El abandono y desigualdad, en educación de la infancia

Lejos estamos del precepto que pretende que los derechos de los niños prevalezcan sobre los demás.

Tres décadas después de la promulgación de la constitución de 1991, queda en evidencia que no basta legislar para conseguir cambios profundos en las graves inequidades de la sociedad colombiana.

Llevo años insistiendo en el cuidado de la infancia y las cifras de maltrato, rezago escolar, explotación sexual y comercial de niños y niñas ya que el abandono llevaron a los constituyentes a establecer que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. Pero la pandemia nos demostró que esto está lejos de ser una realidad en Colombia, pues todos los derechos han prevalecido sobre los derechos de la infancia.

El cierre de año y medio de todos los colegios del país y la renuencia de los sindicatos de maestros, algunas asociaciones de padres de familia y unos cuantos gobernantes locales para retomar de manera pronta a la actividad escolar presencial demuestra que el derecho a la educación sigue entredicho, a pesar de que algunas de estas organizaciones y personajes se presenten como los grandes defensores de los pobres y los líderes de izquierda que necesita el pueblo.

Es una vergüenza para el país y para los miles de maestros que han dedicado su vida a trabajar con esmero por el desarrollo de los niños y jóvenes que en el prestigioso semanario inglés The Economist (del 8 de julio del 2021) se haya publicado un extenso artículo titulado ‘Un sindicato de maestros intenta mantener cerradas las escuelas de Colombia’.También señala que hay muchas limitaciones en infraestructura y acceso a servicios públicos, especialmente en las zonas más pobres y aisladas. Pero lo grave es que afirmar que hasta tanto no se resuelvan todos esos problemas no se puede regresar a clases significa que las poblaciones más frágiles están condenadas a la ignorancia por tiempo indefinido.

En todo este tiempo, el silencio de los órganos de control sobre la negación prolongada del derecho a la educación, no obstante toda la información científica y de todas las advertencias de las asociaciones médicas del país demostraron sobre el riesgo del confinamiento de los niños y niñas, que se volvió muy notorio. Ni que hablar de las decenas de aspirantes a gobernar en las elecciones regionales que se aproximan, que aún siguen demostrando la incapacidad de entender los problemas tan graves que amenazan a la infancia. ¿Quién ha representado a niños, niñas y jóvenes en los órganos legislativos y judiciales del país? Podría comprarse el interés nacional por discutir en todos los foros posibles el derecho a la protesta, con la apatía relacionada con el derecho fundamental a la educación, condicionado con persistencia por quienes representan precisamente a los educadores.

En un Estado Social de Derecho como el colombiano, los derechos de los niños y niñas son fundamentales y prioritarios, ya que representan una de las poblaciones más vulnerables y que requieren una protección especial por parte del Estado y la sociedad en general. Los niños y niñas son sujetos de derechos y, como tal, deben ser garantizados y protegidos en su pleno ejercicio y desarrollo. En este sentido, es necesario analizar el marco jurídico y normativo que regula los derechos de los niños y niñas en Colombia y cómo se garantiza su protección en un Estado Social de Derecho. La Constitución Política de Colombia, el Código de la Infancia y la Adolescencia, y la Convención sobre los Derechos del Niño son instrumentos fundamentales en la protección de los derechos de los niños y niñas y en la garantía de su pleno desarrollo en la sociedad colombiana.