Opinión Selección del editor

La neolengua de la izquierda y el paro nacional

“¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente?

(George Orwell, 1984, capítulo V)

El principal instrumento de lucha ideológica y de censura de la izquierda colombiana es el lenguaje. Primero impusieron el lenguaje de la corrección política, que prohíbe decir ciertas cosas, y luego vino el lenguaje inclusivo, que obliga a decir otras. Ahora, con el propósito de justificar el paro y la cruel violencia desatada contra las personas y sus bienes, ha lanzado, en medios de comunicación y redes sociales, un amplio y coordinado ataque para imponer su neolengua.

Como recordarán los lectores de la novela 1984, en neolengua las palabras no significan lo que significan sino lo que quiere que signifiquen los agentes del Gran Hermano que las pronuncian o las escriben. Pero no hay que confiarse pues ese significado varía según las circunstancias y, peor aún, en algunas de ellas una palabra puede significar una cosa y exactamente su contrario.

La izquierda colombiana y sus corifeos de los medios, a la mejor manera de Orwell, avanzan en su tarea de distorsión del lenguaje para sembrar en las mentes de los ciudadanos los siguientes lemas:

  1. LA VIOLENCIA ES PACÍFICA
  2. EL DELITO ES UN DERECHO
  3. DEFENDERSE ES ABUSAR
  4. LOS ATACANTES SON LOS ATACADOS
  5. LA MINORÍA ES LA MAYORÍA
  6. DENUNCIAR ES ESTIGMATIZAR
  7. EL ORDEN ES EL CAOS

Ni una sola de las marchas y movilizaciones de la izquierda colombiana en los últimos años ha sido pacífica. Todas, absolutamente todas, terminan en violencia, en destrucción de bienes públicos y privados, en agresiones a las personas y a los agentes de la policía. No obstante, los medios de comunicación hablan sin cesar de “marchas pacíficas” que, supuestamente, se ven empañadas por la acción de vándalos desadaptados. De tanto escuchar y leer esa cantinela, en la mente de los ciudadanos va quedando gravado el primero de los lemas: LA VIOLENCIA ES PACÍFICA.

Amenazó el Fiscal General de la Nación con confiscar los vehículos automotores usados en los bloqueos de vías a efectos de aplicarles la extinción de dominio y de inmediato saltó un abogado demasiado famoso a increparlo porque, según él, el bloqueo es un derecho constitucional. En la Constitución no aparece la palabra “bloqueo” y mucho menos la expresión “derecho al bloqueo”. El artículo 37 de la Carta consagra el derecho reunirse y manifestarsepacíficamente, lo que evidentemente no se cumple con el bloqueo que por definición es una acción violenta pues obliga a las personas a hacer algo contra su voluntad. El bloqueo es un delito tipificado en el artículo 353A del Código Penal. Sin embargo, los abogados de la izquierda y sus propagandistas de los medios siguen hablando de que es un derecho y en la mente de las personas va quedando gravado el segundo lema: EL DELITO ES UN DERECHO.

La izquierda quiere imponer la narrativa según la cual con relación a las marchas supuestamente pacíficas el deber principal y casi único de la fuerza pública es proteger a los marchantes – ¿de quién? – y abstenerse de intervenir cuando, preludio de acciones cada vez más violentas, destrozan el mobiliario público o pintan vidrios y paredes. Eso es solo “pinturita” proclamó el pintoresco alcalde de Medellín. Cuando son agredidos directamente – con machetes, palos, adobes, acido o bombas incendiarias – los policías no pueden reaccionar pues solo pueden hacerlo en caso de “extrema necesidad, en forma proporcional y buscando minimizar el efecto de su respuesta sobre el agresor”. Si por desgracia, el agente reacciona para salvar la integridad de uno de sus compañeros o la suya propia, esto inmediatamente se califica de uso desproporcionado de la fuerza, de abuso policial. ¡Abuso policial! ¡Abuso policial! grita la izquierda, gritan sus corifeos de los medios y en las mentes de las personas va quedando gravando el tercero de los lemas: DEFENDERSE ES ABUSAR.

El resguardo es una institución colonial supuestamente creada para proteger a los indígenas. Al momento de la Independencia, Bolívar ordenó su disolución y esta pudo hacerse efectiva en el Altiplano Cundiboyacense. En algunas regiones – Cauca y La Guajira, principalmente – se mantienen hasta hoy. Las tierras resguardadas, que representan casi una tercera parte del territorio colombiano, son santuarios inviolables donde los indígenas ejercen total autoridad y nadie puede entrar en ellos sin su consentimiento, salvo los narcotraficantes y las Farc. No hay reciprocidad con las tierras no-resguardadas: los indígenas transitan libremente por ellas de forma pacífica o de forma violenta, cuando salen en las llamadas mingas. Usualmente las mingas se traducen en bloqueos a la Vía Panamericanas y en muchas ocasiones avanzan hasta las ciudades sembrando a su paso destrucción en plena impunidad, como está ocurriendo hoy con ocasión del paro nacional. Vandalizan bienes públicos, agreden a la población, bloquean las vías impidiendo el paso de alimentos y medicinas, atacan a todo mundo, cometen toda clase de tropelías, pero nada puede hacerse en contra de ellos porque supuestamente están ejerciendo sus “derechos ancestrales” y cobrando la “deuda histórica”. Recientemente, en Cali los mingueros asaltaron conjuntos residenciales y la legitima reacción de los habitantes en defensa de sus propiedades y sus vidas fue de inmediato calificada por la izquierda y sus corifeos de los medios de ataque a la minga, pues de acuerdo con el cuarto lema LOS ATACANTES SON LOS ATACADOS.

El paro nacional que estamos padeciendo es promovido por tres organizaciones sindicales de tercer grado – CGT, CUT, CTC – que, en conjunto, con cifras del Censo Sindical de 2017, tienen 1.352.896 afiliados. Dentro de ese número están los afiliados de FECODE porque esta organización hace parte de la CUT. Un 15% de los representados son maestros afiliados a la FECODE y 13% funcionarios del sector público. Los afiliados a otras organizaciones como Dignidad Agropecuaria y Cruzada Camionera también están incluidos en los afiliados a las Centrales Sindicales. Tenemos pues que en el paro nacional están representados menos de un millón y medio de colombianos. Esto equivale a menos de 6% de la población económicamente activa y a menos de 3% de la población total. El 97% de la población no está representado por las organizaciones promotoras del paro y, sin embargo, la izquierda y sus corifeos de los medios, hablan de que la calle ha hablado, que hay que escucharlos, que hay que negociar con ellos, porque por arte birlibirloque se cumple el quinto lema según el cual LA MINORIA ES MAYORIA.

¡Ay de quien se atreva a contradecir esos lemas! ¡Ay de quien diga que las marchas son violentas, que bloquear es un delito, que la policía tiene derecho a defenderse, que los mingueros atacan a la población o que el tal comité de paro no representa a la mayoría y solo defiende sus mezquinos intereses! El que ose incurrir en semejante sacrilegios inmediatamente es acusado de “estigmatizar la protesta social”. No se puede denunciar la violencia de las marchas y los bloqueos, ni las agresiones a la policía, ni los ataques de los mingueros a los ciudadanos y a los bienes públicos, ni poner en evidencia la ilegitimidad del paro y los mezquinos intereses que animan a sus dirigentes, porque, como proclama el sexto lema: DENUNCIAR ES ESTIGMATIZAR.

Todos estos lemas han legitimado el DESORDEN Y EL CAOS impuesto por la izquierda a una sociedad aterrorizada y a un gobierno decente pero acobardado. Los derechos y libertades de la inmensa mayoría de los colombianos están suspendidos, pues sin orden no hay ningún derecho ni ninguna libertad. Así pues, preparémonos para ver cómo la divisa republicana de nuestro escudo, LIBERTAD Y ORDEN, se sustituye por el séptimo lema orwelliano de la izquierda colombiana: EL ORDEN ES EL CAOS.