La guerra contra el terrorismo

“La resolución del COSEPE y el posterior decreto presidencial han convertido el conflicto de seguridad en un problema de defensa nacional, convirtiendo al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en conductor de las operaciones militares y a la Policía Nacional en fuerza auxiliar. Ahora el presidente no depende de la declaratoria de Estado de excepción para militarizar las calles”.

Como ya es costumbre en este gobierno, lo que se anuncia con bombos y platillos se ejecuta con panderetas y maracas —cuando se llega a ejecutar… Hace unas semanas, de la mano del nombramiento de dos militares en servicio pasivo como encargados de la seguridad, el gobierno anunció su intención de declarar como grupos terroristas a ocho grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, al finalizar la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), donde estuvieron presentes las autoridades de todas las Funciones del Estado, se resolvió declarar al terrorismo como una amenaza a la seguridad del Estado, sin dar rostro y nombre a los grupos terroristas.

Por un lado, la decisión es congruente con el principio básico de la persecución de delitos y no de personas que debe imperar en un Estado de derecho, como bien supo señalar el nuevo Secretario de Seguridad. Por el otro, al nuevamente anunciar una cosa y ejecutar otra distinta, el gobierno revela que su prioridad es generar un impacto comunicacional, así sea a costo de comunicar decisiones antitécnicas que luego debe corregir —cuando se llegan a corregir…

La resolución del COSEPE y el posterior decreto presidencial han convertido el conflicto de seguridad en un problema de defensa nacional, convirtiendo al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en conductor de las operaciones militares y a la Policía Nacional en fuerza auxiliar. Ahora el presidente no depende de la declaratoria de Estado de excepción para militarizar las calles.

Sin embargo, como ha sido señalado por varios expertos en seguridad, la decisión del gobierno puede acarrear consecuencias no previstas. Por un lado, la “guerra contra el terrorismo” podría conllevar excesos por parte de la Fuerza Pública y una cultura del “gatillo fácil”. Además, puede convertirse en un pretexto para criminalizar la protesta social. Aunque recientemente el gobierno no ha hecho ninguna declaración que sugiera esta segunda intención, tras las movilizaciones de junio del año pasado, el presidente Lasso no tuvo ningún empacho en acusar —sin pruebas— a la CONAIE de recibir financiamiento por parte del narcotráfico. Y si el gobierno no se atreve a sugerirlo, sus aduladores —incluyendo un nefasto ex presidente— lo conminan a declarar a la CONAIE como una organización terrorista y perseguir a sus dirigentes. En suma, la invitación al terrorismo de Estado por parte de connotados demócratas de la República.

Pero existe un problema adicional. Como ha expresado el académico Luis Córdova en Plan V, el modelo militar de contraterrorismo por el que ha apostado el gobierno parte de una premisa: que las fuerzas de seguridad no están contaminadas por el crimen organizado. Sin embargo, esta premisa es falsa tanto para la Policía y las Fuerzas Armadas como para la administración de justicia. Además, en un escenario en el que la inteligencia se vuelve crucial, “el miedo a los falsos negativos (no detectar una amenaza) conduce a ampliar la red de vigilancia vulnerando los derechos ciudadanos y facilitando el abuso militar y policial. Y el miedo al fracaso (no derrotar la amenaza) conduce a los falsos positivos: victimizando a inocentes”.

Sin embargo, en el gobierno el criterio de los expertos no es bienvenido, como bien lo ha manifestado el Ministro de Interior y Condolencias, quien, en lugar de saludar sus aportes, los acusó de no presentar su más sentido pésame a las familias de los policías asesinados por el crimen organizado. Dentro de lo malo, es bueno saber que en el gobierno se han sensibilizado ante los asesinatos, y no los llaman más “errores humanos” como en el caso de la abogada asesinada en una escuela de policía.

Seguramente el ministro ayudaría más a sus colegas y contribuiría más a la seguridad ciudadana exigiendo al presidente que ejecute el presupuesto destinado a seguridad y dote a la policía de los recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo, y promoviendo una reforma estructural que profesionalice adecuadamente a los miembros la institución y evite la infiltración del crimen organizado en sus filas.

Mientras el gobierno sigue sin hacer público su plan de seguridad —si acaso este existiera—, sus últimas decisiones nos sugieren que todo ha quedado en manos de las Fuerzas Armadas, en tanto que las causas estructurales que convierten, por medio de la violencia, a las poblaciones marginadas en un ejército social de reserva para el crimen organizado permanecen fuera del ojo gubernamental.