La “paz total” suena bien. Porque cuánto diéramos los colombianos por no haber padecido tantas violencias políticas, empezando por las de los liberales y los conservadores en los siglos XIX y XX. Y que desde los años sesenta del Siglo XX suframos por las violencias “de izquierda” que en Colombia y en otros países, en un error garrafal, intentaron copiar el alzamiento armado de Fidel Castro en Cuba. Pero en aras de la verdad también debe decirse que otros sectores “de izquierda” nunca han usado la violencia para promover sus puntos de vista.
Tan estériles han sido los errores cometidos con estas violencias –antes y después de la Constitución de 1991–, que suelo repetir la conclusión del padre Francisco de Roux como la mejor conclusión de este dolorosísimo drama que aún no termina: una violencia que “no mejoró nada y lo empeoró todo”. Y que el Estado –dicen los hechos–, nunca pudo terminar.
Bienvenido entonces el acuerdo que terminó con la violencia liberal-conservadora. Y los pactos con el M-19, con otros sectores y con las Farc, porque sus renuncias a la lucha armada redujeron la violencia y condenaron como equivocada la táctica de la combinación de todas las formas de lucha política –legales e ilegales–, como manera darles solución a las lamentables condiciones de vida del pueblo colombiano.
Y bienvenida la “paz total”, proceso más complejo que los anteriores por aquello de lo “total”, que implica acabar con tres violencias: la del ELN, la de los exmilitantes de las Farc que siguen en el monte porque no aceptaron los acuerdos o los incumplieron y la de los delincuentes comunes, exclusiva o principalmente narcotraficantes.
Con mirada optimista, aunque creo que no será fácil, veo factible un acuerdo de paz con el ELN, semejante al de las Farc. Aunque tiene mayores complejidades –por algunos ya señaladas–, también pueden salirse de la violencia los ex Farc que aun empuñan las armas. Pues, aunque suene a simple, esas paces son irreversibles si el Estado y cada grupo ilegal se deciden, pactan y cumplen los acuerdos.
La paz que veo imposible es la del narcotráfico. Pero no porque no pueda llegarse a acuerdos con quienes controlan ese negocio, así sean más complejos. Sino porque, aunque todos ellos se acuerden con el gobierno –posibilidad que insisto en observar viable–, no hay manera de impedir que otros narcotraficantes reemplacen a los actuales, empujados por un negocio descomunal, del orden de diez mil millones de dólares al año en Colombia, capaz de corromperlo casi todo, en negocios privados, la política y el Estado.
Este lío nos lleva entonces a debatir sobre cómo acabar con el súpernegocio del narcotráfico, solución que exige alguna forma de legalización del consumo, el comercio y la producción, verdad que nadie puede entender mejor que Estados Unidos. Porque, en 1920, ese país prohibió la fabricación, transporte y venta de las bebidas alcohólicas, medida absurda que disparó el contrabando de los licores, la corrupción y la violencia –con las inmensas ganancias propias del delito–, horrores que inmortalizaron los Al Capone de las películas y que terminaron en 1933, una vez los gobernantes, retornando a la sensatez, derogaron la prohibición.
La gran traba reside en que la única solución posible no le interesa al gobierno de Estados Unidos, país que gana de varias maneras con lo que ocurre: el negocio es inmenso porque es ilegal y allá se queda lo principal de las ganancias, sus políticos engatusan electores con el eterno debate del sí y el no y la prohibición y el crimen le justifican intervenir en otros países.
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