“Fundar una ciudad siempre ha estado acompañado de razonables temores cuando no de explícitos sentimientos de culpa” Rafael Moneo.
La ciudad es espacio de tensión. Medellín no lo fue siempre, o no en el sentido de inestabilidad política. En años recientes, las administraciones se enfrascan en tratar de resolver presiones exógenas a la ciudad misma: llegada de poblaciones desplazadas violentamente en procesos de acumulación por despojo (Murcia, 2011; Murcia & Granada Vahos, 2015), incursión de actores del conflicto armado, confrontación intraurbana entre grupos con proyección nacional, terrorismo por narcotraficantes envueltos en guerras intestinas o contra Estados (Giraldo Ramírez, 2008; Pacifista!, 2018), desindustrialización y conversión de la vocación productiva hacia los servicios producto de la apertura económica nacional y la división global del trabajo (Sánchez Jabba, 2012; Ospina Trejos, 2018). Logran estas élites políticas restaurar condiciones mínimas de estabilidad, se logra una relativa pacificación (Franco Restrepo, 2011; Muñóz Tejada, 2018), se sostiene el nivel de gasto público. Pero falta un debate al interior, no solo atender reactivamente los problemas externos que copan la agenda, sino desarrollar los debates ciudadanos en relación con la espacialidad de la vida: construir la ciudad.
La tensión entre grupos de poder representados por gremios económicos y la alcaldía de Daniel Quintero elegida popularmente es la disputa reciente endógena. Por supuesto, hay conexiones con fenómenos nacionales y globales, pero su origen permite analizar que en Medellín no se hizo autocrítica de las respuestas colectivas dadas a problemas del pasado cercano. Me explico: la violencia del narcotráfico, los intentos de incursión guerrillera y la arremetida paramilitar de las décadas de 1990 y 2000 tienen como respuesta institucional la debilidad de un Estado deficiente en el control territorial. Coincide la violencia de esos años con la desindustrialización de la ciudad, la expansión de la malla urbana hacia las laderas, la presión hacia una exigencia de mayores servicios ambientales provenientes de la periferia. Frente a estos retos, la institucionalidad de la ciudad crea acuerdos de mínimos que tienen su representación política en las administraciones de Luis Pérez, Sergio Fajardo, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria (Pérez Jaramillo, 2019). Estos acuerdos derivan en lo que la literatura institucional denomina “Modelo Medellín” (Alcaldía de Medellín, 2009; 2015; Sánchez Jabba, 2012).
Esta forma de gobierno orientado a la gobernanza se soportó en dos ejes: participación ciudadana (Posada González, 2018) y representación del sector privado en el gobierno. En su expresión de obras físicas se materializa en la destinación de recursos hacia una planeación orientada a la recuperación de espacios a través de obras de infraestructura que pueden jalonar cambios en las condiciones objetivas de existencia. En su expresión de gobernanza significa la ambivalencia entre actores ilegales poseedores de capacidad de control territorial violento con la institucionalidad estatal (Sepúlveda, 2018).
De esa Medellín ya han pasado 20 años. El “Milagro Medellín” (Caicedo Hinojos, 2018) se incrustó en la vida cotidiana de la ciudad, universidades, centros de investigación, oficinas de consultoría especializadas en contratar con este modelo, JALs y JACs orientadas a participar del presupuesto participativo, fundaciones para contratos de adjudicación, concursos y premios (Mazo González, 2016), turismo académico para especializarse en “transformación urbana exitosa” (Navarrete, 2014) y de placer para una oferta que se mezcla con narcotoures con bajos precios en la oferta de divertimento. Las transformaciones en la malla urbana son evidentes, obras algunas faraónicas y otras necesarias para rehabilitar condiciones de habitabilidad mínimas en sectores invadidos, autoconstruidos y en zonas de riesgo (Bellalta, 2020). Obras que acompañan la publicitada disminución en la tasa de homicidios.
Sin embargo, una transformación sucede por fuera de la vista ciudadana. Sectores empresariales, agremiaciones y promotoras se convierten en protagonistas en alianza con el Estado (Castrillón & Cardona Osorio, 2014). Es lo conocido como proyectos Empresa-Estado que deriva en el gobierno corporativo. Así, se naturaliza el rol gremial en la coadministración de la ciudad. (ver mi columna sobre gobierno corporativo del 16/10/2020).
Esta coadministración es la que entra en crisis en la actual alcaldía de Daniel Quintero. Y es este fenómeno el que implica una evaluación obligada a los resultados de la cogobernanza empresarial.
Los gremios se desarrollan en el medioevo europeo precisamente como reconocimiento al valor que los comerciantes protoburgueses tenían para las ciudades libres, principalmente Hanseáticas. Son los grandes contribuyentes, únicos capaces de aportar a la financiación de empresas defensivas para ciudades por fuera de la recaudación nobiliaria. Desde ahí pervive la idea de contar con el capital privado para la financiación de obras imposibles de pagar por la recaudación fiscal. El costo, la tensión entre los burgueses y los nobles por la cooptación de poder político. La legitimidad en esos tiempos reposa en el sistema nobiliario por efecto del derecho divino, por lo que la influencia gremial se ve como amenaza a la voluntad soberana representada por nobles o familias de abolengo.
Esa tensión no es nueva. Aristóteles previó el riesgo de la plutocracia luego reiterada por Polibio, el catolicismo medieval la condenó, la modernidad, incluso la luterana, la ve como un riesgo. Sucede en la amenaza del complejo militar industrial a la democracia estadounidense, sucede en la incidencia por parte del sistema financiero en las democracias europeas. El capitalismo en su acumulación constante concentrada en pocos inevitablemente permite que esos pocos gobiernen por la vía de su capacidad de incidir, de su potencial de financiar campañas, o de ser generadores de empleo y estabilidad. Difícil paradoja a la que las democracias liberales le intentan poner contrapesos, incluso el Keynesianismo trata lo mismo en cuanto el modo de producción.
Curiosamente, el liberalismo moderno reposa la legitimidad en el pueblo, no en los gremios. El cameralismo se planteó como amenaza para la soberanía popular, que en la Constitución Colombiana queda consagrada en la nación. Así, naturalizar la incidencia de agremiaciones en la toma de decisión amenaza la independencia de esta frente a los intereses sectoriales en detrimento del beneficio general.
La fortaleza de las agremiaciones en Medellín es voraz, en la memoria popular son los grandes empleadores en épocas de industria, son los dueños del sistema financiero y el capital en tiempos actuales de economía de servicios. Este poder proyectado a través de un conglomerado empresarial por efecto de su capital económico y social se inserta en la administración, unas veces porque no es posible adelantar megaobras sin su concurso, otras porque abiertamente patrocinan candidatos y a través de las llamadas “puertas giratorias” entran en las juntas directivas de empresas estatales o mixtas.
Empresas Públicas de Medellín es un ejemplo de ello. Lo que sucede entre la administración Quintero y los gremios es una expresión de la tensión entre privados y el soberano que llega a un punto de ebullición. La incidencia de empresarios en las decisiones colectivas deriva en crítica, y a veces acciones de interferencia, de estos hacia la administración en tanto ven disminuida su influencia. Daniel Quintero tiene preguntas por resolver, pero la legitimidad de su gobierno representada en más de 300.000 votos, por encima del uribismo y el fajardismo, es innegable, e implica un respeto por la voluntad popular a menos que se le demuestre una comisión de delito que lo inhabilite para el cargo. No reconocer esto en la tensión entre el alcalde y sectores empresariales y políticos es no reconocer que el Modelo Medellín es imperfecto.
Es la oportunidad de hacer autocrítica. Hay datos, literatura, y distancia temporal para ver en perspectiva. Hidroituango, Bonyic, Aguas de Antofagasta, UNE, son síntomas de que algo no estuvo del todo bien en la “Transformación de Medellín”.
Referencias
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