La peor política comunicacional es no tener política comunicacional

Nuevamente Chile sigue liderando el ranking de países con mayor preocupación por el crimen, la violencia y la inmigración, luego de conocer los últimos resultados de la empresa Ipsos (1), lo que no debiera sorprendernos en lo absoluto, ya que sigue predominando una completa desconexión entre los datos reales en el país sobre seguridad y una percepción descontrolada que se tiene sobre ella, que solo refleja la concentración no solo de los medios, sino también de los miedos en el país (2).

De ahí que se vuelve necesario poner en el centro de la discusión, el rol determinante que ha jugado esta percepción de inseguridad como factor clave para el fracaso del plebiscito de salida y de la última elección de consejeros constituyentes, en donde la ultraderecha arrasó en votos, lo que se conecta no solo con un voto destituyente de las instituciones, sino también con la incapacidad de nuestro propio gobierno de poder hacer algo al respecto, al no hacer nada con el sistema de medios concentrados en Chile, lo que ha sido un error garrafal.

Lo señalo de esa forma, ya que como sector creímos de manera muy ingenua que la fuerte politización de la sociedad durante la revuelta social del 2019, que fue capaz, entre otras cosas, de mover la agenda de los medios de información tradicionales, al poner en el centro la desigualdad y el abuso, iba ser capaz de mover los cimientos de una sociedad profundamente individualista, conservadora y neoliberal.

Por el contrario, con el primer acuerdo constitucional y los distintos momentos del proceso constituyente, desmovilizó a la población, que luego con el contexto de pandemia, dominado por el miedo y la incertidumbre de vivir, hizo que la agenda mediática no solo volviera a lo que era antes de octubre del 2019, sino que volviera con mucha más fuerza aún, ya que efectivamente trajo un empeoramiento en las condiciones materiales de la población en general.

El problema de todo esto, es que los medios de información concentrados no han tenido ningún contrapeso, por lo que más allá de los errores y torpezas de la misma Convención Constitucional, se dieron un verdadero festín con este órgano, trasladando el malestar social hacia las y los convencionales, lo que trajo consigo el resultado que ya conocemos, y de un nuevo acuerdo constitucional entre los partidos políticos, que está intentando salvar algo que no se ve por donde pueda salir algo bueno.

Por lo mismo, lo que más falló y que no fuimos capaces de verlo, fue que luego de la desmovilización ciudadana y la pandemia, el gobierno de Gabriel Boric, desde su primer día, no tuviera una injerencia gravitante durante todo el proceso, y se mantuviera al margen, por temor a sanciones de la contraloría y el ser acusado de intervencionismo por los sectores que estaban por el rechazo desde el comienzo, lo que nos dejó fuera de la discusión.

Incluso, nuestro gobierno terminó por alimentar el discurso del rechazo y la idea de aprobar para reformar, luego que llamara a los partidos de izquierda a manifestarse públicamente sobre la propuesta y los problemas que tenía el texto, a través de un documento llamado «Unidos y unidas para aprobar una nueva constitución» (3), el cual solo generó más confusión en la población, dando a entender de lo malo que se había producido en la Convención Constitucional.

En consecuencia, ni siquiera se pedía que el gobierno enviara un proyecto de ley de medios al congreso, dada la desfavorable correlación de fuerzas en ese espacio, pero si, dado el contexto constituyente, impulsar un Nuevo Sistema de Medios Públicos (NSMP), en televisión, radio y multiplataformas. que está presente en el plan de gobierno (4), lo que hubiera permitido disputar una posición, y contrarrestar la feroz campaña del rechazo desde los grandes medios privados.

Asimismo, un Nuevo Sistema de Medios Públicos (NSMP), hubiera permitido acercar a la ciudadanía a contenidos y formas distintas de ver el país, diferentes a las de los grandes medios, desde un enfoque de género, ecológico, intercultural y descentralizado y que valorara la pluralidad existente, permitiendo así que las y los chilenos pudieran acercarse más a lo que se estaba discutiendo y aprobando en la Convención Constitucional.

Además, esto hubiera permitido que el gobierno instalara de manera más fácil un relato constituyente, centrado principalmente en el Estado Social y Democrático de Derecho, que dado el contexto de pandemia, cobraba mucho sentido, ya que las y los chilenos necesitaban a un Estado presente y no neutro durante el proceso, lo que se conectaba además con las demandas del 2019, en donde la falta de derechos sociales fue clave

Lamentablemente la historia no fue así y nos farreamos el proceso más democrático y participativo que hayamos tenido nunca como país, encontrándonos en un momento desconstituyente, liderado por una ultraderecha que no le interesa en lo más mínimo construir un nuevo pacto social, y que usa el discurso de la violencia de los grandes medios para sumar día a día personas que no ven otra salida más que el punitivismo y la represión del Estado como alternativa.

Dado el escenario actual y el derrumbe del proceso constituyente en Chile, es hora que como sector entendamos de la importancia de tener una política comunicacional en serio, que como bien planteó Pablo Iglesias, luego del resultado del plebiscito en un foro (5), y al escuchar el testimonio de Beatriz Sánchez sobre el rol que jugaron los grandes medios durante todo el proceso, es clave democratizar este poder, aunque personajes como Eugenio Tironi aún crean que es algo que no debiera impulsar el Estado.

Dicho lo anterior, si nuestro gobierno cree que podrá instalar un relato distinto al de seguridad en los mismos medios concentrados, con las mismas reglas, buscando algún titular que nos beneficie para alguna medida y/o reforma, o solo mejorar el trabajo de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), para comunicar mejor los logros del ejecutivo, podemos esperar sentados, ya que no va tener grandes efectos, y menos con la arremetida republicana, por lo que luchar porque la comunicación sea un derecho, debiera ser una prioridad.

A quitarse el miedo con los medios de información y a politizar la comunicación, que nadie está pidiendo un Estado que controle todos los medios y censure a quienes piensan distinto, solo pedimos que no sean escuchadas solamente las mismas voces de siempre y que se regule un poder que pareciera intocable, en donde no solo grandes medios tradicionales instalan su agenda, sino también mega plataformas digitales, hacen lo que se les da la gana con la extracción de datos personales y algoritmos.