La justicia Transicional es política de Estado

Como consecuencia de la inmadurez institucional que padecemos en Colombia, es un lugar común creer que las actuaciones políticas están condicionadas a las personas. Se cree que el país avanza o no como consecuencia directa del gobernante de turno. Y ello no es así. Existen unas dinámicas propias y externas que confluyen en el interior del poder, a las que el gobernante no tiene acceso, ni injerencia, ni dirección. Aunque él mismo quisiera aparentar o creer que las cosas no son así. Uno de los ejemplos más notables de esta inmadurez puede leerse en las múltiples lecturas que ocurren en el marco del proceso de paz entre gobierno y farc. Se cree que el proceso de paz, defendible o cuestionable, es un endoso personalísimo del expresidente Santos. Y bajo ese mismo error de óptica, se ha hecho carrera política en entorpecer la implementación del Acuerdo como una retaliación directa contra lo que Santos es y representa. Santos, terminó su periodo presidencial llevando el Acuerdo hasta el punto final, pero sin implementarlo. De manera simultánea, los índices de favorabilidad no superaban el 20%. Su capital político no le alcanzó para implementar las reglas básicas de la transición. No se implementó porque ello requiere voluntad política. La misma que se opone a que la JEP funcione. Pero hay un error. Sabotear la JEP no es una voz de rechazo a la figura de Santos. Es un auto-sabotaje nacional. En el fondo, como política de Estado, hay un Acuerdo. Un compromiso que debe respetarse. Y esa es responsabilidad del Presidente de la República. Más allá de los colores políticos que lo elevaron hasta esa dignidad, existen una responsabilidad estatal. Una de ellas es la consolidación de la JEP. Es necesario que el órgano encargado de administrar justicia frente a los agentes del conflicto pueda seguir su curso. La JEP debe funcionar sin más obstáculos políticos y mediáticos. El Presidente de la República no puede caer en la trampa que le tiende el discurso justicia-impunidad-venganza. Es el vocero de un Estado que tiene, en el desarrollo de la implementación del proceso de paz, una política de Estado.