“De haber evidencia de fraude electoral que pudo haber afectado los resultados, es indiscutible que debe ser investigado y rectificado, pero ha quedado repetidamente claro también que, al menos hasta ahora, no hay evidencia de que esto haya ocurrido.”
Una de las elecciones presidenciales más importantes en el mundo está en curso en términos formales aunque ya tiene ganador. Son elecciones deliberadamente complejas y descentralizadas, lo que ha dado cabida a las acusaciones del presidente de fallas sistemáticas de las instituciones democráticas del país, haciendo un rol muy similar a las campañas de desinformación del gobierno ruso en 2016. Con todo, la desinformación parece estar alimentando cada vez más el populismo en EE.UU. y de forma desproporcionada, porque viaja más rápido que la verdad en las redes, resulta en polarización social y la apertura del sistema democrático y la libertad de discurso se ven, una vez más en la historia, en peligro. ¿Qué está sucediendo en las elecciones de EE.UU.?
2016 vs. 2020
En 2016, las fuerzas disruptivas en las elecciones fueron primordialmente externas. El gobierno ruso, más que cualquier otro, no sólo hacía uso de las redes sociales para polarizar a la sociedad civil con campañas de desinformación, sembrando desconfianza, sino que también robaba información que alimentaba a la máquina de propaganda en la que se convirtió Wikileaks. En 2019, el reporte de Robert Mueller no sólo confirmó los lazos entre la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 con actores rusos, sino también con Wikileaks. Durante la campaña, el presidente dijo famosamente “amo Wikileaks,” pidiendo que siga revelando información maliciosa contra su contrincante Hillary Clinton. Desde entonces los estadounidenses, a la par de los europeos, han estado presionando a las redes sociales para combatir la desinformación en línea mientras que las agencias de seguridad fortalecían sus defensas informáticas.
Este año, hasta ahora, no ha habido evidencia de interferencia externa significativa como en 2016. Si bien se han dado anuncios oficiales revelando que los regímenes rusos, chinos e iraníes han estado realizando operaciones desinformativas en EE.UU., las defensas han aumentado significativamente comparado a cuatro años atrás, tanto desde el Estado como desde las plataformas de internet. En 2020, sin embargo, las fuerzas desinformativas fueron no sólo principalmente internas, sino promulgadas desde el cargo más alto de la nación.
Desde abril, el presidente Trump ha dedicado esfuerzos para promover narrativas conspiratorias de diversos tipos. Entre las más conocidas están aquellas desinformando al público sobre la pandemia de COVID-19. Y mientras los casos de nuevos contagios por día están más altos en EE.UU. que en cualquier otro día desde el inicio de la crisis, Trump no tuvo problemas en organizar eventos de promoción electoral con miles de asistentes sin mascarillas—y vale resaltar que el mismo presidente contrajo el virus, presumiblemente en uno de estos eventos. De hecho, un estudio de Cornell University ha encontrado que en términos de desinformación sobre COVID-19 en Twitter, Trump ha sido la fuente singular más grande de todas. Como era de esperarse, el candidato Republicano también ha hecho uso frecuente de aquella red social para tratar de desprestigiar a su contrincante con noticias maliciosamente falsas. Todo esto acontece simultáneamente con su intención de regular el internet al ver que los gigantes mediáticos empezaron a tomar medidas para frenar la desinformación contra las instituciones democráticas del país.
Centrándonos en desinformación sobre los comicios, el presidente constantemente deslegitima el voto por correo, acusándolo de inseguro. Acercándose la noche de elecciones, se quejó arduamente en los medios del proceso, demandando que los resultados estén el mismo día. Esto, sin embargo, nadie esperó, ya que no sólo es raro ver resultados aquella misma noche, sino que, dada la pandemia, el proceso se ha ralentizado considerablemente. Vale recordar que EE.UU. es un Estado federal y las elecciones son en realidad 51 elecciones legalmente distintas e independientes por cada estado y Washington D.C. Con todo, sus intenciones en desprestigiar la confianza de sus votantes en la institución de las elecciones no es cosa nueva. Ya en 2016, durante las elecciones que de hecho ganó, igualmente realizó acusaciones de fraude electoral. Afirmó en ese entonces que los millones de votos que obtuvo Hillary Clinton por encima de él en el voto popular eran votos ilegales.
La noche de elecciones y los días siguientes
Este 2020, la noche de elecciones empezó con ventaja para el actual presidente, principalmente por su declarada victoria en Florida. Este estado fue, dicho sea de paso, el único en el que Trump promovió el voto por correo, twitteando en agosto: “El sistema de voto en Florida ha sido limpiado (derrotamos los intentos de los Demócratas para cambiarlo), así que en Florida incito a todos a pedir sus papeletas y votar por correo! #MAGA.” El cambio de rumbo llegó cuando Fox News (un medio partidista que históricamente ha estado del lado del presidente a rajatabla) declaró el estado de Arizona para Joe Biden, el contrincante Demócrata. Aparentemente, el equipo de Trump rápidamente se contactó con Fox News y con su dueño, aunque sin manifiesto efecto a su favor. Horas más tarde, Associated Press también designó a Arizona para Biden. Con este y otros desarrollos en estados clave para obtener la presidencia, el candidato Demócrata dio declaraciones públicas, alegando que confiaba en el triunfo de su campaña. Al poco tiempo, ya en la madrugada del 4 de noviembre, el presidente anunció por Twitter que daría una rueda de prensa. Luego, en una sala en donde nadie parecía estar usando mascarillas, expresó: “francamente, hemos ganado estas elecciones.” Soltó la palabra “fraude” y anunció su intención de ir a la Corte Suprema para “detener los comicios.” La pregunta de los medios y el resto del mundo fue: ¿y la evidencia?
Las narrativas en las redes empezaron a proliferar. Cuando cerraron las votaciones en Arizona, un testimonio publicado en un grupo de Facebook se volvió viral. Exponía que a seguidores de Trump les fueron dados sharpies—populares marcadores en EE.UU.—cuando las máquinas que contabilizaban sus votos no podían leer esta tinta. Esto fue inmediata y repetidamente desmentido por los oficiales electorales de Arizona. En horas, el director de la Unión Conservadora Americana, Matt Schlapp utilizó el hashtag #SharpieGate, cosa que despegó a tal nivel que empezaron a haber protestas en Arizona—enteramente basadas en rumores. Este es sólo un ejemplo, pues prosiguió una tormenta desinformativa sobre votos por correo, votos ilegales, contabilización selectiva, votos de personas muertas, más votos que número de votantes, entre otras cosas. Los oficiales electorales de cada estado desmintieron todas estas teorías de conspiración para las que, en efecto, no se había provisto evidencia alguna. Tanto para #SharpieGate como para el resto, Twitter dedicó recursos para etiquetar estos tweets con una advertencia: este tweet contiene información maliciosa contra procesos cívicos, ver más aquí. Gran parte de lo que divulgó Trump en su cuenta también fue marcado.
El presidente dio una segunda rueda de prensa, expresando todo aquello de lo que había estado twitteando pero ya sin las etiquetas descalificativas de la plataforma. Afirmó que hay un complot contra él. Los gigantes de redes, los medios de comunicación y la gente adinerada, todos están en su contra. Manifiestamente frustrado al ser las elecciones cuestiones locales para cada estado, lo que significa que el gobierno federal no puede interferir directamente en ellas. Reafirmó su intención de perseguir la vía judicial para disputar los resultados.
Mientras los votos tardíos seguían dándole mayor margen a la victoria ya mundialmente reconocida de Biden (a excepción de países como Rusia, China, Corea del Norte y Brasil), el presidente americano ha iniciado procesos judiciales en los estados clave de las elecciones: Pennsylvania, Georgia, Michigan, Arizona y Nevada. Ninguna de sus demandas ha resultado en concesiones significativas a su posición—por ejemplo, una demanda que sí fue concedida fue la de permitir a observadores estar más cerca de las máquinas de conteo—siendo la mayoría de casos rechazados una y otra vez dada la falta de evidencia. En efecto, en un caso de Pennsylvania, los Republicanos exigieron a los oficiales de Philadelphia detener el conteo de una clase de votos por correo. ¿Su argumento? Los oficiales electorales no permitían a los representantes Republicanos ejercer su rol de observadores del conteo. Con esto, uno de los abogados demandantes concedió en la corte que Trump tenía “un número de personas en la habitación que no es cero.” “¿Disculpa, entonces cuál es el problema?” respondió el Juez del Distrito Paul S. Diamond, quien negó la petición de detener el conteo.
¿Cómo puede decirse que no hay evidencia con todos los reportes que salen en las redes? Resulta que la gran mayoría de estos reportes no tienen fundamentos y son, más que nada, rumores y especulaciones. Por un lado, están las acusaciones que son sólo ecos de ecos y que, a pesar de estar descalificadas, se siguen repitiendo porque no todas las personas se toman el tiempo de investigar. Un claro ejemplo es la aseveración de que hay votos de gente que falleció hace mucho tiempo en Pennsylvania y Michigan. Esta particular clase de acusación “aparece en cada elección,” dice Jason Roberts, profesor de ciencias políticas en University of North Carolina at Chapel Hill. Un caso prominente fue el de William Bradley. El mensaje con más de 60,000 retweets dice “Resulta que ‘William Bradley’ de 118 años votó por correo en Wayne County, Michigan. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto?” Las autoridades investigaron y determinaron que el voto fue en efecto atribuido a William Bradley, quien murió en 1984, pero se dio por un error administrativo, ya que hoy en día sí vive otro William Bradley, quien es el autor del voto en cuestión. Ya corregido, la Secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, declaró que, “en esos casos, nadie inelegible ha, de hecho, votado, y no hay impacto en el resultado de la elección.” Votos de gente muerta sí llegan a los comicios usualmente, pero estos votos son rechazados, “incluso si el votante envió su voto y luego murió antes del día de elecciones,” notó la Secretaria de Estado. Tweets sobre el William Bradley fallecido siguen dando vueltas en las redes para descalificar las elecciones, a pesar de la evidencia hacia lo contrario.
Por otro lado, hay acusaciones que se perciben de mayor peso porque llevan consigo la forma de declaración jurada. El 7 de noviembre, el Senador de Wisconsin, Lindsey Graham (Rep.), uno de los más vocales en apoyar las batallas legales del presidente contra los estados en estas elecciones, utilizó una declaración jurada de un trabajador postal de Pennsylvania—el caso más popular y repetido en las redes—para pedirle al Departamento de Justicia investigar a los estados. Esta petición, hay que decir, no es práctica usual, ya que los estados son los que tienen completa responsabilidad. Para el 10 de noviembre, el autor de la mencionada declaración jurada, Richard Hopkins, reveló a los investigadores del Servicio Postal que inventó la historia y se retractó de su declaración. Antes de esto, sin embargo, el Departamento de Justicia autorizó a oficiales federales a investigar acusaciones de fraude en los estados. Hasta ahora, ninguna declaración jurada afirmando fraude ha sido comprobada.
La semana siguiente y el estado actual
El lunes 9 de noviembre, William Barr, el fiscal general del Estado, envió un memorándum a los fiscales de Gobierno Federal, otorgándoles mayor capacidad para investigar fraude electoral localmente. Inmediatamente después, el director de la Rama de Crímenes Electorales del Departamento de Justicia, Richard C. Pilger, renunció a su cargo, aduciendo que el memorándum anula la “Política de No Interferencia en investigaciones de fraude.” Este memo se incorpora a la larga lista de críticas contra la politización del Departamento de Justicia bajo este inestable mandato.
De haber evidencia de fraude electoral que pudo haber afectado los resultados, es indiscutible que debe ser investigado y rectificado, pero ha quedado repetidamente claro también que, al menos hasta ahora, no hay evidencia de que esto haya ocurrido. Entre el 9 y 10 de noviembre, el New York Times llamó a todos los estados del país para averiguar el estatus actual de la situación: no hay evidencia de fraude en ningún lado. Ni siquiera Fox News ha podido seguir apoyando sistemáticamente al presidente. El 9 de noviembre, el medio interrumpió la transmisión de la rueda de prensa de la secretaría de prensa del gobierno, Kayleigh McEnany, en la que repetía las declaraciones sin fundamento de que votos ilegales orquestados por la izquierda afectaron los resultados electorales. El presentador del programa, Neil Cavuto, afirmó en cámara tras el corte: “A menos que ella tenga más detalles para respaldar eso, no puedo en buen semblante mostrarles esto,” agregando luego que “esa es una acusación explosiva, que el otro lado está efectivamente manipulando y haciendo trampa. Si llega a proveer evidencia de eso, por supuesto, la traeremos de vuelta.”
Mientras tanto, el presidente y algunos de sus seguidores no hacen más que hacer retweet a cualquier aseveración que parece indicar que hubo alguna clase de fraude, utilizando esto para afirmar que el siguiente periodo presidencial ha sido robado a Trump. Los simpatizantes piden, junto con el presidente, detener esta afrenta a las instituciones americanas, a pesar de haber sido el mismo Trump quien puso en duda al sistema entre sus seguidores. El problema de la desinformación—y la razón por la que los gobiernos y los gigantes de las redes están tomando medidas—es que aquello que no tiene pruebas prolifera en las redes a mayor velocidad que la verdad. Tan rápido que afecta a poblaciones enteras en tiempo real, degenerando en protestas masivas y en polarización social. El modelo actual para lidiar con esta desinformación utiliza los llamados fact-checkers, un equipo que, en tiempo real, revisa la evidencia y marca la publicación en cuestión junto con un enlace a fuentes fidedignas. Este modelo no está funcionando del todo. Lamentablemente, no se puede hacer un fact-check de todas las acusaciones que se generan en las redes y usualmente para cuando se descalifica una, ya ha sido compartida miles de veces y ya no sólo por un mensaje sino múltiples iteraciones.
La democracia funciona porque la ciudadanía es libre de dialogar y llegar a la verdad, pero si el ecosistema se contamina con tal rapidez sistémica y de tal forma que alimenta el fanatismo político, ya sea a un líder, medio o partido político, ¿cómo defender a la democracia del populismo? El espectro de la regulación directa del internet ya se ha asomado más de una vez. No sólo es la regulación algo que es objetado por la gran mayoría de activistas en pro de la libertad de discurso, sino que los países autoritarios más prominentes buscan este desenlace para deslegitimar a la democracia liberal como el modelo del futuro. La respuesta actual recae en el fortalecimiento de la educación mediática, aumentos de la protección de datos personales y la concientización de la responsabilidad no sólo de los Estados, sino de las empresas y la sociedad civil en informarse, identificar y rechazar la desinformación. No podemos renunciar a nuestra facultad racional y dejar de juzgar la información que compartimos sin evidencia, sea cual sea nuestra intención. Por encima de todo, tenemos que sostener en alto el principio lógico de la carga de la prueba: quien realiza una acusación tiene la responsabilidad de presentar la evidencia. En palabras de Christopher Hitchens: “lo que es afirmado sin evidencia puede ser rechazado sin evidencia.”
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