¿Qué ocurre cuando dos referentes de una tradición común de pensamiento aplican sus principios fundamentales al conflicto geopolítico más complejo del mundo y llegan a conclusiones totalmente opuestas? Esa divergencia se refleja perfectamente en el choque intelectual entre Murray Rothbard y Walter Block.
Rothbard consideraba que el sionismo se había convertido, en la práctica, en una ideología de conquista amparada por el poder imperial británico. Walter Block, en cambio, sostiene que la creación del Estado de Israel puede entenderse como la restitución de tierras que fueron arrebatadas tiempo atrás a los judíos. Ambos se valen de la misma caja de herramientas teórica, pero terminan delineando mapas éticos e históricos incompatibles.
Semejante contradicción no demuestra necesariamente que alguno de los dos haya abandonado los pilares del liberalismo. Revela un hecho más profundo: los principios políticos no operan en el vacío. Antes de emitir un juicio, resulta indispensable decidir cómo se interpreta el pasado, qué otorga validez a un título de propiedad, a quién corresponde ese derecho y qué peso ético debe concederse a quienes habitan hoy el territorio.
La posición de Rothbard descansa en una concepción estrictamente individualista de la propiedad. Para él, un título legítimo nace de actos concretos y medibles: la apropiación original, el trabajo, el intercambio voluntario y la ocupación efectiva. No deriva de afinidades culturales, dogmas religiosos ni reclamaciones ancestrales colectivas. Desde esa lógica —dado que en Palestina ya existía una población árabe establecida— el proyecto sionista no podía realizarse sin colisionar con los derechos de esas personas. Su argumento es que, si la expansión estatal implicó expropiaciones y expulsiones forzosas, no es posible justificar un Estado invocando un vínculo remoto con aquel suelo. Un derecho del pasado no concede licencia para despojar a los ocupantes que ahora gozan de ese derecho.
Block, por su parte, prioriza el principio de reparación de la propiedad robada. Apoyándose en la continuidad histórica y en la expulsión sufrida por los judíos en el período de dominación romana, argumenta que, si un bien fue arrebatado indebidamente y sus verdaderos titulares jamás renunciaron a él, el paso del tiempo no convalida la posesión del usurpador. Bajo este prisma, la inmigración judía no constituye una invasión colonial, sino el retorno de una población desplazada durante generaciones cuya reivindicación se refuerza con el desarrollo económico y la protección de derechos privados.
El núcleo del desacuerdo, por tanto, no se resuelve aplicando el principio de no agresión. Ambos teóricos pueden aducirlo con la misma convicción. La disputa real está en la teoría de los títulos de propiedad y en la jerarquía que se le otorga al tiempo. Mientras Rothbard privilegia la posesión efectiva e individual del ocupante actual, Block le concede mayor peso a la restitución histórica.
Sin embargo, la postura de Block tropieza con una pregunta inevitable para la propia ética liberal: ¿puede un derecho colectivo o ancestral transmitirse a lo largo de dos mil años con la trazabilidad suficiente como para desplazar a los habitantes actuales? Si el derecho se atribuye a un colectivo étnico o nacional en lugar de a un individuo concreto, se corre el riesgo de sustituir la propiedad privada por un colectivismo identitario.
Además, incluso si se aceptara una reclamación de esa naturaleza, un derecho de propiedad jamás autoriza a expropiar a terceros inocentes ni otorga una patente de corso moral. La legítima defensa requiere proporcionalidad y una distinción estricta entre combatientes y civiles.
¿Por qué es importante esta controversia teórica? Simplemente porque sigue reflejándose en las tensiones políticas contemporáneas. Por un lado está la posición de Javier Milei, quien exige reafirmar el derecho de Israel a defenderse y condenar de forma tajante los ataques terroristas de Hamás. Por otro lado, la postura del congresista estadounidense Thomas Massie encarna la vertiente de la no intervención: el rechazo a que los recursos de los contribuyentes se destinen a guerras extranjeras, especialmente cuando producen daños masivos contra la población civil; en 2026, Massie impulsó una enmienda para eliminar 3.300 millones de dólares en asistencia militar estadounidense a Israel.
Reducir estas posturas a un dilema binario y simplista entre «pro-Israel» y «pro-Palestina» es traicionar el rigor intelectual del debate. Desde la mirada liberal debemos plantear interrogantes incómodas y universales: ¿quién inició la agresión?, ¿se distingue debidamente entre combatientes y civiles?, ¿se está confiscando la propiedad de personas inocentes?, ¿se utilizan impuestos para el financiamiento de la guerra?
Para responder, al menos en parte, a estas preguntas, podemos partir de una premisa formulada por Rothbard hacia 1982: «Los libertarios se oponen a cualquier Estado. Pero el Estado de Israel es único en su nivel de daño, porque su existencia depende, y lo sigue haciendo, de la expropiación masiva de propiedades y la expulsión de propietarios de su tierra».
Si bien Rothbard plantea una apreciación coherente con una concepción libertaria estricta, esta no es suficiente para aceptar la premisa de que Palestina, por oposición a Israel, constituye institucionalmente un Estado ejemplar o compatible con los principios del individualismo liberal. Respaldar a cualquiera de los dos bandos a capa y espada, sin someter sus instituciones, acciones y presupuestos a un mismo estándar de análisis, también puede ser una manifestación de la pérdida de capacidad crítica y autonomía individual frente a la necesidad de pertenecer desesperadamente a un grupo. Y es precisamente ahí donde aparece una contradicción fundamental: sustituir el análisis individual por la identificación absoluta con un colectivo termina reproduciendo, una vez más, una ética colectivista, que es aquello que el individualismo liberal busca cuestionar.
El liberalismo no debe entenderse como un paquete doctrinal cerrado ni como un modelo matemático que entrega respuestas automáticas. Es una tradición viva de pensamiento orientada a la protección de la libertad individual, la responsabilidad y la limitación del poder.
Hablar de las «ideas de la libertad» y no desde el liberalismo en sí permite reconocer la diversidad entre las distintas corrientes de pensamiento que coexisten sobre estos pilares. Promover estas ideas no consiste en erigir un nuevo dogma, sino en aplicar los principios con honestidad intelectual, sin conceder licencias morales ilimitadas a ningún actor político por haber sufrido una injusticia histórica o por encontrarse bajo amenaza.
Esta columna fue escrita en coautoría por Sofía Rojas y Mateo A. Hurtado. Por cuestiones técnicas del portal, aparece asociada al perfil de El Insubordinado, medio en el que fue publicada originalmente.
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