Empiezo esta columna con algunas simples preguntas, en especial para mis lectores colombianos: ¿Quiere, en un futuro cercano, estar en los zapatos de los actuales jubilados argentinos? ¿Quiere hacer largas colas para cobrar sólo una porción de los aportes que el Estado le obligó a realizar durante toda su vida laboral “por su propio bien”? ¿Quiere que su futuro y sus ahorros estén en manos del burócrata de turno? Si la respuesta es no, entonces lo invito a que analicemos juntos cómo funciona el sistema previsional argentino en vigencia, y así pueda comprender porqué elegir para cargos públicos a quienes sugieren solamente ese camino –caso concreto, Gustavo Petro, el cual le incluye además, expropiaciones sobre el ahorro–, su futuro quizás sea aún más oscuro que el de los jubilados de mi país y del suyo.
En Argentina, como en varias partes del mundo, se implementa el sistema previsional de reparto. Este es un sistema en el que el Estado obliga tanto a los empleados como a sus empleadores en actividad, a realizar aportes mensuales para sustentar a los actuales jubilados, con la promesa de que en el futuro, cuando estos empleados puedan jubilarse, habrá nuevos empleados y empleadores en actividad que pagarán por su jubilación. Una “cadena de favores” que hace mucho tiempo no deja a nadie satisfecho y deja a muchos decepcionados y furiosos.
El sistema de reparto fue diseñado por Otto von Bismarck en el siglo XIX con el fin de ofrecer al gobierno alemán mayor poder sobre la vida de las personas y garantizarle “una caja de dulces” al hambriento Estado. La estrategia fue brillante, pues se estableció que la edad jubilatoria sería de 70 años en una época en la que la expectativa de vida era inferior a los 40 años; así, la gente en actividad pagaba sus aportes, pero morían antes de cobrarlos, dejando al Estado con una fuente de recursos para gastar a piacere. El sistema se convirtió en un negocio perfecto para el Estado y en una gran estafa para el contribuyente.
Sin embargo, aquellos países que adoptaron el sistema alemán y decidieron continuar implementándolo, no entendieron que pronto la cuenta dejaría de cerrar. La expectativa de vida en el último siglo aumentó notablemente, llevando a la gente a vivir 80 años en promedio, mientras que la cantidad de nacimientos fue disminuyendo. Argentina no fue la excepción a la regla, lo que ha cambiado dramáticamente la relación entre aportantes y jubilados, y ha generado la ruina del sistema de reparto. No obstante, aún con las cuentas en rojo y una caja de dulces convertida en una fuente de dolores de cabeza, el actual gobierno –no se podía esperar menos– solo se anima a seguir complicando el asunto, y algunos de los principales damnificados por el sistema de reparto han llegado a cuestionarse si no sería mejor volver a intentar con el sistema de capitalización que se implementó en la década de los 90’s.
El sistema de capitalización implementado en Argentina permitió a la gente aportar un porcentaje de sus ingresos directamente a una cuenta individual de su propiedad, administrada por determinadas empresas aprobadas por el Estado, las cuales podían hacer inversiones también determinadas y reguladas por la ley. En definitiva, las personas ahora aportaban para sí mismas, pero continuaban siendo obligadas a aportar y el Estado continuaba definiendo cuáles eran sus opciones –semejante a la otra alternativa en fondos de pensión que los colombianos manejan–. El fin de dicho sistema de capitalización terminó en 2008 cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner –muy cercana a Petro– se tentó con la caja de dulces y decidió confiscar las cuentas privadas de todos los aportantes, nuevamente, “por el bien de la gente”.
Entonces, después de esta experiencia, ¿por qué alguien confiaría en un sistema en el que el gobierno mantiene el poder de confiscar todo cuando lo considera necesario? ¿Por qué los argentinos seguimos dando vueltas sobre una falsa dicotomía en la que el Estado, tanto en un sistema como en el otro, mantiene el poder de decidir cómo debemos ahorrar y prever nuestro futuro, cuando la historia nos viene alertando que terminaremos semidesnudos? Si algún burócrata intentara forzarnos a criar a nuestros hijos o a alimentarnos como él lo considerara apropiado, seguramente lo enviaríamos al diablo. Sin embargo, aceptamos que nos diga que no somos lo competentemente responsables o inteligentes como para prever nuestro futuro mientras, graciosamente, nos dice que sí estamos capacitados para votarlo.
No podemos negar que hay adultos con vicios y adicciones, pero nadie deduciría de ese hecho que el Estado debería prohibir beber o fumar a toda la población. De la misma manera, el hecho de que algunos adultos no sean suficientemente perspicaces o previsores no otorga al Estado el derecho de obligar a todos los ciudadanos a ahorrar dinero para su futuro, mucho menos le da la autoridad de definir cómo y dónde hacerlo.
Finalmente, si pretendemos, bien sea en Colombia o Argentina u otra “república” de la región, ser parte de un país conformado por adultos responsables, esto no se logrará aceptando que el Estado haga por nosotros lo que nosotros podemos y debemos hacer por nosotros mismos. El evidente fracaso del único sistema de jubilación de Argentina podría tomarse como una buena oportunidad para que en Colombia, en lugar de elegir a alguien que quiere valerse de los ahorros de todos los ciudadanos como una caja menor, exijan ineludiblemente que les concedan –devuelvan en realidad– el derecho a elegir el destino del fruto de sus esfuerzos y a cobrar, en el futuro cercano, el resultado de sus propias decisiones. Sigan modelos que dinamicen su recorrido y los hagan crecer, no aquellos que los lleven a un escenario tan negativo como el inviable Estado venezolano: un Estado inmóvil como el argentino.
Este artículo apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.
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