La Corporación del Valle del Cauca (CVC) es la más antigua de las corporaciones autónomas regionales (CAR), entidades que ofician como autoridades ambientales en los términos de la ley 99 de 1993. La CVC fue creada en los años cincuenta, para gestionar de forma integrada la cuenca del río Cauca de manera semejante a como lo hacía con el río Tennessee en Estados Unidos la Tennessee Valley Authority (TVA). La creación de la CVC requirió de una reforma constitucional y fue asesorada por David Lilienthal, quien lideró la creación de la TVA en 1933, bajo el gobierno de FD Roosevelt.
El modelo de la CVC encontró imitadores y empezaron a crearse nuevas corporaciones. En 1961 se crea la Corporación Autónoma Regional de los ríos Bogotá, Ubaté y Suarez; la del Quindío se crea en 1964 y en 1968 nace Corpourabá. Hacia 1988 eran ya quince las CAR, pero la verdadera explosión demográfica sobrevino con la ley 99 de 1993 con la que se llegó a las 34 que existen hoy.
Sin desconocer que algunas de las CAR, más bien pocas, hacen un buen trabajo, es un hecho conocido que la mayoría de ellas se han convertido en feudos políticos, donde la disputa por la elección de sus directivos desata las más encondas luchas. En sus inicios, el primer gobierno de Santos quiso reducir su número a 16, ordenando la fusión de varias de ellas mediante el decreto 141 de 2011, que lamentablemente fue declarado inexequible por la sentencia C-276 de la Corte Constitucional. Desde entonces nadie ha osado ponerle el cascabel al gato de las CAR.
Anualmente las CAR reciben del Gobierno Nacional cerca de 120.000 millones de pesos para sus gastos de funcionamiento. Podría decirse que eso no es mucho, unos tres mil millones para cada una, si no fuera porque estas entidades se lucran de una de las contribuciones parafiscales más grandes de las que se recaudan en el País: las transferencias ambientales del sector eléctrico.
Establecidas por la ley 99 de 1993, las transferencias ambientales se financian con una tasa de 6% a la generación hidráulica y de 4% a la térmica. La mitad de la primera tasa se destina a las CAR, mientras que la segunda se divide en 2,5% para las CAR y 1,5% para los municipios del área de influencia de las plantas de generación. El monto de las transferencias se determina aplicando a la generación un precio fijado por la Comisión de Regulación de Energía (CRE), que para 2020 era de 123 pesos por KWh.
El cuadro muestra los cálculos para 2020, año en que se generaron aproximadamente 70.000 GWh, 75% hidráulicos y 25% térmicos. Las transferencias totales ascendieron a 473.550 millones y la parte recibida por las CAR a 247.538 millones. Esto significa que cada una de las 34 CAR en promedio recibió 7.280 millones. Ahora bien, si las CAR se redujeran a las 16 propuestas en el decreto 141 de 2011, cada una recibiría cerca de 15.500 millones de pesos.
Podría argumentar que algunas CAR no tendrán recursos suficientes pues en su jurisdicción no existen o existen pocas plantas de generación de buen tamaño, mientras que en otras hay muchas de ellas. La verdad es que 27 de la 34 CAR reciben y ejecutan recursos provenientes del sector eléctrico. Adicionalmente, las CAR tienen ingresos propios provenientes de otras actividades y, en cualquier caso, los recursos de las transferencias pueden ser distribuidos conforme a ciertas reglas para que todas reciban las sumas adecuadas.
Aquí se dejan de lado otros aspectos del funcionamiento de las CAR y de todo el sistema ambiental que deben ser evaluados y ajustados. Empezar por una reducción radical de su número, llevarlo a 16 como se pretendía en el decreto 141 de 2011, y suprimir los aportes nacionales para su funcionamiento sería un buen comienzo. Esta última medida que puede tomarse de manera inmediata generaría un ahorro cercano a los ciento veinte mil millones de pesos.
Comentar