“El castigo por negarse a participar en política es acabar siendo gobernados por hombres inferiores.”— Platón
Cuando un presidente electo anuncia con orgullo que un banco multilateral le regala 60 millones de dólares para “empalmar” el poder, la pregunta que debería hacerse todo ciudadano no es si el gesto es generoso. Es por qué existe.
Ni en el gobierno de Álvaro Uribe, ni en el de Juan Manuel Santos, ni en el de Iván Duque, ni en el de Gustavo Petro se había visto algo parecido. El gobierno entrante ha comenzado haciendo afirmaciones de alto impacto —cifras, montos, “hallazgos”— sin ofrecer los datos que permitan verificarlas o contrastarlas de manera independiente. Y preocupa, además, el método: buena parte de esos anuncios parecen sostenerse, como ellos mismos lo han afirmado, en análisis generados a partir de inteligencia artificial y en titulares de prensa, tratados como si fueran una fuente de “verdad absoluta” que no necesita comprobación adicional. Eso no es un detalle menor: es una muestra de ausencia de rigor técnico en el manejo de la información pública, y anticipa —de forma poco alentadora— cómo se va a comunicar y a distribuir la información oficial durante los próximos cuatro años.
Tampoco es un dato irrelevante que este gobierno llegue arrastrando un antecedente incómodo: durante la campaña, el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación formal por presuntas firmas falsas en la inscripción de la candidatura de Abelardo de la Espriella, después de que la Registraduría invalidara una proporción muy alta de los respaldos presentados —según reportes de prensa, cerca del 62 %—. Hay que decirlo con precisión, no con exageración: el CNE finalmente cerró esa investigación sin revocar la candidatura, la campaña siempre sostuvo que se trató de “incidencias técnicas” propias del proceso de recolección y no de fraude, y una proporción alta de invalidaciones también afectó a otros candidatos de ese ciclo electoral. Pero el hecho de que casi dos terceras partes de las firmas presentadas en un acto público no hayan superado el filtro de la Registraduría es, como mínimo, un antecedente que invita a mirar con lupa —y no con fe ciega— cada cifra que este gobierno presente como un hecho consumado. Esa cautela es, precisamente, la que falta frente al anuncio de los 60 millones de dólares del BID.
El anuncio de Abelardo de la Espriella —quien informó que el Banco Interamericano de Desarrollo destinó 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar la transición de gobierno hacia su posesión del 7 de agosto— llega envuelto en el lenguaje de la gratitud y el alivio: “no reembolsable”, “cooperación”, “reconocimiento a la magnitud del desgobierno recibido”. Pero detrás de esa retórica hay al menos tres momentos que propongo desarrollar para entender de forma crítica tal afirmación, además de entender ¿qué es un empalme?
¿Qué es, en realidad, un empalme?
El empalme presidencial en Colombia no es una invención discrecional de cada gobierno entrante. Es un procedimiento reglado por la Ley 951 de 2005, que obliga a los servidores públicos salientes a entregar informes de gestión, inventarios de bienes, estados financieros, contratos vigentes y la situación de cada entidad a quienes los reemplazan. Es, por diseño, un ejercicio interno, administrativo y gratuito del Estado: se hace con funcionarios de planta, con la Función Pública como veedora, y sin que jamás haya requerido —hasta ahora— financiamiento externo, y mucho menos de un organismo multilateral de crédito.
Dicho de otro modo: el empalme es papeleo institucional obligatorio, no un programa de cooperación internacional. Que un gobierno entrante decida ampliarlo con auditorías forenses, denuncias penales o “empalmes territoriales” en cada departamento es una decisión política legítima, pero que requiere de información valida y verificable, no de especulaciones y percepciones ideológicas.
¿Tiene costo o no? La pregunta que De la Espriella no respondió
Este es el primer punto ciego del anuncio: un empalme, en su forma legal, no implica un costo que justifique una financiación de 60 millones de dólares. Es importante entender que un proceso de empalme nunca ha requerido ese tipo de recursos y que, pese a calificarse como “no reembolsables”, estos terminan convirtiéndose en compromisos y condicionamientos para el país. Esto no es un fenómeno nuevo ni novedoso: ya se menciona en el texto Geopolítica del despojo: biopiratería, genocidio y militarización, de Felipe Martín Novoa y Renán Vega Cantor, donde el Banco Interamericano de Desarrollo aparece como una de las instituciones multilaterales que forman parte del entramado institucional del modelo de desarrollo y de la expansión del capital. Junto con otros bancos y organismos internacionales, el BID figura como uno de los financiadores de empresas que son las principales responsables del despojo de tierras y la apropiación de bienes comunes —agua, biodiversidad, minerales y territorio—, procesos ligados a la militarización de los territorios, al ingreso de Estados Unidos a estos, a los tratados de libre comercio, etc.
Esa distinción importa. El BID no regala dinero por generosidad institucional desligada de intereses: opera con líneas de cooperación técnica, asistencia y financiamiento que casi siempre vienen acompañadas de condicionalidades —ajuste fiscal, reformas regulatorias, “simplificación de trámites”, apertura a inversión— que después se negocian en la letra menuda de los convenios. De hecho, en la misma semana del anuncio, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo se reunió con la vicepresidenta del BID para Países e Integración Regional para hablar, entre otras cosas, de “ajuste fiscal” y “seguridad energética”. Esa reunión —no el streaming de una red social— es donde probablemente se define el verdadero contenido de esos 60 millones.
Entonces la pregunta correcta no es si el dinero llega o no. Es: ¿a cambio de qué llega, y quién decide en qué se gasta 60 millones de dólares que no pasaron por el Congreso ni por ningún control fiscal previo, semanas antes de que el gobierno entrante siquiera tome posesión?
El BID no es una ONG humanitaria. Es un banco de desarrollo cuya cartera histórica prioriza infraestructura, energía, competitividad exportadora y “clima de inversión” —el vocabulario que, no por casualidad, también usó Restrepo en su reunión con la institución. Analistas críticos han señalado durante décadas que el BID funciona como un instrumento de proyección de intereses de sus principales accionistas —Estados Unidos a la cabeza— hacia América Latina, y que su financiamiento ha estado históricamente orientado a facilitar la integración de la región a cadenas de exportación de materias primas: minería, hidrocarburos, energía, infraestructura extractiva. El comunicado del propio equipo de campaña lo dice sin rodeos: el respaldo “demuestra la confianza que genera el gobierno de Abelardo de la Espriella ante la banca multilateral”. Ese lenguaje no es de cooperación técnica neutral: es de alineamiento político-económico previo a la posesión.
¿Qué papel han jugado los bancos de desarrollo y el capital internacional en la expansión de proyectos extractivos en zonas de conflicto en Colombia?
Es legítimo, y necesario, preguntar ¿qué papel han jugado los bancos de desarrollo y el capital internacional en la expansión de proyectos extractivos en zonas de conflicto en Colombia? La historia reciente del país está marcada por casos documentados —el más conocido, el de las mineras de carbón Drummond y Prodeco en el Cesar, señaladas en investigaciones de organizaciones como PAX por presuntos pagos a estructuras paramilitares entre 1996 y 2006 para “proteger” sus operaciones, mientras miles de habitantes eran desplazados de la zona minera. Ese es un capítulo real, judicializado en parte, y que sigue exigiendo verdad y reparación para las víctimas.
El señalamiento que hacen Martín Novoa y Vega Cantor en el capítulo “Cambio climático: gran negocio para el Banco Mundial” no es una crítica aislada, sino que responde a una contradicción estructural que persiste hasta hoy en el BID: la institución se presenta públicamente como un actor comprometido con la transición energética y la acción climática —de hecho, en 2017 fijó como meta destinar el 30% de su financiamiento combinado a proyectos relacionados con el cambio climático—, pero al mismo tiempo los combustibles fósiles siguen dominando en gran medida los intereses de su inversión en la generación energética de la región, mientras que la penetración de renovables intermitentes como la eólica y la solar ha avanzado de forma desigual y por debajo del nivel de los países desarrollados. Según FUNDEPS (2025) esta brecha entre el discurso institucional y la composición real de su cartera es precisamente el punto ciego que denuncian los autores: un banco que financia la “sostenibilidad” mientras sostiene, en la práctica, la matriz extractivista y fósil que agrava la crisis climática que dice combatir
Periódicos como la Silla Vacía y la Vorágine, han mencionado el caso de los bonos de carbono en Colombia ilustra con particular claridad esta contradicción. Bajo la figura de los proyectos REDD+, se ha construido un mercado que promete pagar a las comunidades por conservar el bosque amazónico, pero que en la práctica ha derivado en nuevas formas de despojo y violencia: representantes de comunidades y organizaciones han denunciado en audiencias públicas que estos proyectos promueven la especulación de la tierra, detonan el acaparamiento y profundizan el despojo, además de consolidar un negocio privado basado en la mercantilización de la naturaleza. Peor aún, la Defensoría del Pueblo colombiana ha identificado que la falta de regulación y supervisión de estos proyectos en la Amazonía crea un entorno propicio para que actores armados ilegales exploten, extorsionen y desplacen forzadamente a las comunidades campesinas e indígenas que participan en ellos. El resultado es una paradoja perversa: los mismos territorios que fueron deforestados y despojados por la expansión de la frontera extractiva —muchas veces financiada o avalada por la banca multilateral— son ahora objeto de un nuevo negocio financiero que promete “repararlos”, sin que ese flujo de capital resuelva las causas estructurales del despojo ni garantice condiciones de vida dignas para quienes habitan esos bosques.
En dicho caso, el BID carece de la transparencia necesaria para que la ciudadanía y las comunidades afectadas puedan fiscalizar hacia dónde y bajo que intereses reales va realmente su dinero —ya sea en forma de préstamos “no reembolsables”, inversión energética o pago por servicios ambientales—, entonces cualquier anuncio de financiamiento, incluidos los 60 millones de dólares del empalme, debe leerse no como una dádiva desinteresada, sino como parte de un mismo entramado de condicionamientos que ya documentaban Novoa y Vega Cantor: capital que llega envuelto en la retórica del desarrollo sostenible, pero que termina profundizando la dependencia, el despojo y la militarización de los territorios.
Lo que debería preocuparnos de fondo
No es paranoico preguntarse por qué un trámite legal, gratuito y regulado por ley desde 2005 termina costando, de un día para otro, 60 millones de dólares financiados por un banco extranjero. Tampoco es paranoico exigir que se diga con claridad qué pide el BID a cambio: que el acuerdo se publique íntegro, que pase por control fiscal y que se explique al país línea por línea, en un documento público —no en un video de redes sociales pensado para tranquilizar, no para informar.
Porque la pregunta de fondo no es si el país necesita o no ese dinero, sino qué compromete a cambio de recibirlo. La transparencia no es un favor que el gobierno entrante nos deba como gesto de buena voluntad: es la condición mínima para que esos 60 millones de dólares en deuda blanda no terminen siendo, dentro de un par de años, la letra pequeña de una concesión minera, energética o de infraestructura que ningún colombiano votó ni discutió.
La historia de la banca multilateral en la región enseña que el financiamiento rara vez llega sin condiciones implícitas: reformas normativas, apertura de sectores estratégicos, cláusulas de arbitraje internacional, prioridades de inversión que no siempre coinciden con las del país receptor. Si el empalme —un procedimiento administrativo que no debería costar nada— se convierte en la puerta de entrada de ese tipo de compromisos, entonces lo que está en juego no es un trámite, sino la autonomía con la que Colombia decide sobre sus propios recursos.
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