Llevamos más de dos meses desde que el pueblo de Chile votó de forma contundente en contra de la nueva constitución propuesta, y no se ve con claridad cómo se podría seguir con un nuevo proceso, lo que es bastante preocupante para la democracia en el país.
De ahí que el resultado no sólo no fue el esperado y el voto obligatorio nos mostró una parte del país que no quisimos ver durante todo este tiempo, sino que ha generado también un escenario actual tremendamente desesperanzador y paralizante.
Lo señalo ya que la sola posibilidad de iniciar un nuevo proceso constituyente, pareciera bloquearse por una negación completa de lo ocurrido en octubre del 2019 en Chile, tanto por las violaciones a los derechos humanos como las demandas existentes, buscando vaciarlo completamente de contenido y despolitizar todo lo ocurrido.
Es lo que están intentando hacer distintos sectores políticos, empresariales y mediáticos, los cuales se han apropiado del resultado del 4 de septiembre, para no solo bloquear un nuevo proceso constituyente, sino que cualquier intento de reforma del gobierno del presidente Gabriel Boric.
Son los casos de la reforma tributaria y la reforma al sistema de pensiones, las cuales han tenido un verdadero muro de parte de la oposición de derecha en el congreso, aludiendo que son reformas perjudiciales para el país y que solo dañarían la economía.
El punto es que los argumentos que usan son exactamente los mismos para rechazar la nueva propuesta constitucional, en donde el discurso estadofóbico estuvo en el centro de sus planteamientos, así como poner los derechos de propiedad por sobre cualquier otro tipo de derechos.
Por eso que el rechazo a la nueva constitución, sea leído por estos sectores como un rechazo al llamado octubrismo, como le llaman a la revuelta social de manera despectiva, en donde tanto la derecha tradicional como la nueva derecha, están dejando pasar el tiempo para hacer vincular el fracaso constituyente con el accionar del gobierno.
Es cierto, nos equivocamos muchos de nosotros, al creer que la revuelta social y el proceso constituyente generarían tan nivel de politización en la población, que sería muy difícil de revertirlo en el plebiscito de salida, pero de ahí a negar los profundos malestares sociales de la sociedad chilena, es volver a creer que a nivel político e institucional estamos haciendo las cosas perfectamente bien.
A su vez, tampoco dimensionamos los efectos materiales y el miedo que generó la pandemia durante el proceso constituyente mismo, derivados del aumento del costo de la vida, el aumento de la inseguridad y por supuesto los miles de muertos como resultado del Covid 19, pero no por eso vamos a desconocer los altos niveles de desigualdad, segregación, abuso y endeudamiento de las familias para poder vivir, los cuales precisamente están peor que antes.
En consecuencia, caer en un negacionismo de octubre, como si lo ocurrido fuera una mera acción anómica, como diría Carlos Peña, o solo una mera reacción envidiosa como sostendría Axel Kaiser, es ignorar los profundos problemas estructurales generados por el modelo de acumulación hiperconcentrado chileno y la baja intensidad democrática en el país estos últimos 30 años.
Asimismo, reducir lo ocurrido a la mera violencia física durante las protestas, tildando de estallido delictual o antisocial a lo acontecido el 2019, como plantean las derechas constantemente, es no hacerse cargo de demandas sociales que llegaron a un punto de inflexión aquel año y que generaron las bases para abrir un proceso constituyente inédito en el país.
Por lo mismo, se podrá decir que en Chile no se generó el sujeto constituyente que creíamos que existía, pero de ahí a cerrar cualquier proceso transformador, es simplemente generar las condiciones políticas para un nuevo estallido social en el futuro, que podría ser mucho más violento de lo que nos imaginamos.
Frente a esto, la necesidad de un nuevo acuerdo constitucional en el país, que nuevamente de esperanza al pueblo de Chile, no puede seguir estancado por intereses mezquinos de ciertos partidos políticos de derecha, justificados por el resultado del proceso constituyente anterior.
No hay tiempo para seguir esperando y seguir paralizados, el congreso nuevamente debe dar respuesta al malestar ciudadano y actuar con responsabilidad, así como lo hizo con el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución el 15 de noviembre del año 2019, y ahí debemos estar apoyando nuevamente un nuevo proceso quienes aún creemos en un país distinto, sin purismos ideológicos y con el aprendizaje del proceso anterior.
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