Opinión Selección del editor

Hablemos de pobreza, Fajardo (II)

En la entrega anterior se trató de la pobreza monetaria que se entiende como la insuficiencia de ingresos para adquirir una canasta de bienes y servicios. La valoración de esa canasta a precios de mercado en una nación determinada define la llamada línea nacional de pobreza. Mediante encuestas a la población se establece el porcentaje cuyos ingresos monetarios están por debajo de dicha línea o la tasa de incidencia de la pobreza, la cual, aplicada al conjunto de la población arroja el número de pobres de la nación en cuestión. En Colombia, para 2020, eran los 21 millones de los que habla Fajardo.

La pobreza es antes que nada una privación extrema de bienestar y de capacidades para superarla autónomamente de forma consistente y duradera. La pobreza es un fenómeno extremadamente complejo que va más allá de la insuficiencia de ingreso monetario. Si mañana y durante varios años se les diera a los pobres el ingreso solidario permanente que reclaman Fajardo y todos los políticos asistencialistas, nada garantiza que salgan de la pobreza. Es probable incluso, si no desarrollan capacidades propias, que terminen siendo más pobres, más dependientes, más indignados y más proclives a los cantos de sirena de los socialistas, abiertos o embozados.

Una medida de la pobreza más acorde con la complejidad del fenómeno es el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), anteriormente denominado Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI).  El IPM se construye con base en cinco dimensiones que contienen 15 variables, cuya sola mención basta para poner de manifiesto la complejidad del problema de la pobreza y su vinculación profunda con el grado de desarrollo del País[1]. Se consideran pobres los hogares que tengan privaciones en 33,3% de esos indicadores ponderados.

La gráfica 1 muestra la evolución de la pobreza multidimensional en Colombia, por el INBI para 1973, 1985, 1993 y 2005 y por el IPM para 2019. Aunque seguramente hay países que puedan exhibir mayores avances en el período, no es despreciable el hecho de que Colombia haya podido en menos de dos generaciones reducir la pobreza en más de cincuenta puntos porcentuales. Seguramente ha podido hacerse más y puede hacerse más y más rápidamente, pero el camino para ello no es el de la violencia y el vandalismo que propician o toleran quienes creen que la pobreza puede eliminarse con un chasquido de dedos presidencial.

Gráfica 1

Es muy dudoso que la pandemia y los cierres de la economía impuestos para controlarla hayan podido afectar sustancialmente las variables que conforman el IPM. Si ello es así, los pobres multidimensionales hoy serían unos 9 millones de colombianos, la cifra verdaderamente relevante cuando se quiere tratar el tema con seriedad y no hacer populismo con la pobreza y el sufrimiento ajenos.

Fajardo ha justificado el estallido de violencia, vandalismo y criminalidad, que él denomina “estallido social”, por la situación de pobreza. Cabría entonces esperar que ese “estallido” fuera mayor allí donde mayor es la pobreza. Sin embargo, los datos, que muestra la gráfica 2, desmienten esa conjetura.   

Gráfica 2

En el Valle del Cauca, donde el “estallido social” ha sido más violento, vandálico y criminal que en cualquier parte del País, el IPM es 10,8%, casi siete puntos porcentuales por debajo del nacional. Y en Bogotá, la otra gran sede del “estallido”, el IPM es 7,1%, más de 10 puntos inferior al nacional. Las cifras de pobreza monetaria de Valle de Cauca y Bogotá (34,5% y 40,1%, respectivamente) también son inferiores a la media de nacional (42,5%) y a las de la mayoría de departamentos del País, donde no se ha presentado ningún “estallido”.

En resumen. La pobreza monetaria puede estar sujeta a variaciones bruscas y amplias como consecuencia de una crisis económica. Esto fue lo que ocurrió entre 2019 -2020. El Índice de Pobreza Multidimensional refleja más adecuadamente los cambios en la pobreza estructural y en sus determinantes de largo plazo. Esa es la que debe mirar un dirigente político serio que genuinamente busque el diseño de políticas públicas para combatirla y no simplemente capitalizar el descontento de la gente que surge de la ignorancia.

 

[1] Las dimensiones son: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo y condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios. Las variables: analfabetismo, bajo logro educativo, barreras a servicios de cuidado de la primera infancia, barreras de acceso a servicios de salud, desempleo de larga duración, hacinamiento crítico, inadecuada eliminación de excretas, inasistencia escolar, material inadecuado de paredes exteriores, material inadecuado de pisos, rezado escolar, sin acceso a fuente de agua mejorada, sin aseguramiento en salud, trabajo infantil y trabajo informal.