A pocos días de la instalación del nuevo Congreso, el país asiste a un episodio que revela más de lo que muchos quisieran admitir. El Centro Democrático, la segunda bancada más numerosa del Senado con 17 curules, ha planteado algo que en cualquier democracia funcional sería apenas obvio: que la fuerza política con mayor respaldo electoral dentro de la coalición de gobierno tenga la oportunidad de presidir la corporación en su primer año legislativo. Sin embargo, esa pretensión legítima, aritmética, democrática ha desatado una ofensiva de descalificaciones que merece ser nombrada por lo que es.

El mérito como argumento incómodo

Cuando un partido gana curules en las urnas, ese resultado no es un dato decorativo: es el mandato con el que el pueblo define quién tiene mayor representación y, por tanto, mayor legitimidad para incidir en la conducción del Congreso. El Centro Democrático no está pidiendo un favor ni una dádiva; está reclamando lo que históricamente ha sido la costumbre parlamentaria en Colombia: que la presidencia se distribuya según el peso real de las bancadas.

Frente a ese argumento de mérito, la respuesta ha sido evadirlo. En lugar de discutir números, se apela a advertencias sobre “malas costumbres” o a insinuaciones de que someter la elección a votación abierta en la plenaria sería “peligroso” porque permitiría que otras fuerzas incidan en el resultado. Es decir: se cuestiona el mecanismo más transparente y democrático que existe el voto de los congresistas electos por el pueblo cuando ese mecanismo no garantiza de antemano el resultado deseado por quienes hoy niegan el mérito ajeno.

La autoridad moral no se improvisa

Hay algo particularmente inconsistente en quienes hoy cuestionan la propuesta de resolver la presidencia por voto limpio en la plenaria. Ese mismo mecanismo, el de la votación abierta, fue el que en su momento le dio a Efraín Cepeda una elección con 97 votos a favor y ninguno en contra, incluido el respaldo del propio Pacto Histórico. Resulta al menos curioso que el mecanismo que ayer legitimó a unos hoy se presente como una amenaza cuando podría beneficiar a otros.

La autoridad moral y ética no se decreta: se construye con coherencia. Y la coherencia exige que las reglas de juego se apliquen igual para todos, no según convenga en cada coyuntura. Cuando un partido con la segunda mayor representación popular en el Senado pide someter su aspiración al escrutinio de sus pares, y esa solicitud es rechazada por miedo a perder el control del resultado, la pregunta que queda flotando no es sobre quién ataca a quién, sino sobre quién le teme a la democracia interna del propio Congreso.

Los ataques como confirmación, no como derrota

Que hoy se cuestione al Centro Democrático por insistir en un principio tan elemental como el del mérito electoral no debilita el argumento: lo confirma. Los ataques suelen intensificarse precisamente cuando el argumento que se enfrenta es sólido y difícil de rebatir con datos. Nadie necesita descalificar una posición débil; se le refuta con razones. Cuando la respuesta es la presión política, las advertencias veladas o el señalamiento de intenciones ocultas, lo que se está admitiendo, sin decirlo, es que en el terreno de los argumentos no hay cómo ganar la discusión.

El Centro Democrático no ha pedido nada que no le corresponda por el respaldo que recibió en las urnas. Ha pedido, simplemente, que ese respaldo se traduzca en las reglas del juego democrático: transparencia, votación abierta y coherencia con los precedentes. Si eso genera incomodidad, la pregunta no es qué tiene que explicar el Centro Democrático, sino qué tienen que temer quienes se oponen a que las mayorías se expresen libremente.