![]()
Cada vez que se habla de tecnología en el sector público, la conversación salta de inmediato a la inteligencia artificial. Es comprensible, pero suele saltarse el tramo donde están los mayores retornos. La evidencia regional sugiere que las ganancias más grandes han venido de decisiones bastante menos vistosas, tomadas mucho antes en la cadena.
Vale la pena mirar el caso más documentado que tenemos a la mano.
La lección de la facturación electrónica
América Latina es hoy la región con mayor penetración de facturación electrónica en el mundo. No llegó ahí por adoptar tecnología de punta, sino por una decisión temprana y sostenida: convertir cada transacción comercial en un dato estructurado capturado por la administración.
Los resultados están evaluados. Una publicación conjunta del Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias documenta efectos consistentes en varios países: en México mejoró la recaudación del IVA como proporción del PIB tras la obligatoriedad, en Uruguay aumentó la recaudación del IVA y del impuesto de sociedades, y en Perú creció la declaración de ventas y compras gravadas. Las magnitudes difieren entre jurisdicciones y miden variables distintas, pero la dirección del efecto es robusta.
Lo interesante para esta columna es qué tipo de intervención produjo ese resultado. No fue un algoritmo. Fue ordenar el dato en el origen.
El problema se desplazó hacia la gobernanza
Hay una señal que conviene leer con atención. En 2024, el CIAT y la cooperación alemana publicaron una guía práctica de gobierno de datos para administraciones tributarias. La aparición de ese documento indica que, para buena parte de la región, el problema dejó de ser capturar información y pasó a ser administrarla: calidad, trazabilidad, consistencia, uso responsable.
Es un desplazamiento importante. Una administración puede tener un volumen enorme de datos y aun así no poder usarlos, porque los registros no concilian, las fuentes se contradicen o nadie puede decir cuál versión es la vigente. Ninguna capa de inteligencia artificial compensa eso. Los modelos heredan la calidad del dato que los alimenta.
El tramo territorial
Aquí quiero detenerme, porque es donde veo el mayor potencial de mejora con la menor inversión relativa.
Colombia tiene 1.103 municipios. Cada concejo tiene la potestad de expedir su estatuto tributario, en ejercicio de la autonomía que reconoce el artículo 287 de la Constitución y dentro del marco del artículo 338. Es un diseño institucional deliberado.
Su consecuencia práctica, sin embargo, es que el cuerpo normativo de cada municipio se construye por acumulación de acuerdos expedidos a lo largo de décadas, que rara vez se consolidan en un texto único y actualizado. El efecto no lo sufre solo el contribuyente. Lo sufre también la propia secretaría de hacienda, donde no siempre es evidente cuál es la tarifa vigente de un tributo después de tres modificaciones sucesivas.
La intervención tecnológica de mayor retorno para una administración territorial no es, a mi juicio, un sistema de analítica avanzada. Es algo mucho más elemental: consolidar, digitalizar e indexar su propio corpus normativo, con el estado de vigencia de cada disposición, y publicarlo de forma consultable.
Suena modesto. Sus efectos no lo son.
Por qué esto se traduce en recaudo
Una administración que puede decir con certeza qué norma está vigente toma decisiones más sólidas, motiva mejor sus actos y sostiene mejor sus posiciones cuando son controvertidas. Un contribuyente que puede conocer con certeza la regla que lo obliga tiene cómo cumplirla.
Y esa segunda parte importa más de lo que suele reconocerse. El cumplimiento voluntario es, con diferencia, la forma más barata de recaudar. Cada peso que entra sin requerimiento, sin discusión y sin proceso es un peso que no consumió capacidad institucional. La certeza normativa no es un asunto estético: es un insumo directo de la eficiencia fiscal.
Dicho de otro modo, publicar bien la norma es una política de recaudo, no solo de transparencia.
La capa de inteligencia artificial, en su lugar
Con esa base ordenada, la incorporación de IA deja de ser una apuesta y se vuelve una extensión natural. Y ya está ocurriendo: el informe Tax Administration 2025 de la OCDE, reseñado por el CIAT, reporta que alrededor del 69% de las administraciones evaluadas utilizan inteligencia artificial y otro 24% está en fase de implementación. Los usos documentados van desde el análisis de riesgo hasta la atención al contribuyente.
Para el sector público, sin embargo, hay un requisito que no es negociable y que conviene exigir desde el pliego. La administración actúa mediante actos que deben ser motivados y que el ciudadano puede controvertir. Una herramienta que entrega una conclusión sin poder mostrar la norma exacta en que se apoya, con su vigencia, no sirve para sustentar una decisión administrativa, por fluida que sea su respuesta. La trazabilidad no es una característica deseable del sistema: es la condición que lo hace jurídicamente utilizable.
Ese criterio debería ser el primer filtro al evaluar cualquier oferta tecnológica para una entidad pública. No qué tan avanzado se presenta el sistema, sino si puede mostrar su fuente.
El orden que conviene
Si tuviera que resumir la secuencia en una línea, sería esta: primero ordenar el dato y la norma, después conectar los sistemas, y solo entonces agregar la capa analítica. Invertir el orden produce resultados vistosos en una presentación y frágiles en la operación.
La región ya demostró que es capaz de transformaciones de fondo cuando la decisión es estructural y sostenida. La facturación electrónica lo probó. El tramo territorial, con sus 1.103 cuerpos normativos dispersos, es probablemente la siguiente frontera, y es una donde el beneficio se reparte parejo entre la administración y el ciudadano.
En Tribai.co trabajamos exactamente en esa lógica, empezando por el orden nacional: Estatuto Tributario completo, doctrina de la DIAN y jurisprudencia, con cada respuesta anclada a su fuente exacta y su vigencia verificada. Gratis y sin registro. Lo territorial es el problema que sigue.
















Comentar