Desde el 19 de junio de 2022, el Presidente electo Gustavo Petro y la mayoría de líderes políticos le han mostrado al país la gallardía y la audacia necesarias para discutir razonadamente las diferencias y facilitar los consensos que exige construir el Gran Acuerdo Nacional propuesto a los colombianos. El discurso y las primeras acciones del economista que liderará Colombia durante los próximos cuatro años, su invitación a dialogar y el reconocimiento de su triunfo y la aceptación de esa invitación por su contendor durante la segunda vuelta, el ingeniero Rodolfo Hernández, y por su contradictor más importante durante los últimos veinte años, el Presidente Álvaro Uribe, animan mucho porque confirman la vigencia y las posibilidades de nuestra democracia, porque prueban que las diversas fuerzas civiles pueden explorar juntas materias cruciales para el país que nos une. Y hay motivos para creer que esa conversación puede traducirse en compromisos reales.
Todos los colombianos queremos la paz y todos queremos la justicia. Sin embargo, entre nosotros hay distintas preferencias sobre la intensidad que debe dársele a la una y la otra cuando se trata de encontrarle solución a la violencia organizada que Colombia ha sufrido durante décadas. Mientras unas personas denuncian la impunidad en nombre de la justicia, otras están dispuestas a ceder y a ser indulgentes con los responsables de crímenes graves en nombre de la paz. De modo que tomados los hechos políticos como son y admitiendo que lo pactado en La Habana es un punto de partida ineludible, un primer elemento del Gran Acuerdo Nacional podría ser el compromiso de seguir avanzando en la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado por la administración Santos y las FARC con algunos entendimientos: i) reconocer que en una sociedad democrática cualquier ciudadano puede expresar libremente su pensamiento acerca de una política pública o una legislación, incluidas la política y la normativa de paz, de modo que quienes formulan observaciones no deben ser estigmatizados; ii) exigir a todos los responsables y comparecientes ante las instituciones de paz y justicia transicional, sin discriminación, honrar los derechos de las víctimas con hechos tangibles; iii) asumir que la gravedad de los crímenes no depende de quién o qué grupo los cometió sino del daño causado: la compasión y la condena relativos terminan estratificando a las víctimas.
No puede descartarse tampoco que las diferencias económicas entre el Presidente Petro y el uribismo sean menos profundas. El uribismo no es un proyecto fascista y neoliberal sin corazón, como muchos críticos lo han señalado mendazmente. No. Su programa es en realidad una apuesta más cercana a la socialdemocracia que ha defendido y mantenido la apertura iniciada por la administración Barco y continuada por los gobiernos sucesivos al mismo tiempo que ha buscado el acceso universal a salud y pensiones mediante un sistema mixto (hay participación de empleadores, trabajadores y el Estado) adoptado bajo la Constitución de 1991, procurado por un Estado de bienestar que es grande en lo social -no en burocracia- y que se concentra en quienes más lo necesitan (transferencias focalizadas), propuesto y logrado la reducción gradual de la jornada laboral sin afectar la remuneración de los trabajadores para darles más libertad, entendido la relevancia de proteger la industria nacional dentro de las reglas del libre comercio, reconocido la urgencia de profundizar la transición energética y cuidar el medio ambiente sin sacrificar la productividad y la industrialización pendiente. Así que no se encontrarán el agua y el aceite al momento de revisar, entre otras, propuestas sobre el sistema de seguridad social, grandes obras de infraestructura o el futuro de proyectos mineros (hay quienes olvidan, por ejemplo, que el Presidente Uribe se oponía como el Presidente Petro a la explotación de cobre
en Jericó) y un régimen tributario que redunde en más equidad sin afectar la inversión y, por tanto, la generación de más y mejor empleo. El pragmatismo y la austeridad del ingeniero Rodolfo Hernández pueden contribuir mucho a esta discusión.
Otro ámbito en el que podría haber cooperación es el de la racionalización del tamaño de los órganos de control. La reducción del Estado burocrático ha sido un objetivo central del Presidente Uribe durante su carrera política y asegurar que las competencias de los órganos de control se adecúen a la legislación internacional de derechos humanos ha sido una preocupación fundamental del Presidente Petro, en particular que no puedan restringir los derechos políticos y a la libre expresión de los ciudadanos. Un aspecto del Gran Acuerdo Nacional podría ser, por tanto, adecuar la normativa y la práctica nacionales a los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que solo permiten la restricción del derecho a participar en política por decisión de un juez penal mediante sentencia. Esto se traduciría en menos facultades de la Procuraduría y la Contraloría, en disminución de burocracia y gasto público y en mayor madurez de nuestro sistema político, de suerte que todos los servidores del Estado, con excepción de los funcionarios judiciales y los integrantes de la Fuerza Pública, podamos opinar libremente y sin temor a represalias sobre los asuntos públicos y electorales de la nación.
Otro terreno en el que puede existir colaboración de cara al Gran Acuerdo Nacional es el combate del clientelismo. Mientras el Presidente Petro ha dicho que para superar esta práctica arraigada pero profundamente antidemocrática y anticuada es esencial consolidar la carrera administrativa como condición para acceder al servicio público, la meritocracia fue un sello del gobierno Uribe. Y ambos saben que la competencia en franca lid es ingrediente esencial tanto del individualismo liberal como de la búsqueda de igualdad. Una Colombia en la que volverse servidor público dependa más del trabajo y la capacidad que de los contactos y las roscas será una Colombia más democrática, más moderna.
Finalmente, los líderes hasta hace unos días enfrentados en campaña son conscientes que es indispensable brindar educación de calidad y pertinente a la población para lograr una economía basada en el conocimiento, una economía en la que su población agregue valor e innove protegiendo la naturaleza y generando la riqueza que nos permita vivir sabroso. Sin una base material que lo soporte, no habrá cambio real posible.
No se sabe aún qué significa Gran Acuerdo Nacional. No se sabe si es un llamado a una asamblea constituyente, a adoptar un paquete legislativo, a conformar un gobierno de unidad. Y tampoco se sabe, cosa que no puede descartarse, si esa invitación pueda requerir el comienzo del Petruribismo.
Comentar