Por estos días se ventilan las máculas de Luquegi Gil Neira para aspirar a la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Las acusaciones son tan evidentes que él no tendrá forma de desvirtuarla: su paso por la Vicerrectoría General, su participación en la administración transitoria, su cercanía con proyectos institucionales, su conocimiento de la Universidad y hasta sus relaciones con quienes han dirigido la institución.
Es indiscutible que el profesor Gil es responsable de eso: de trabajar demasiado tiempo en la Universidad. Su responsabilidad debe analizarse sin ironía: ¿es o no responsable de lo que se le reprocha? No obstante esos reproches, si se revisan las normas sobre designación rectoral, el panorama resulta bastante distinto al que sugieren algunos discursos. No existe una sola disposición que prohíba a un vicerrector aspirar a la Rectoría. Tampoco existen normas sobre períodos de enfriamiento o incompatibilidades por el ejercicio de cargos directivos o restricciones por haber participado en la administración universitaria. Hasta ahí, su postulación podrá ser jurídica, pero ¿es ética?
Buena parte de las diatribas se construyen sobre la premisa de que haber sido Vicerrector General constituye, por sí mismo, una circunstancia sospechosa. La tesis resulta curiosa. Desde la entrada en vigencia de la Ley 30 de 1992, todos los rectores elegidos aspiraron a la reelección: Jaime Restrepo Cuartas, Alberto Uribe Correa, Mauricio Alviar y John Jairo Arboleda fue reelegido. Uno de ellos no fue reelecto, pero aspiró a la reelección. Ninguna de esas candidaturas fue considerada ilegítima por el hecho de provenir de la administración universitaria.
Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si la Universidad ha considerado perfectamente admisible que un rector en ejercicio aspire nuevamente a la Rectoría, sin reproches éticos por esa simple razón, ¿por qué sería cuestionable que un exvicerrector pueda aspirar? La respuesta es que Luquegi habría tenido ventajas, pero ¿qué case de ventajas? Toda trayectoria genera ventajas. Tiene ventajas quien ha investigado durante décadas, quien ha sido decano, quien ha sido rector, quien ha servido a la universidad por décadas, quien es ampliamente conocido por la comunidad universitaria. Eso se llama experiencia. Precisamente para eso existen las trayectorias académicas y administrativas: para acumular conocimientos, credibilidad y reconocimiento institucional. ¿Es antiético eso?
La cuestión que merece una reflexión desde la ética no es si una persona posee ventajas derivadas de su trayectoria. No se le acusa de haber vinculado como jefe de un Centro de Investigaciones de la Universidad a un pariente en primer grado de un consejero elector, o de ofrecer a un consejero la dirección de la Fundación Uniersitaria si resulta designado rector. De ser así, esos temas no deberían haber sido soslayados por la reflexión ética; pero no se puede presentar como problema ético el resultado natural de una trayectoria académica y administrativa consolidada.
No se es ético cuando a conveniencia se examinan determinadas circunstancias y se omiten otras. La ética exige coherencia, aplicar criterios similares a todos los casos, no sesgados a aquellos, que resultan funcionales para respaldar una determinada posición dentro del debate universitario.
Otra crítica reiterada gira alrededor de su participación en proyectos estratégicos para la Universidad. Ese argumento tropieza con la lógica. Un vicerrector no es nombrado para mantenerse al margen de los proyectos universitarios. Precisamente su función consiste en participar en ellos, impulsarlos, coordinarlos, acompañarlos. Convertir esa participación en sospecha, es sostener la paradoja de que cuanto más comprometido esté, menos legitimidad tendría para dirigirla.
Otro reproche aparece cuando se habla de neutralidad de los integrantes del Consejo Superior. La idea parece razonable si se omite que el Acuerdo Superior 023 de 1994 autoriza expresamente a los miembros del Consejo Superior a postular candidatos a la Rectoría. Sí, postularlos. No observarlos desde la distancia. No contemplarlos con neutralidad monástica. No fingir indiferencia frente a las distintas visiones de Universidad. Los consejeros no son árbitros electorales, son electores. Están llamados a ejercer criterio, valorar trayectorias, comparar proyectos y escoger. Lo que la normativa exige es ausencia de conflictos de interés, no ausencia de preferencias. La diferencia es fundamental.
Por supuesto, toda candidatura debe estar sometida al escrutinio público. También debe existir transparencia sobre las actuaciones de la administración universitaria y de los funcionarios públicos que intervienen en el proceso. No se discute eso. Lo que sí merece discusión es la tendencia a transformar la experiencia universitaria en una presunción de irregularidad. Eso parecería mostrar que los ataques se haces distanciados de la neutralidad, y construyendo una curiosa teoría según la cual los mejores antecedentes para aspirar a dirigir la Universidad son, precisamente, no haber participado demasiado en ella. Esa sería una conclusión difícil de conciliar con la historia, con las normas, con el sentido común universitario y con una posición verdaderamente ética.
P.D. Paradoja orwelliana: Resulta compatible ¿reclamar neutralidad desde una posición parcializada en contra de alguien? ¿usar el vocablo “ética” para solapar ataques no éticos? ¿invocar la ausencia de animosidad para atrincherar el ataque? ¿defender la soberanía de la universidad pidiendo al procurador general que venga a coadministar?
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