“El gobernante cobarde le prenderá fuego a su propio país con tal de reinar sobre sus cenizas”. Sun Tzu, El Arte de la Guerra
Siempre he dicho que como se hace campaña se gobierna, y el discurso de Gustavo Petro desde una de las ventanas de la Casa de Nariño en la celebración del Día Internacional del Trabajo lo ratifica.
En campaña, Petro y su equipo no solo corrieron la línea ética, como lo ordenó Sebastián Guanumen, uno de los encargados de sus comunicaciones y que ahora funge como Cónsul General de Colombia en Chile; también, incentivaron la violencia, el vandalismo y el terrorismo, en lo que ellos denominan “estallido social”, y para asegurarse a como diera lugar la presidencia, a través de su hermano Juan Fernando Petro y quien hoy se desempeña como Comisionado Paz, Danilo Rueda, visitaron a reconocidos criminales recluidos en cárceles del país, para adelantar acuerdos en lo que se ha conocido como el Pacto de La Picota, y por medio de su hijo, Nicolás Petro, recibieron recursos de cuestionados personajes, como Santander Lopesierra, conocido como el hombre Marlboro.
Petro no ha entendido que ganó la presidencia (aunque con una pequeña diferencia de 714.513 votos, que corresponden al 3,2% del total de los votos válidos), pero eso no le otorga patente de corso para pasar por encima de la Constitución, la ley y la división de poderes. El discurso del Mandatario, sus decisiones y ejecutorias, son las de un activista radical y no las de un funcionario que debería simbolizar la unidad nacional como lo mandata el artículo 188 de la Carta Magna.
El discurso del Día de los Trabajadores, más que un llamado al consenso y a la unidad para avanzar hacia el mejoramiento de las condiciones generales de los colombianos, fue una declaración de guerra contra la institucionalidad si se atreve a cuestionar o a oponerse a sus reformas. Petro, afirmó: “No basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera. El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”.
Ésta amenaza con una revolución, constituye un gravísimo riesgo para los demás poderes públicos, y no tiene otro propósito que amedrantar al legislativo, para que tramite sus peligrosas reformas sin chistar, y a las Altas Cortes, para que el control judicial se limite a un mero acto de refrendación.
La fachada de demócrata y conciliador no le alcanzó a Petro ni para el primer año de gobierno; el relevo de varios de sus ministros profundiza la radicalización de su Gobierno; la ruptura de diálogo con los presidentes de los partidos, y el ofrecimiento de negociación uno a uno es otra muestra de su talante.
Finalmente, resulta paradójico que Petro cite a Alfonso López Pumarejo, quien afirmaba que “el deber del hombre de Estado es efectuar por medios PACÍFICOS Y CONSTITUCIONALES todo lo que harían una revolución” (1934); y esos medios, que son los legítimos, Petro los considera obstáculo para adelantar su agenda.
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