El Estado y sus principales conductores intentan evadir responsabilidades con la victimización masiva, utilizada esta con el fin de mantener el poder y capturar el presupuesto público en beneficio propio. Al cuantificar el problema de miembros del Ejército involucrados en las ejecuciones extrajudiciales, no da lugar al negacionismo: cerca de 3.000 acogidos a la JEP y unos 10.000 involucrados por entrar. Es imposible que los conductores de la Política de Defensa no conocieran lo que estaba sucediendo, porque además se beneficiaron del consolidado de indicadores positivos que terminaron siendo asesinatos; sacaron renta del accionar de sus subalternos, los llamaron héroes 15 años y ahora los presentan en la tribuna mediática como manzanas podridas. Los hombres y mujeres de la Policía Nacional que cometen delitos en la represión al estallido social, no aprendieron la lección de sus colegas del Ejército.
En el Sistema de Verdad derivado del Acuerdo de Paz, el ex ministro de defensa 2006 y 2009 Juan Manuel Santos, presentó su versión sobre los falsos positivos, aunque no asoció la corrupción con los recursos del sector Defensa. Según explicó, “Se dieron en paralelo dos fenómenos absolutamente contradictorios: una notable mejoría del comportamiento de nuestras tropas en el terreno y una tendencia opuesta, asociada marcadamente a ciertas unidades y ciertas regiones, a cometer homicidios a persona protegida”. Santos deja claro que los homicidios terminaron siendo bajas registradas en indicadores de éxito y que los matices regionales, en último término, le tributaron al Ministerio; todas las muertes extrajudiciales fueron reportadas como guerrilleros muertos en combate para justificar en esos 8 años más de 150 billones de pesos solo en Defensa. Durante varios años, el éxito del Plan Colombia se publicitó con el indicador número de bajas alimentado por la victimización de civiles.
Según Eduardo Cifuentes de la JEP, en el Ejército Nacional se presentó un patrón criminal con las ejecuciones extrajudiciales; de esta afirmación, aún no se desprende una conclusión con respecto a los objetivos con este comportamiento, aunque no es difícil pensar en el dinero y otros incentivos. El abandono por parte del Estado a los suboficiales y soldados en la guerra jurídica, de fondo está ocultando la corrupción con el presupuesto de la guerra anti-insurgente. A estas alturas, los gringos saben que giraron una plata para derrotar a las FARC EP y aquí se la robaron. De lo expuesto por el exministro Santos, quedan interrogantes por los resultados, la eficacia, la eficiencia de la política de seguridad y defensa incluido el Plan Colombia. El odio anticomunista los llevó exigir resultados contabilizados en muertes y todo salió mal porque los resultados operacionales fueron verdaderos negativos y debían cumplirle a los EEUU con la reducción de las FARC. Vacaciones, ascensos, contratos, pequeñas cuantías usadas en pagos de logística, informantes y otros productos de inteligencia local, son mínimos incentivos comparados con el botín de más arriba.
Razones tienen el Estado y sus comandantes para abandonar y acusar de manera individual a quienes ejecutaron el trabajo sucio en hechos que habían sido presentados en términos de ¡victoria! Con el efecto “bola de nieve” que va logrando este problema, dada la cantidad de involucrados, los altos mandos no pueden seguir ocultando su conocimiento del ambiente de sus tropas en el cual estaban generando miles de víctimas. Los de arriba se taparon la nariz pero al interior de las filas, era evidente la dinámica con los delitos cometidos, no solo el asesinato de civiles: se instaló en la cultura organizacional y por esa razón hoy los suboficiales y soldados casi se extrañan de ser investigados por hechos por los cuales fueron condecorados héroes y quienes ascendieron rangos por esos positivos, hoy les den las espaldas. A todo esto, se espera un pronunciamiento oficial de las FFAA donde explique la cantidad de sus miembros inmersos en investigaciones. No es justo que los de abajo carguen solos con la responsabilidad cuando arriba nadie hizo nada para frenar esta barbarie.
Pero contrario a ayudarles con la defensa, el Estado quiere silenciar a los militares construyendo cárceles para miembros de la institución; está llamando a calificar servicio, sin reconocerles el tiempo de privación de la libertad para la asignación de retiro, tal vez con un objetivo: desvirtuar los fallos de la JEP sobre la base de que fueron unos pocos militares involucrados y que de hecho ya no se encuentran en las filas. El negacionismo del Estado y las FFAA eludiendo su responsabilidad y dilatando las investigaciones, ha creado una inseguridad jurídica para quienes entre 2002 y 2010 tenían grados de cabos y subtenientes. Para algunos tanto activos como retirados, incluye medida de aseguramiento en las cárceles militares y civiles a nivel nacional, otros están acogidos a la JEP, unos más con órdenes de captura que se pueden hacer efectivas en cualquier momento; la Fiscalía no respeta los vencimientos de términos y el debido proceso; los están juzgando por secuestro homicida en persona protegida cuando todos los investigados no cometieron los mismos delitos en esta cadena de generación ficticia de positivos.
La Fiscalía siempre tan eficiente con los de abajo, quiere posar de heroína si logra condenas de 40 o 60 años para los suboficiales y soldados; en ese sentido no juzgan en derecho sino para la tribuna, lanzando carne roja al canibalismo mediático. Pero este ente acusador tiene responsabilidad, junto con la Justicia Penal Militar, pues no investigaron las muertes desde 2002; a partir de ahí se creó un ambiente en el cual los involucrados nunca tuvieron una autoridad que frenara lo que estaba sucediendo; los mandos medios y soldados normalizaron sus acciones dentro de la norma porque desde arriba autorizaban, por ejemplo, levantamientos de cadáveres que nunca investigaron. Y ahora después de 15 años, entregan los casos a la justicia ordinaria, con propósitos de ocultar la corrupción y proteger un prestigio de éxito de unos y los ascensos a los altos mandos en otros. Los Generales en uso de buen retiro, solo discutieron garantías para ellos en el proceso de Paz, pero no tocaron el tema de sus subalternos, los militares investigados y privados de la libertad en casos como los falsos positivos. Hay una evidente discriminación pues mientras los suboficiales estrato uno según el g. Montoya están solos por fuera del Ejército gastando lo poco que tienen en abogados para defenderse de quien fuera su jefe, la mayoría de los oficiales involucrados continúan en servicio activo.
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