Si queremos realmente cambiar como sociedad, tenemos que empezar a preocuparnos políticamente, no sólo por el mero funcionamiento de la Justicia, sino por su recomposición y mejoramiento.
Desde hace un tiempo me he venido formando la idea de que la prosperidad de un país depende, altamente, en cuán justa es su sociedad. Pero no justa en los términos demagógicos y politiqueros que se convirtieron costumbre en el discurso popular de los mandatarios de turno, sino justa en el sentido de que esta sea capaz de resolver por los medios civilizados los conflictos de intereses que entre sus habitantes connaturalmente se trabarán.
Una sociedad que no le dé importancia política a la resolución civil de sus conflictos, es una sociedad llamada a perpetuar el circulo vicioso de las injusticias sociales y de la impunidad político-jurídica.
¡No tiene presentación que un país como Colombia, que mancomunadamente va encaminada a la reconstrucción del tejido social a través del perdón, la reconciliación, la reinserción y la obtención de la verdad para la no repetición de la violencia, deje relegada en la asignación presupuestal a la Rama Judicial con lo apenas necesario para sus gastos de funcionamiento! ¡Con razón el sistema judicial está como está!
De acuerdo con los últimos indicadores recopilados por The World Justicie Project [Proyecto de Justicia Mundial], Colombia se encuentra en el puesto 86 de 139 a nivel mundial y en el puesto 19 de 32 en la región de Latinoamérica y el Caribe en el WJP Rule of Law Index [Índice de Estado de Derecho].
Esto, en pocas palabras, significa que el Estado colombiano es confesamente incapaz de hacer prevalecer el imperio de la ley dentro de su territorio; lo cual, aunque haya sido el mayor descubrimiento, sí dice mucho de nuestra situación de país cuando se trata de afrontar los conflictos que tenemos los unos con los otros
Y es que no podemos pretender ser una sociedad realmente en paz—o en paz total como curiosamente ha empezado a adoctrinar el nuevo Presidente—, si tenemos un sistema judicial en donde (I) por cada 100 mil habitantes hay por lo menos 190 presos, todos ellos viviendo en una situación de cosas inconstitucionales desde hace más de 20 años por el hacinamiento carcelario, el cual para el año 2021 llegó al 19.12%; (II) que también por cada 100 noticias criminales que se reciben al año, 77.7 de ellas terminan en archivo, 2.9 en sentencia, y el resto deambulando por el sistema judicial por diferentes razones; y (III) con un índice de congestión en la Jurisdicción Ordinaria que, en promedio en los últimos 5 años, se encuentra en el 54.52%.
Si queremos realmente cambiar como sociedad, tenemos que empezar a preocuparnos políticamente, no sólo por el mero funcionamiento de la Justicia, sino por su recomposición y mejoramiento.
Ya el nuevo ministro de justicia y del derecho declaró que ese será el primer propósito de esta nueva Administración… y ojalá lo cumpla, pues, como diría Carnelutti, “los hombres tienen sobre todo necesidad de vivir en paz. La justicia es la condición de la paz. La paz, dijimos al principio, no es la tregua; la tregua es efímera, la paz es duradera. La paz es un estado del alma que extingue el deseo de mutación. Hic manebinus optime [aquí permanecemos óptimamente], podría ser su divisa”
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