Opinión Selección del editor

¿Por qué la Contraloría se equivocó en el caso de Hidroituango?

La decisión de la Contraloría General de la Nación de embargar las cuentas de los contratistas de Hidroituango es irresponsable, por sus graves consecuencias colaterales, y claramente ineficaz, para su supuesto objetivo de evitar el detrimento patrimonial del que se acusa a dichos contratistas.

El embargo, hasta ahora limitado a la firma Integral, puede llevar a la quiebra de los contratistas y a la consiguiente parálisis del proyecto. La parálisis del proyecto afectaría de inmediato la calificación crediticia de EPM y la pondría en dificultades con sus acreedores bancarios, especialmente el BID. Con el retraso en el cronograma, la entrada en operación comercial de las dos primeras unidades se tardará uno o dos años más de lo previsto, poniendo al País en riesgo de racionamiento en el verano de 2023 o 2024.  Y todo esto por nada.

El patrimonio todo de todas las empresas constructoras y de ingeniería de Colombia probablemente no suma los cuatro billones de pesos que la Contraloría pretende recuperar. Las encartadas a lo sumo representan el 10% de ese monto. Esto no tiene nada de anormal pues para contingencias como la de Hidroituango ninguna empresa del mundo debe responder con su patrimonio, menos con sus cuentas bancarias. Para eso se inventaron los seguros y reaseguros.

El problema es que, al igual que EPM con su demanda, la Contraloría pone en riesgo la única fuente de pago cierta que permita recuperar los sobrecostos causados por la contingencia de abril de 2018. El proyecto estaba muy bien asegurado, incluido el túnel que colapsó, y la aseguradora estaba dispuesta a pagar.

El valor asegurado de la póliza todo riesgo para daños materiales asciende a US$ 2.557 millones y el del lucro cesante a US$ 629 millones. A una tasa de cambio 3.700 $/US$, esas sumas equivalen a COP 9,5 billones y COP 2,3 billones, aproximadamente. La primera cifra equivale a un 60% del costo del proyecto inicialmente estimado y a un 43% del que probablemente tendrá finalmente, incluidos los sobre costos generados por la contingencia. La segunda es poco más de dos veces el valor de la energía que se vendería en dos años de operación del proyecto. Cualquier cosa puede decirse del proyecto Hidroituango, menos que estuviese infra – asegurado.

El 2 de mayo de 2018 se dio aviso del siniestro a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. El 16 de septiembre de 2019, Mapfre informó a EPM su decisión de otorgar cobertura bajo la póliza “Todo riesgo construcción y montaje”. Mapfre determinó que la causa de la contingencia estaba enmarcada dentro de la cobertura de dicha póliza que aplica a la reparación de la infraestructura, obras civiles, equipo y lucro cesante. En diciembre de 2019, la aseguradora realizó el primer desembolso de US$ 150 millones y el septiembre de 2020 el segundo por US$ 100 millones. La compañía de seguros aceptó pagar por la contingencia causada por el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación porque había admitido la inclusión de esta y del conjunto de obras que conformaban el Sistema Auxiliar de Desviación dentro de la cobertura de la póliza de todo riesgo.

Al otorgar cobertura la aseguradora está reconociendo la ausencia de dolo o negligencia grave en la ocurrencia del siniestro. Por eso, cuando EPM demanda a sus contratistas por incompetentes o la Contraloría les imputa responsabilidad fiscal por culpa grave, están dando a la aseguradora argumentos para desistir de la cobertura ya reconocida. La demanda de EPM y la imputación fiscal de la Contraloría no parecen acciones muy inteligentes porque exoneran al único actor que puede pagar el siniestro: el sistema internacional de seguros y reaseguros.