El sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) viene enfrentado diversos problemas que comprometen su sostenibilidad en el tiempo, y desde años atrás se ansían soluciones que mejoren las condiciones del mismo. Algunos de los factores que inciden en la problemática del IESS son:
- La estructura intergeneracional, que debido al dinamismo poblacional –pues las tendencias demográficas mundiales han cambiado, dado que la esperanza de vida, décadas atrás, se ubicaba entre los 70 y 75 años, y ahora bordea los 85 años– hace cada vez más difícil para este tipo de sistemas públicos cumplir con los beneficiarios; esto, porque los aportes que realizan los asegurados no cubren esa diferencia de años entre lo proyectado inicialmente y la cantidad de años que viven ahora, es decir, el sistema intergeneracional necesita que existan más afiliados trabajando que afiliados cobrando su pensión. Asimismo, el uso de sus recursos –que, realmente, le pertenecen a los asegurados– a través de los mecanismos de deuda interna que los diferentes Gobiernos emplearon y restaron liquidez a la institución.
- El manejo político, antes que técnico, del IESS.
- La falta de transparencia en los procesos de contratación pública que ha conducido a la pérdida de recursos por los excesivos pagos que se realizan, trayendo consigo, corrupción.
- La deuda que mantiene el Estado con el IESS –estemos o no de acuerdo con el origen de la misma– ha generado un desfinanciamiento importante del sistema.
- El incremento de beneficiarios de los servicios que brinda el IESS sin ningún tipo de aporte o pago por el uso de estos.
- La existencia de subsidios a otros pilares de la seguridad social, como los es el seguro campesino.
- La falta de competencia que la ha llevado a comportarse como un monopolio, evidenciada en la falta de innovación en los productos y servicios que brinda. Esto y otras situaciones provocarán una hecatombe en el sistema, reflejada, por supuesto, en un creciente déficit actuarial, por lo que es sumamente necesaria una alternativa viable que sea aceptada económica y políticamente.
En función de todo lo anterior, el actual Gobierno conformó una Comisión para que, mediante estudios técnicos y conversaciones con la sociedad civil, plantee alternativas de solución para remediar la situación de la seguridad social en el país. Entre las alternativas que se planteen, deben considerarse factores como:
- La tasa de aporte (del empleador y el empleado).
- La edad mínima y el número mínimo de años de cotización para ser elegible a una pensión.
- El número de años de salarios prejubilares a ser tomados en cuenta para el cálculo de la pensión.
- El monto de la pensión que se espera recibir.
- Los beneficios que recibirán los familiares sobrevivientes.
De ahí que las recomendaciones que planteen estarán probablemente alineadas a los siguientes criterios:
- La reestructuración integral del mecanismo de elección de los directivos y representantes al directorio del IESS.
- Ya no ser prestamista del Gobierno, pues con ese flujo de dinero, podrían atender mejor las necesidades de sus afiliados, colocando los recursos en mejores opciones (privadas).
- Evaluar los criterios para asegurar a los familiares de los aportantes. No es sostenible económicamente que solo se tenga un afiliado que aporte y toda la familia reciba beneficios similares. Se espera que exista un aporte mayor si toda la familiar va a tener cobertura, o en su defecto, que cada miembro pague por los servicios que demande.
- Revisar el seguro campesino, para equiparar el pago que realizan junto al de los otros seguros.
- Es prioritario hacer un estudio para determinar la capacidad de atención, pues es posible que no haya suficiente personal médico que pueda brindar los servicios en tiempos adecuados.
- Analizar los stocks de medicinas –ya que algunas se dejan caducar–, y demás problemas.
- Revisar el pago del 40% de las pensiones que realiza el Estado, planteando alternativas como la reducción del mismo a los nuevos aportantes que ingresen al sistema, pues solo cubre al 35% de la población ecuatoriana que tiene un empleo en condiciones adecuadas. Igualmente, respecto a la deuda histórica del Estado, esta debe asegurar pagos anuales fijos para cancelarse, previa auditoría que determine su monto real, así como la fuente de ingresos para cubrirla.
- Fundamental avanzar hacia una nueva arquitectura del sistema de pensiones que considera una mayor diversificación de las fuentes de ingresos para sostenerse y que se complementen entre sí, donde la apertura del sistema a otras opciones de capitalización como la individual, será vital. De este modo, el sistema público podrá concentrarse en la capacidad real que puede asistir, habrá una competencia que motive la mejora del servicio, el aporte será voluntario y el afiliado escogerá libremente en dónde quiere colocar sus recursos, dando lugar a que el IESS traslade los valores acumulados al nuevo sistema.
- Sería conveniente separar la administración y gobernanza del sistema de pensiones del sistema de salud, a fin de mejorar la efectividad de ambos.
- Analizar la problemática que viven muchos afiliados que, cercanos a cumplir los 20 años de labores en una empresa, son obligados a renunciar. Esto, con base en los altos costos del sistema de jubilación patronal.
- Los fondos de reserva deben mantenerse como un mecanismo de ahorro temporal para asegurar el futuro de los afiliados.
- Regresar a un comité de inversión que canalice mejor los recursos del sistema, a través de la delegación de la gestión de inversión de las reservas a entidades financieras calificadas en las que criterios de eficiencia, transparencia, comparabilidad con alternativas similares, entre otros, permitan una rentabilidad segura de los fondos que se acumulan, pues la labor del BIESS (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) no es satisfactoria.
- Fortalecer la afiliación voluntaria, pero bajo la figura de un afiliado principal. Como ya se ha mencionado, si se desea agregar a la familia, deberá pagar por los aportantes adicionales.
- Revisar la posibilidad de fusionar el sistema del seguro campesino que administra el IESS, con los programas asistenciales para la vejez que además gestiona dicha entidad. Para ellos deben equipararse los costos de afiliación del seguro campesino con el resto del sistema, tomando como referencia el seguro privado, en donde cada afiliado, en función de su condición socioeconómica, tenga una aportación individual acorde con el mercado.
La apertura del sistema de pensiones (no significa privatizarlo) ayudaría a mejorar las condiciones de los afiliados, lo cual, no exime al Estado de cubrir la deuda que mantiene con el IESS, pero sí de plantear mecanismos de pagos, así como también la sostenibilidad para los futuros aportantes. Será fundamental que los fondos de pensiones dejen de ser un tema político, por ello, las experiencias en otros países acerca del manejo de la seguridad social y el fomento de la capitalización individual, generará beneficios a los afiliados y al sistema ¡Éxitos para los profesionales que forman parte de la Comisión!
Este artículo apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.
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