Los de corrupción son de todos los días. Jamás habíamos visto una administración en que la putrefacción fuera tan profunda y extendida. Los petristas llegaron con hambre vieja y feroz y arrasan con todo. Hay confesiones y denuncias, muchas provenientes de la entraña misma de Petro, sobre hurtos, malversaciones, direccionamiento de contratos y favorecimientos a contratistas cercanos al gobierno, peculados y prevaricatos de la más variada condición y en las más diversas áreas del gobierno. Una mirada rápida a algunos:
En el MinDeportes, la olímpica María Isabel Urrutia, en los últimos días de su gestión, canceló 104 contratos, a los que faltaban un par de meses para terminar, para en la noche renovarlos por un plazo mucho más largo y favorecer a sus amigos contratistas. La ministra que la sucedió, Astrid Rodríguez, incumplió los compromisos para la realización de los Panamericanos en Barranquilla. La cancelación supuso la pérdida de USD$2.025.000 que se habían entregado y que el país dejara de recibir alrededor de USD $900 millones, que fueron los ingresos que le dejó a Chile hacer los últimos juegos.
En la Agencia Nacional de Tierras, desde donde se supone que se debía estructurar el programa bandera de Petro, la reforma agraria, el hedor es espantoso y no solo por las falsedades de sus directores, que han dicho haber comprado muchas más tierras que las realmente adquiridas. Desmentidos incluso por el mismo MinAgricultura, después de dos años solo han comprado 112.000 hectáreas, menos del 10% de las 1,5 millones que prometió Petro. Para tener una idea del desgreño, hasta junio, de las 599.876 hectáreas en 1.412 ofertas hechas por afiliados a Fedegán, la ANT solo ha comprado 33 predios con una extensión de 10.328 hectáreas. En fin, de los $4,9 billones del presupuesto 2024 de la ANT, a mayo solo se había ejecutado el 3,83%. Es la constante: el gobierno se queja de falta de recursos y quiere una nueva tributaria, pero ejecuta realmente mal, peor que nunca en todo el siglo XXI.
Más graves, sin embargo, son las irregularidades en el 62% de las compras de tierras hechas, entre ellas la adquisición de predios sin acta de entrega, que no tienen vocación agrícola o inequívocamente inhábiles para desarrollar actividades agropecuarias porque están conformados mayoritariamente por humedales o cuerpos de agua, compras de baldíos y en zonas de parques nacionales, con sobreprecios de tres y cuatro veces su valor real. En fin, hay embolatados $136.911 millones por compras anómalas.
La Cancillería no se ha salvado de la podredumbre. Ahora la regla es saltarse a los funcionarios de carrera. Los dos sindicatos del Ministerio, SEMREX y UNIDIPLO han denunciado las sistemáticas designaciones como embajadores, cónsules y diplomáticos en todos los niveles de personas que no fueron a la universidad, que no hablan segundo idioma (es tan serio que los embajadores ante la ONU en Nueva York y Ginebra no hablan inglés), que no tienen ningún conocimiento o experiencia en política o relaciones internacionales y cuyo único «mérito» es el activismo ideológico o correr la línea ética, como Guanumen o Moisés Ninco, o la amistad con la Alcocer, como los embajadores en Madrid y Roma. Los tribunales administrativos y el Consejo de Estado les han dado la razón y han anulado decenas de esos nombramientos. En abierto desacato de los fallos judiciales, en varios casos el gobierno ha vuelto a nombrar en sus cargos a los destituidos.
Petro, sin despeinarse, también ha nombrado embajadores investigados, o incluso formalmente acusados en la Corte Suprema por los más diversos delitos, desde corrupción, como Camilo Romero o Armando Benedetti, hasta narcotráfico, como León Fredy Muñoz. Y es necesario no olvidar que el mismo canciller Murillo fue condenado por peculado.
Como si no bastara, ha dinamitado servicios que tradicionalmente habían funcionado muy bien, como los de Migración y la expedición de pasaportes. Los pasaportes le costaron el cargo a Leyva, que quería meter la mano en el negocio, y a estas alturas no se sabe quien se encargará de su producción a partir de octubre y si nos salvaremos de pagarle A Thomas Greg & Sons $117 mil millones en perjuicios causados por los oscuros intereses económicos y los caprichos de algunos en el gobierno.
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