En 2021 las principales ciudades colombianas experimentaron un escenario de violencia sin precedentes, dada su sistematicidad y magnitud, que añadió cuantiosos estragos a la economía nacional a los ya provocados por la cruel pandemia del COVID-19. Las manifestaciones violentas afectaron gravemente la cadena nacional de suministro de alimentos, pusieron en riesgo la seguridad alimentaria del país y desestabilizaron el orden constitucional y legal, así como el pleno funcionamiento de la institucionalidad.
Lo que eufemísticamente algunos sectores sociales y políticos, incluso ilegales, que lo promovieron y cofinanciaron denominan “estallido social”, dejó un lamentable saldo de muerte y destrucción que el país no puede olvidar, justificar, ni mucho menos permitir su exaltación.
El tiempo, las investigaciones y la rama judicial han develado que, junto al ejercicio del legítimo derecho a protestar pacíficamente, convergieron diferentes intereses por provocar una desestabilización generalizada, que forzara un cambio de gobierno, ya sea por su renuncia (como lo pretendieron las movilizaciones de 2019, pospuestas por la pandemia) o la desacreditación. Al final lo lograron por esta última vía.
El balance oficial de las afectaciones provocadas entre el 28 de abril y el 15 de septiembre de 2021, da cuenta de un tipo de violencia de tal magnitud que bien merece calificarse de terrorismo urbano de baja o mediana intensidad: 12 casos de violencia de género (entre los que se cuentan el abuso sexual a una mujer integrante de la Policía Nacional por parte de una turba vandálica en Bogotá), 12 policías secuestrados, otros 3 asesinados y 1.753 lesionados, 12 instalaciones públicas y de gobierno destruidas en tanto que 167 sufrieron graves daños, 214 cámaras de seguridad y fotomultas destruidas, 188 semáforos y 142 señales de tránsito, 28 peajes, 30 bienes culturales y 4 instalaciones religiosas vandalizados. Además, 163 instalaciones y 622 vehículos policiales destruidos o gravemente afectados; así como 1.422 actos de violencia contra el transporte público, misiones médicas (319), establecimientos de comercio (491), oficinas bancarias (463).
A la fecha, por orden de los jueces (pues la Fiscalía General no tiene tal potestad) se han capturado 1.969 personas; de las cuales permanecen en privadas de a libertad acerca de 300.
Lamentablemente, mientras que en ordenamientos jurídicos de países que ha sido afectados gravemente por la violencia, no más que el nuestro, tipifican como delitos asociados al terrorismo actos de personas no integrantes de organizaciones terroristas, asimilables a los vistos durante 2021 durante tan triste jornada, (por ejemplo el artículo 577 del Código Penal Español, adoptado mediante la Ley Orgánica 2 del 30 de marzo de 2015), en Colombia, Gustavo Petro y su bancada pretenden justificarlos y exaltarlos a fuerza de ley.
En el discurso de victoria, el 19 de junio, Petro hizo un llamado al Fiscal General de la Nación, para que liberara a “…jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza y amor”. Los Congresistas del Partido de las Farc, -que siguen sin aportar verdad plena, reparación a sus miles de víctimas y sin el más mínimo reproche o sanción judicial por sus atroces crímenes-, radicaron el proyecto de ley 055 de 2022 Cámara, por el que pretenden declarar el 28 de abril como el día nacional de la resistencia judicial, obligar al Estado a diseñar y realizar programas, actividades y estrategias de exaltación pública del “estallido social” y declarar como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación el “Monumento a la Resistencia” de Cali.
Nosotros en nuestro ejercicio de oposición democrática, cumpliremos con el deber moral de impedir la institucionalización de lo que evidentemente no dejar de ser más que apología del delito.
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