Ni mandado a hacer

“… de no contratar pronto el país comenzará a enfrentar una escasez de pasaportes”

A principios del mes de septiembre el canciller Álvaro Leyva suspendió, por segunda vez, la licitación por 600.000 millones de pesos para la elaboración de pasaportes. Esto debido a que presuntamente el contrato estaría amañado para que únicamente se pudiera contratar a la compañía Thomas Greg and Sons quien desde hace 15 años se encarga de fabricar este documento.

¿Qué son los pliegos sastre o hechos a la medida?

Una licitación pública o concurso público es el procedimiento para adquirir servicios, suministros o ejecución de obras emitido por entidades públicas, idealmente este instrumento busca seleccionar y adjudicar el contrato al mejor oferente. Sin embargo, en muchas ocasiones las entidades privilegian a los contratistas que han apoyado sus campañas, a amigos o incluso familiares. Este proceso se da a partir de una formulación excluyente, haciendo que el contrato parezca “hecho por un sastre” o “a medida” de la empresa con la que se quiere contratar.

Aunque, por ejemplo, en el gobierno de Duque se presentó el Decreto 342 de 2019, que buscaba acabar con ese tipo de contratos, realmente la medida es bastante limitada, ya que sólo aplica para las obras públicas y del sector infraestructura de transporte. Así pues, esta medida no apunta a ser la gran promesa anticorrupción para la contratación como se anunció.

Ahora bien, regresando al tema de interés, en mayo la Silla Vacía revisó los pliegos de contratación a cargo de la cancillería para la expedición de pasaportes y encontró que hay cuatro condiciones que favorecen a Thomas Greg frente a la competencia: los tiempos del montaje de la operación, los tiempos para presentar la propuesta, las características que se evaluaran de los pasaportes y el puntaje máximo a alcanzar están a favor de la compañía siendo está la única que cumple con todos los requisitos, aunque la competencia incluye a empresas de Alemania, Francia y otras tres de Colombia.

¿Y los pasaportes para cuándo?

Por el momento la audiencia de adjudicación de la licitación quedó reagendada para el 13 de septiembre y si se contrata a una empresa que no cumpla con la totalidad de los requisitos el Estado podría enfrentar una demanda millonaria, por lo que el panorama apunta a que nuevamente Thomas Greg and Sons se quedará con el contrato. Cabe aclarar que de no contratar pronto el país comenzará a enfrentar una escasez de pasaportes, ya que, la empresa ha dicho que sólo quedan libretas hasta el 30 de septiembre.

Por otro lado, según reporta Infobae, en el marco de la expedición de pasaportes y visas, varios funcionarios de la cancillería fueron denunciados ante la Fiscalía y procuraduría general por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y concierto para delinquir. Los funcionarios fueron: José Antonio Salazar, el secretario general de la Cancillería, Lida Magaly Rodríguez Gutiérrez, coordinadora del Grupo de Contratación, y Eduardo Alexander Franco director administrativo y financiero de Relaciones Exteriores.

¿Cómo se ven las cosas para Thomas Greg?

Como ya se mencionó, es probable que la licitación para los pasaportes sea de Thomas Greg. Por otro lado, esta compañía también tendrá a su cargo los comicios regionales del 29 de octubre de 2023, situación que podría no ser del agrado del actual presidente, pues en su tiempo de senador publicó en su Twitter (ahora llamado X) “Thomas Greg & Sons es la dueña del software de cómputo de datos de la registraduría. Un software permeable al fraude. Thomas Greg & Sons pone los presidentes de Colombia” y aunque es posible que se conforme una unión con otro oferente, no sería de extrañar que en el futuro siga siendo esta empresa quien se quede con muchos otros contratos de comicios y documentación. A no ser que, tal como pasó en Brasil con la filial de esta misma empresa, se puedan comprobar indicios de fraude, el caso ocurrió en un contexto similar al actual colombiano, pues la empresa MI Montreal Informática SA fue la competidora que denunció un proceso de favoritismo y sobreprecio, siendo que ellos presentaron otra propuesta a menos costo, lo cual llevó a el juez Henrique Veiga a afirmar que era ilegal descalificar una propuesta más barata sin la oportunidad de una diligencia adecuada.