustavo Francisco Petro Urrego, quien está utilizando al poder legislativo como peón de sus juegos políticos, desconociendo la separación de poderes e incitando a los ciudadanos a salir a las calles para promover el caos y la violencia, justificando así su plan de perpetuarse en el poder. Colombia es consciente de las acciones irresponsables de su dignatario, que pretenden detener el progreso del país. La nación no puede permitir que su productividad se paralice por marchas impuestas desde arriba. Mientras su presidente convoca protestas para distraer la atención de los verdaderos problemas, el pueblo sigue sufriendo las consecuencias en la economía y la estabilidad cotidiana.
El país debe avanzar y no se detendrá para satisfacer caprichos políticos. Adherirse a los principios del progresismo socialista implicaría aprobar tácitamente las atrocidades, la corrupción, el clientelismo, las bodegas digitales, el narcotráfico y demás malas prácticas asociadas a la gobernabilidad de izquierda. Las jornadas cívicas y las manifestaciones callejeras no son más que el instrumento de Gustavo Francisco Petro Urrego para utilizar a los colombianos desprevenidos para que salgan a hacer desorden. Este método le permite medir la aceptación de la consulta popular e iniciar su campaña presidencial en 2026. Demostrar respeto por la democracia implica tener memoria, cualidad de la que carecen actualmente los políticos y el pueblo colombiano. Esta memoria debería haber llevado al cese de la agenda del cambio hace mucho tiempo.
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