“La administración de Andrés Manuel López Obrador interpuso una demanda en una corte federal de distrito en Massachusetts, en contra de las principales empresas fabricantes de armas de los Estados Unidos.”
“Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”, esta frase se le atribuye a Emiliano Zapata, el famoso “Caudillo del Sur” de la Revolución Mexicana. En otro contexto histórico y con fines completamente distintos, estas mismas palabras las ha utilizado la empresa Colt para darle una identidad especial a su pistola calibre .38 .<
Con una arma de este tipo mataron a la periodista Miroslava Breach Velducea en 2017 y según las investigaciones oficiales, el autor material era miembro del Cártel de Sinaloa. Este ejemplo es uno de los argumentos que pretende usar el gobierno mexicano para demostrar que las compañías fabricantes de armas en los Estados Unidos, comercializan de manera deliberada sus productos para que lleguen a México de forma ilegal y sean utilizadas por el crimen organizado.
Así, la administración de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), interpuso una demanda en una corte federal de distrito en Massachusetts, en contra de las principales empresas fabricantes de armas que operan en los Estados Unidos.
10 nombres conforman esta lista: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta USA; Beretta Holding; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock Ges.m.b.H.; Sturm, Ruger & Co., así como Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.
De acuerdo a los documentos presentados en la corte, el gobierno mexicano asegura que “los acusados diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de una manera que saben que habitualmente arman a los cárteles de la droga en México”.
De que llegan a manos de los criminales no hay duda, ya que los datos son contundentes. De acuerdo a cifras de la propia SRE, al menos el 70% de las armas que se usan en México pasan por la frontera de los Estados Unidos y los costos humanos son muy altos. En 2019 al menos 17 mil homicidios estuvieron vinculados con esas armas.
México ha tratado de presionar por todas las vías diplomáticas y políticas a los gobiernos estadounidenses para frenar esta ola de armamento ilegal. Al menos desde que se descubrió públicamente el operativo “Rápido y Furioso” implementado entre 2006 y 2011 por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos, este tema ha sido uno de los mayores reclamos por parte de las autoridades mexicanas.
Las cosas empeoraron con Trump y sus ideas en favor de la violencia y también año con año, el ambiente en México ha entrado en un periodo de putrefacción en materia de seguridad, ya que de acuerdo a cifras oficiales, desde 2006 el país acumula unos 300.000 asesinatos, la mayoría de ellos ligados al crimen organizado.
En los dos primeros años del gobierno de López Obrador, se registraron 34.682 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020, una de las etapas más violentas en la historia de México. De acuerdo con la demanda, “casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen, entre el 70% y el 90% de ellas fueron traficadas desde Estados Unidos”.
De ahí la necesidad por parte del gobierno mexicano de implementar medidas inusitadas, como demandar directamente a las fabricantes de armas de los Estados Unidos, algo que parece muy complicado de que pueda tener una base legal sólida, pero seguramente tiene dos fines, el primero es sentar un precedente y el segundo colocar en el foco de la atención pública el tema del tráfico de armas.
La pelea legal que ha comenzado el gobierno mexicano no será nada fácil, ya que para muchos expertos es muy complicado demostrar que las fabricantes de armas tienen una relación directa con el crimen organizado en México e incluso, el argumento de que las frases que hacen referencia a héroes mexicanos estén pensadas para llamar la atención de los cárteles, no será suficiente.
Tal como lo señaló Eugene Volokh, profesor de derecho en UCLA, “es perfectamente legal tener héroes revolucionarios mexicanos en tu arma. No hay ninguna ley que prohíba eso”.
Otro aspecto al que se arriesga el gobierno mexicano, es que los acusados exhiban las deficiencias de las leyes mexicanas para frenar el tráfico de armas, la corrupción que sigue permeando entre las autoridades migratorias fronterizas y la falta de resultados positivos en la política de seguridad que ha implementado AMLO.
A pesar de esto y con el apoyo del bufete de abogados de Hilliard Shadowen y de Jonathan Lowy, abogado principal del Brady Center to Prevent Gun Violence, las autoridades mexicanas han dado un paso crucial para llamar la atención de la Casa Blanca, de Joe Biden y los legisladores en el tema de la venta de armas en los Estados Unidos.
Para Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, con esta lucha legal se va a “lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México», ya que aseguró, “confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando, vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio”.
Aprovechando la reyerta, la SRE exigirá una compensación de al menos 10 mil millones de dólares a las empresas demandadas, ya que de acuerdo a esta dependencia, los daños provocados por las armas traficadas equivaldría entre 1.7 por ciento y 2 por ciento del PIB del país.
Por su parte, el presidente de México aseguró que esta demanda no es contra el gobierno de los Estados Unidos y dejó en claro que no es un conflicto diplomático.
“No es ir en contra de la enmienda que les da derecho a los estadounidenses de portar armas, sino la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes porque no hay ninguna limitación ni control”, explicó.
De esta manera, la realidad es mucho más complicada que esta demanda, ya que el poder de fuego de los cárteles es enorme y han creado toda una ingeniería para el tráfico de armas, con la infraestructura necesaria para desplazarlas desde la frontera norte hacia todo el país; además cuentan con los recursos financieros para superar cualquier limitante, sobornar a las autoridades y finalmente ponerlas en las calles.
Es cierto que el derramamiento de sangre de México es provocada en gran medida por que las armas están en el mercado ilegal, pero también el gobierno mexicano debe hacer un autoanálisis sobre si la política de seguridad implementada es la correcta, si camina por el rumbo adecuado y si es el mecanismos idóneo para frenar la ola de violencia que ha pintado de rojo gran parte del mapa nacional.
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