Con frecuencia escucha uno a “técnicos” y políticos insistir en que lo que el gobierno necesita es ser dirigido como se dirige una empresa. Un conjunto de premisas ampliamente extendidas parece sustentar esta idea. Por ejemplo, mientras que la empresa busca la maximización de la rentabilidad económica, el gobierno busca la maximización de la “rentabilidad social”. Asimismo, tanto empresas como gobiernos tienen que lidiar con recursos limitados y, sobre todo, tienen estructuras administrativas jerarquizadas (diría Schumpeter, burocratizadas) en las que la tensión entre la reacción rápida y el orden protocolario en ocasiones impide la eficiencia.
Esas premisas, que llevan a hacer tan desafortunada analogía, ignoran que las empresas buscan siempre la maximización de sus ingresos y, sobre todo, ampliar su ámbito de operación siempre que esa actividad les resulte rentable. La rentabilidad social buscada por el Estado es abstracta, difícil de medir objetivamente y derivada de un marco teórico-filosófico, de modo que casi cualquier cosa cabe allí si se reinterpreta lo suficiente ese marco.
Si se acepta la filosofía detrás, cualquier individuo puede decir que cualquier intervención del Estado puede estar justificada según cualquier interpretación del concepto “rentabilidad social”. Es decir, curiosamente, la idea de que el Estado debe emular el comportamiento empresarial termina por diluir la frontera entre aquellos asuntos en los que las autoridades políticas deben intervenir y aquellos que pertenecen a la esfera de exclusiva responsabilidad de los individuos.
Con la caída de esta frontera, el límite de la presión tributaria aceptable parece tender a infinito (o a 100%). Aumentar el ámbito de intervención del Estado para maximizar la rentabilidad social implica también aumentar sus ingresos. Los ingresos del Estado son de tres fuentes: regalías (básicamente impuestos por la explotación de recursos que no se sabe muy bien por qué le pertenecen al Estado), tributos y deuda. Estas tres fuentes de ingresos siempre terminan directa o indirectamente en la explotación de aquellos que sí producen riqueza.
El poder político, al igual que cualquier clase de poder, no se autolimita por benevolencia. Del mismo modo que el sueño de cualquier empresario es ser monopolista, el sueño de cualquier político, salvo una profunda reflexión, es la maximización de su poder dentro y fuera del Estado. La diferencia más importante entre una empresa y un Estado es que, en un mercado libre, aunque una empresa quiera imponer a todo el mundo sus propias reglas, esta no podrá hacerlo.
La aplicación de la lógica empresarial orientada a la maximización de ingresos y rentabilidad dentro de una organización que, a diferencia de la empresa, es capaz de imponer a otros reglas de juego y, sobre todo, criterios morales y filosóficos implícitos en su “doctrina jurídica”, es sumamente peligrosa. Por supuesto, es conveniente aplicar a la burocracia estatal mecanismos que las empresas desarrollaron para aumentar su eficiencia, pero eso no significa copiar la lógica entera de la empresa ni mucho menos usar estos mecanismos para olvidar que, a diferencia de las empresas, nadie puede escapar del Estado.
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