El jueves 2 de julio conocimos el nombre de la nueva ministra de educación, Vivian Morales, y al día siguiente el Ministerio de Educación actual dio por terminada la intervención y la medida de reemplazo del rector en la Universidad de Antioquia. Según el Ministerio, en cabeza de Daniel Rojas, se levantó la medida “tras verificar la superación de las condiciones administrativas, financieras y académicas identificadas en el proceso de vigilancia especial”. Sin embargo, en distintos medios el rector encargado había señalado que las medidas acordadas con el Ministerio–alrededor de 95– principalmente para superar la situación del déficit financiero, debían implementarse entre el año 2026 y 2027.
Si al empezar la intervención del Ministerio de Educación en la Universidad de Antioquia al poner una inspección se había especulado que esto representaba una toma política hostil de la universidad (https://alponiente.com/a-la-vicerrectoria-general-de-la-udea-llega-un-cuestionado/), el abrupto levantamiento de la medida solo refuerza tal idea. ¿Por qué al día siguiente de conocer el nombre de quien será la próxima ministra de educación se levantó la medida de intervención de la Universidad? Porque muy probablemente el gobierno saliente no quería llegar a un empalme con el nuevo gobierno entregando a su opositor político una de las universidades más importantes del país intervenida por el ministerio.
Quienes no compartimos la intervención de la universidad por parte del Ministerio con argumentos espurios, advertimos el delicado precedente que se había creado y los riesgos que este trae para la autonomía universitaria. Terminó la intervención y nos quedamos sin la claridad que supuestamente iban a dar la inspección y la rectoría encargada. A la llegada de la inspección, se intensificaron los rumores sobre nóminas paralelas, dudosas contrataciones con la Fundación Universidad de Antioquia y, en general, probablemente un gran desfalco.
En distintos eventos públicos se ambientó la idea de una corrupción tan abismal que habría llegado a afectar el pago de la nómina y a los proveedores. Se incitó a la inspectora a buscar ese desfalco en todas partes, incluida cada una de las dependencias de la universidad. ¿Cuáles evidencias de esos presumibles problemas halló la inspección? Al parecer, ninguno, hasta el día de hoy todo quedó en “presuntos, presumibles actos de…” sin hallazgos ciertos y sin compulsas de copias a los respectivos órganos de control. Hasta el día de hoy la Contraloría sigue certificando el correcto manejo de las finanzas de la universidad.
La intervención del Ministerio de Daniel Rojas, que había generado la expectativa de un cambio radical, logró el cambio del equipo rectoral de la Universidad, pero no cambió el proyecto de universidad. En las elecciones pasadas a rectoría fue reelegido el profesor Arboleda, quien ganó la consulta de los estamentos. Como se supo, el gobierno nacional votó por esa reelección, pero no quedó a gusto, quería un candidato más cercano a sus intereses. Por eso, la crisis financiera existente en la universidad se indujo a un estado crítico que llevó al rector Arboleda a quedar sin manejo político en el Consejo Superior. La gobernación y sus aliados no lo querían y el gobierno nacional ya no lo respaldaba.
En esa coyuntura, en el 2025 el Ministerio nombró la inspección in situ y luego la suspensión del cargo del rector Arboleda. Así empezamos el año 2026 con un rector encargado que había dicho que a lo sumo se quedaría un año en el cargo. Cambió entonces el equipo rectoral, el gobierno nacional respaldó financiera y políticamente al rector encargado y se alimentó la expectativa de los “grandes” cambios para sacar a la universidad de lo que algunos llamaron la multicrisis.
Pero fue cuestión de tiempo, unos meses, para que las promesas, en el marco de un proceso electoral en el país, se quedaran en eso. Quienes querían un cambio radical no les gustó que en el equipo rectoral encargado estuviera el profesor Luquegi Gil, una persona que consideran, a su juicio, no representaba cambio sino continuidad. A ese malestar inicial se fueron sumando otros: el rector encargado respaldó el presupuesto que había dejado la administración defenestrada para afrontar la situación financiera, o sea, un presupuesto con recortes y ajustes.
Luego, la administración encargada realizó unos planes de mejora que no se dieron a conocer a la comunidad universitaria. Solo fueron conocidos cuando el Ministerio de Educación los aprobó. Las 95 medidas están en su mayoría orientadas a recortes, ajustes financieros y de funcionamiento de la universidad, lo cual es contradictorio con la promesa del ministro Rojas cuando dijo en público que eso no se haría.
Y, para rematar, un sector que respaldó la intervención de la universidad quedó insatisfecha con la elección del profesor Luquegi Gil como rector en propiedad porque, a su juicio, el nuevo rector representa a los sectores que llevaron a la universidad a la crisis. Aunque el profesor Luquegi Gil ganó con un margen amplio las consultas con estamentos, la representante profesoral ante el Consejo Superior votó por él, pero luego renunció porque considera que este profesor no representa un cambio, sino “más de lo mismo”.
Levantada la medida de inspección y vigilancia, fue posesionado el nuevo rector. Según supimos, el profesor Luquegi logró seis votos a favor, entre ellos los del gobierno nacional, pero no logró los de la gobernación, exrectores y el sector productivo. A partir del 7 de agosto cambiará la composición del Consejo Superior, el delegado de Presidencia y del ministerio serán los designados por el presidente De la Espriella y Vivian Morales, la ministra entrante. Esto, en principio, augura que las fuerzas políticas del Consejo Superior variarán hacia el lado del nuevo presidente de la república. Es factible que la Gobernación de Antioquia, los exrectores y el representante del sector productivo respalden las posturas del nuevo presidente y su ministra de educación.
Un panorama como este conlleva varias preguntas: ¿En las universidades públicas estatales es inevitable la puja política partidista por el control de los órganos de dirección de la universidad? ¿Cuáles son los límites de la puja política partidista en las universidades estatales? ¿Cuáles fueron, después de todo, los factores que condujeron a la UdeA a la crisis financiera? ¿La crisis financiera fue, en efecto, solo financiera o es, ante todo, una crisis política?
¿Con el cambio de administración en la UdeA y con el cambio de gobierno nacional se superará la puja política o se incrementará? ¿El nuevo rector logrará negociar acuerdos con el nuevo bloque de poder en el Consejo Superior para seguir en el cargo o será defenestrado? ¿Como universitarios lograremos sobreponer los intereses académicos a los intereses políticos partidistas?
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