“Tal vez el ejemplo más dramático de un país innecesariamente arruinado por una economía paternalista es Uruguay”.
– Henry Hazlitt | «Uruguay: Estado Benevolente Enloquecido».
El pueblo uruguayo, en su mayoría, considera que el Estado es una institución benéfica y creen ideal que sea la única autorizada para gestionar bienes y servicios en la República Oriental del Uruguay. Yo ignoraba este pequeño detalle cuando, en 2018, decidí venir a pasar unos meses, con la clara intención de conocer y, si todo iba bien, tantear el terreno para luego asentarme. Por supuesto que luego, cuando me encantó el país y decidí instalarme a largo plazo, ya tenía un conocimiento más o menos profundo del amor casi tóxico que le profesan muchos uruguayos al Estado.
Me gustaría poder encontrarle una explicación más o menos reciente a este fenómeno, como la crisis económica que golpeó a Argentina en 2001 y que tuvo un impacto importante a este lado del Río de la Plata, pero lo cierto es que este fenómeno ya fue estudiado por otros antes que yo. Muchos ubican el origen de este estatismo enfermizo en la época en la que gobernaba el Presidente José Batlle y Ordóñez, que consolidó el batllismo a la vez que instaló en el Uruguay las entonces novedosas ideas referentes a la “justicia social”, traídas directamente desde la República Francesa.
Sin embargo, el análisis más breve y más apegado a la realidad sobre este tema es el que hizo Henry Hazlitt en Uruguay: Estado Benevolente Enloquecido, artículo al que pertenece el epígrafe que escogí para iniciar estas líneas. Hazlitt sostiene, muy resumidamente, que el estado económico del Uruguay al momento de escribir dicho artículo, en la década de los 60’s, se debía al enorme tamaño del Estado, lo que necesariamente deriva en un manejo ineficiente de recursos, una asfixia casi total del sector productivo de cualquier país y un elevado costo de vida para los ciudadanos.
Si bien me gustaría ahondar en este tema, lo dejaré para una posterior columna, pues lo que me interesa en esta oportunidad es analizar la postura que tienen algunos colectivos y conglomerados en Uruguay con respecto a las jubilaciones de los trabajadores.
El sistema jubilatorio en Uruguay es de carácter mixto, preponderando un sistema estatal de reparto solidario, gestionado por el Banco de Previsión Social (en adelante BPS) y complementado por un sistema de capitalización individual y privado, gestionado por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (en adelante AFAP). En resumen, de todos los aportes que un trabajador hace, un porcentaje importante va al BPS para su gestión y reparto, mientras que otro porcentaje menor va a las AFAP, que los reinvierte con el fin de lograr rentabilidad a largo plazo y devolver los fondos más las ganancias al momento de que el trabajador se jubile.
El sistema ideal
Nos han hecho creer que el mejor sistema jubilatorio es el de reparto solidario, estatal, gestionado por burócratas que también gestionan otras partes del Estado y cuyo desempeño es, cuando menos, deficiente. Los argumentos que sostienen quienes defienden esta idea se basan en la creencia –poco fundamentada en hechos– de que el Estado es mejor salvador de personas vulnerables que lo que puede serlo cualquier ente privado y, al mismo tiempo, sostienen que si te respalda el sector público siempre alguien va a responder, mientras que en el mercado y el sector privado puede que no.
El contraargumento para esto es simple: si nos basamos en que el Estado usufructúa fondos provenientes del gravado agresivo a los ciudadanos, cada vez que responde por una pérdida importante de capital y cubre montos millonarios, esa plata en realidad sale del bolsillo de otras personas. Mientras que el ahorro privado, en tanto tenga carácter voluntario, dependerá en gran medida de las decisiones del ahorrista (ahorrador), siendo responsabilidad individual el informarse y asesorarse correctamente para no perder e incluso aumentar el capital a largo plazo.
Si dependiera de mí, la respuesta sería clara: el sistema idóneo para las jubilaciones debe ser uno individual, privado y que genere suficientes ganancias que se puedan aprovechar al momento del retiro. Esto, claramente, supondría que cada individuo es responsable de poner sus ahorros en donde considere mejor y luego deberá responsabilizarse por el destino de esos ahorros y su rédito.
Quizás, el primer paso para llegar a eso es que se habilite la posibilidad de que las personas elijan a cuál sistema aportar, sin tener que ser obligadas mediante leyes y decretos a destinar parte de sus ahorros al otro sistema que no escogen.
La reforma que no es la forma
En marzo de 2023 se aprobó en Uruguay la Ley N.º 20.130, introduciendo una reforma jubilatoria que, desde el oficialismo, consideran diluida tras pactar varios puntos claves con agrupaciones de izquierda. Dichas agrupaciones ubicadas a la extrema izquierda del espectro político, aun cuando participaron en intensas negociaciones en las que el oficialismo cedió, sostienen que la reforma no es beneficiosa y la critican frontalmente.
En resumen, la reforma modifica la edad de jubilación de 60 a 65 años, con el fin de buscar sostenibilidad económica y un refuerzo al quebrado BPS que, como ya mencioné, es encargado de gestionar el sistema de reparto. Además, habilita a las personas a trabajar luego de la jubilación, lo que estaba prohibido anteriormente. Estos dos aspectos son los más relevantes.
A grandes rasgos, no cambia mucho el sistema jubilatorio. Se mantienen las AFAP, se mantiene el BPS y se mantiene la obligatoriedad de aporte a ambas modalidades, sin que la persona pueda decidir no aportar al BPS y buscar algún otro sistema de ahorro individual. De igual forma, podemos concluir que los cambios que se introducen con esta ley no resuelven el problema a futuro que tendrá el BPS y llevará al sistema jubilatorio a una grave crisis de liquidez.
Cuál es un ahorro y cuál no lo es
No pienso centrarme en la definición formal, sino en cuál de las dos modalidades de aportes al sistema jubilatorio de Uruguay supone un ahorro y, por supuesto, cuál no. Muchas personas tienden a considerar los aportes jubilatorios como una especie de ahorro forzoso que comenzarán a disfrutar en forma de pagos mensuales, una vez que alcancen la edad mínima para jubilarse. Pero la mayoría de las veces esto no es así.
El Banco de Previsión Social
Tomemos como ejemplo el BPS: en Uruguay, el Banco de Previsión Social es la entidad encargada de proveer ingresos por concepto de jubilación o pensión por incapacidad, y el sistema en el que se generan los fondos destinados a ello es, en realidad, de reparto. Esto significa que se destinan los fondos que derivan de aportes mensuales, de trabajadores activos, a pagar cada una de las jubilaciones vigentes en ese mismo mes, así como otros gastos que puedan surgir.
Lo que supone que cada peso que tu aportas al BPS se gasta muchísimo antes de que puedas acceder a tu pensión por jubilación; esto implica que deberán existir un número determinado de trabajadores activos cuando te jubiles para que puedas cobrar una pensión que se ajuste a tus necesidades. Entonces: el sistema de reparto no es un ahorro.
Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional
Ahora veamos lo que sucede con las AFAP: Cuando escoges una AFAP, automáticamente estás dando el consentimiento para que parte de tus aportes jubilatorios pasen a ser administrados por esa institución. De ahí en adelante, mes a mes, la AFAP recibe los fondos y los destina a invertirlos para generar ganancias; del excedente, un porcentaje le corresponde a la empresa y otro porcentaje se va sumando al monto que reposa en tu cuenta.
Este sistema, conocido también como capitalización privada, garantiza que tus aportes mensuales generen unas ganancias que, una vez te jubiles, se sumarán al monto total que comenzarás a cobrar en forma de jubilación. Esto es un ahorro.
Como mencioné anteriormente, en Uruguay el sistema es mixto. Es decir, siempre cotizarás tanto en BPS como en una AFAP por lo que, en caso de que no escojas una institución que administre el porcentaje que corresponde a capitalización privada, el BPS te asignará una de oficio. Luego, al momento de tu jubilación, las AFAP transfieren los fondos al Banco de Seguros del Estado (BSE), el cual, será el ente encargado de transferirte el monto correspondiente a la hora de cobrar mensualmente tu renta vitalicia.
Conclusión: ¡Estado no te lo lleves!
En octubre de 2023, el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), cercano a la extrema izquierda de Uruguay, anunció que llegaron a un acuerdo para buscar un plebiscito con el fin de derogar la reciente reforma jubilatoria y, además, eliminar las AFAP del sistema. Para habilitar el plebiscito requieren juntar por lo menos 270.000 firmas, lo que representa aproximadamente el 10 % del padrón electoral; no obstante, el Presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, espera juntar más de 500.000 rúbricas para abril de 2024.
La trampa en este proceso de consulta popular reside en que, de aprobarse la derogación, las AFAP quedarían impedidas para prestar servicios en el país y el dinero de cada trabajador pasará al BPS para su presunta administración. Sería una socialización de los ahorros que cada persona aporta al sistema, pues serían repartidos por una institución ineficiente y deficitaria que es incapaz de garantizar la existencia de fondos a futuro. Es imperativo que cada una de las personas que se preocupa por su fondo de retiros entienda que vale más un ahorro que un reparto.
Esto me deja, de momento, dos interrogantes para los que aún no observo respuesta: ¿Está consciente cada trabajador en Uruguay que derogar las AFAP supone entregar su dinero para que se introduzca en un agujero negro? Y, de aprobarse el plebiscito, ¿serán los uruguayos capaces de votar a favor de que el Estado confisque y desaparezca las jubilaciones privadas, incluso de quienes no concuerdan con la medida?
Este análisis apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.
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