El nacimiento del proyecto Hidroituango se remonta al año 1962, cuando el ingeniero Lucio Chiquito mencionó que un punto conocido como “Pescadero” en Ituango, tenía las condiciones para la construcción de una central hidroeléctrica. Esto lo reafirmó el ingeniero José Tejada Sáenz en un estudio de reconocimiento del caudal del río Cauca publicado en 1969; dando pie para que, en 1995, durante la administración de Álvaro Uribe Vélez como Gobernador de Antioquia, se conformara la sociedad promotora del proyecto.
La Sociedad Hidroeléctrica Ituango está conformada con el 50,7% de participación de IDEA más un 2,1% del departamento de Antioquia representando el 52,8%; EPM en representación de la alcaldía de Medellín participa con un 46,3% y otros socios minoritarios con un 0,9%.
En el año 2009 EPM fue escogido como contratista del proyecto y se firmó el famoso contrato BOOMT, que por sus siglas en inglés tiene como fin construir, financiar, operar, poseer, mantener y transferir a la sociedad la central en plena operación comercial al final de la ejecución del contrato. Se trata de un contrato atípico que se asemeja a una concesión y como todo contrato tiene un clausulado de obligaciones que se convierten en ley para las partes y que al no cumplirse generan multas pecuniarias y de apremio que deben hacerse efectivas a quien incumpla; el contratante es la Sociedad Hidroeléctrica Ituango y, el contratista, EPM, quien asumió la responsabilidad de la construcción, financiación, operación, mantenimiento y posterior restitución de la central hidroeléctrica. Nótese que EPM es contratante y contratista del proyecto, con un evidente conflicto de intereses. EPM actúa como juez y parte en el proceso ¿será que esta condición permite objetividad y transparencia en la toma de decisiones?, ¿advirtiendo irregularidades en la ejecución del contrato se adelantarán las acciones contractuales y legales para garantizar la correcta ejecución y terminación del contrato?. No lo sé, pero es claro que el alcalde de Medellín está confundiendo la doble condición de EPM contratista y EPM socio del proyecto y al denunciar a contratistas no se sabe si está denunciando a EPM o a los subcontratistas que realizaron la construcción de las obras principales con sobrecostos aproximadamente de 6 billones de pesos avalados por el mismo EPM. Como se dice vulgarmente “yo con yo”. Esto evidencia que quienes están llamados a conciliar el debate de la situación actual del proyecto, no tienen claridad sobre las condiciones contractuales establecidas en el BOOMT y por el contrario, se ha pasado de un asunto técnico – administrativo a un show de excesiva política que raya con la especulación, siendo esta la forma como se ha dado tratamiento a la contingencia del proyecto energético y de ingeniería más importante de este siglo en Colombia y que apalancará el 17% de la demanda energética del país. Adicionalmente, deben sumarse los casi 3 billones de pesos por concepto de multas y sanciones pues, como es sabido por todos, EPM fue multado por la CREG por el incumplimiento de la obligación de energía firme asignada en la primera subasta y está corriendo el grave riesgo de ser nuevamente multada por incumplir la energía firme asignada en las dos últimas subastas, pese a que fue recomendado por la junta directiva del año 2019 que no se presentara a la subasta, dado que no había claridad sobre los daños del proyecto ni existía un cronograma cierto de recuperación.
Este desconocimiento trae como consecuencia el debilitamiento de la gobernanza pública y privada y del músculo administrativo que ha caracterizado históricamente la institucionalidad antioqueña; el reconocimiento y reputación regional alcanzado, se debilita a pasos agigantados por la inobservancia de los riesgos que trae implícito la responsabilidad del lenguaje y las acciones precipitadas de los representantes de la Ciudad y de algunos actores políticos que se inmiscuyen en las decisiones técnicas y de actores técnicos que se inmiscuyen en temas políticos, propiciando un “caldo de cultivos” que revuelve relaciones contractuales, obligaciones económicas, responsabilidades individuales que no le hacen bien al proyecto.
Aunado a lo anterior, gravísimo que por la no entrada en operación a tiempo de la central, el fantasma del racionamiento se haga realidad, esto, porque EPM contratista del contrato BOOMT, al subcontratar la realización de las obras principales con el consorcio CCC compuesto por las firmas Camargo Correa, Coninsa-Ramon H y Conconcreto, coadyuvó e inclusive dio incentivos y primas para que se acelerara la construcción de la obra y ya sabemos todos lo que sucedió, la grave contingencia en el proyecto puso en riesgo no solo la continuidad de la obra, sino que resultaron afectadas las comunidades aguas abajo, los ecosistemas naturales y el mismo río Cauca.
A pesar de la dura crisis que vive la obra, lo que ha quedado en evidencia es que cuando se acepta un cargo público, esto lleva implícito el reto de asumir con altura y responsabilidad las grandes crisis, cosa que no ha sucedido por partes de los Alcaldes de Medellín que han enfrentado la contingencia; dado que, los errores constructivos se presentaron como consecuencia de decisiones erradas de la dirección de EPM como contratista constructor y responsable de la buena marcha del proyecto en general, quien autorizó la construcción del tercer túnel o GAD como ha sido llamada, sin contar con la correspondiente licencia ambiental, asumiendo el riesgo de modificar los diseños iniciales del proyecto, sacándolo de su estado convencional, tal y como lo demuestran comunicaciones cruzadas entre el contratante (Sociedad HI) y el contratista EPM del contrato BOOMT, los informes de los entes de control y la reciente auditoría forense de MacGregor. Estos antecedentes y el mal manejo que se le ha dado a la crisis desde el momento de la contingencia el 28 de abril de 2018 solo generan confusión y no permiten concentrarse en la recuperación de un proyecto que como se dijo es altamente complejo.
Esta reflexión no pretende profundizar en un falso discurso sobre si todos estos errores administrativos, políticos y técnicos se deben pagar por los ricos o los pobres, lo que se pretende es dejar claridades como: 1. Que, al construir el tercer túnel, al proyecto Hidroituango se le cambiaron los diseños iniciales y ahora no se tiene claridad frente a los efectos que eso representa. 2. Que la autoridad ambiental ANLA tiene suspendida la licencia ambiental, salvo para las obras que sean estrictamente necesarias para garantizar la estabilidad del proyecto. 3. Que aún no existe un cronograma cierto de obras porque no se conocen los daños totales del proyecto y 4. Que no se conoce la primera renuncia por los hechos acontecidos.
No podemos permitir que la improvisación continúe debilitando el estamento gubernamental que durante tanto tiempo hemos construido PorAmorAAntioquia. Consciencia y coherencia. Vamos a recuperar y a fortalecer el liderazgo de Antioquia.
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